Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Israel se prepara para una ofensiva en Rafah mientras el mundo mira a Irán
EH Bildu, una coalición que crece más allá de Sortu y del pasado de ETA
Opinión - Pedir perdón y que resulte sincero. Por Esther Palomera

Las trabajadoras de la limpieza en Zaragoza llevan dos meses sin convenio por pedir un aumento del 1 % anual

Trabajadoras, en una de las protestas.

Óscar F. Civieta

Zaragoza —

Un año y dos meses de negociaciones que no han servido para nada. O sí, para que 10.000 empleadas (el 95 % de total son mujeres) del sector de la limpieza en Zaragoza trabajen sin convenio. Al albur de unos empresarios que se niegan a aceptar una subida salarial del 1 % cuando, en el 75 % de los casos, pagan sueldos que no superan los 600 euros.

El 31 de diciembre de 2015 vencía el convenio colectivo. Después de que el Gobierno de Rajoy, en una de las medidas más agresivas de su reforma laboral, pusiera fin a la ultraactividad, había un riesgo evidente de que, después de esa fecha, estas trabajadoras se quedaran sin convenio. Por ello, a finales de 2014 los sindicatos con representatividad en el sector, UGT, CCOO y OSTA, decidieron comenzar las negociaciones.

Llevaban ya tres años, 2012, 2013 y 2014, de congelación salarial y, teniendo en cuenta “que las empresas tenían beneficios”, como apunta Esteban Lauroba, de UGT, decidieron pedir un aumento del 1 % anual en 2015 y 1,5 % en 2016. Según convenio, estas trabajadoras cobran 14.200 euros bruto al año, sin embargo, tres cuartas partes tienen jornada parcial, por lo que su sueldo mensual oscila entre los 500 y los 600 euros.

En la otra parte de la mesa de negociación estaban la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), vinculada a la CEOE; y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (Asoal). La propuesta de los sindicatos estaba muy lejos de lo que ellos tenían en mente y plantearon una contraoferta: subida del 0,2 % en 2016; 0,4 % en 2017; 0,6 % en 2018, y 0,8 % en 2019. “Migajas”, señala Lauroba, que es secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios del sindicato.

Ahora la negociación está rota. Las perjudicadas, las trabajadoras, reparten su angustia entre el trabajo, las asambleas y las protestas. Es una situación, señalan desde UGT, que no tiene precedentes en España “en convenios sectoriales de este calado”.

De momento, se está aplicando el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de ámbito estatal, pero este, recuerda Lauroba, no regula salarios. Por tanto, “la sombra de la ultraactividad”, como indican los sindicatos, y, por ende, la posibilidad de que las empresas decidan minorar las condiciones laborales y pagar el Salario Mínimo Interprofesional (práctica amparada por la ley) es cada vez más patente.

#Por10BarrasDePan

El asunto ha movilizado a diferentes sectores de la población zaragozana. En un acto celebrado el pasado 28 de noviembre intervinieron la directora de cine Paula Ortiz, la cantante María José Hernández y algunos de los actores de Oregón Televisión. Por las redes se ha impelido el hashtag #Por10BarrasDePan, ya que cuestan, aproximadamente, lo mismo que la subida salarial exigida: 8 euros brutos al mes.

Algunos partidos políticos también se han implicado: Izquierda Unida solicitó al presidente de la Comunidad, Javier Lambán (PSOE), “que intermedie para la resolución de este conflicto laboral”. La portavoz de partido en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, apuntó que el Ejecutivo autónomo no puede “obviar su responsabilidad en el control de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que subcontrata mediante empresas”, haciendo referencia a las 1.800 trabajadoras (de las 10.000 totales) que se encargan de limpiar edificios y locales institucionales “del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad”.

También Podemos, en palabras de su líder en la Comunidad, Pablo Echenique, instó a la Administración a “abandonar su pasividad”. El secretario general de la formación morada señaló que el dinero público “no debería destinarse a consolidar la precariedad laboral”. Estima que se pueden tomar medidas, “solo es cuestión de voluntad política”, y propone poner en marcha cláusulas sociales.

Javier Sada, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, exigió a la patronal que llegara a un acuerdo y enmarcó el conflicto “dentro de la desastrosa reforma laboral del PP”.

Etiquetas
stats