Blockchain y Administración pública

La primera vez que expliqué lo que era el blockchain a un dirigente público me contestó que sí, que lo había convencido de comprar Bitcoins esa misma tarde. Era hacia finales de 2017, y le sucedió lo que a la mayor parte de la gente la primera vez que escucha esos «palabros» en inglés. Pensó que blockchain y Bitcoin son la misma cosa.

Una semana más tarde volví a intentarlo. Le dije que se olvidara de los Bitcoins, que ese era solo un caso de uso, el que más éxito había cosechado hasta ese momento, pero que lo importante no era la criptomoneda sino la tecnología que hacía posible ese intercambio de valor entre pares sin necesidad de un intermediario financiero, como hasta ahora es lo habitual. Esta segunda vez tuve más éxito. Le convencí de que, aparte de casos de uso de naturaleza financiera, la tecnología tenía muchísimo potencial para mejorar la actuación administrativa y la prestación de servicios públicos, y logré su implicación para poner en marcha algunas iniciativas que han colocado a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la vanguardia de Administraciones que se preparan para el futuro tecnológico.

No debíamos ir muy mal encaminados. Un año después de aquella conversación, el Parlamento Europeo señalaba el potencial de esta nueva tecnología para el desarrollo de «nuevos modelos de administración pública». Y a renglón seguido, en la primavera de 2019, un caso de uso de esta tecnología en el ámbito de la contratación pública desarrollado en la Comunidad Autónoma de Aragón se colaba (como única referencia de proyecto desarrollado desde una Administración pública europea) en el informe sobre «Blockchain for Government and Public Services» del Observatorio blockchain de la Comisión Europea.

Y es que la cuestión no es si la tecnología blockchain llegará o no a la administración pública. De eso nadie debe tener ninguna duda. La cuestión importante es cuándo va a llegar. En este sentido, la entonces Comisaria Europea de Economía Digital, Mariya Gabriel, cerraba su intervención en el acto de constitución del European Blockchain Partnership afirmando que “en el futuro, todos los servicios públicos utilizarán blockchain”. Aviso para navegantes, le toma el relevo en la Comisión la holandesa Margrethe Vestager como Comisaria para el «encaje de Europa en la era digital», con rango de vicepresidenta. Las inversiones europeas en blockchain fueron anunciadas en el discurso inicial de la Presidenta Von der Leyden, por lo que a nadie debe sorprender que, este 2020, la Comisión siente las bases para la puesta en marcha de una infraestructura blockchain para la prestación de servicios públicos transfronterizos. El registro de certificaciones académicas y la identidad digital soberana son, de momento, los casos de uso que se encuentran más avanzados.

Es hora, por tanto, de que las Administraciones comiencen a pensar dónde la utilización de esa tecnología de registro distribuido aporta valor, en un sentido amplio, no solo económico (aunque también), a su actuación administrativa. En este sentido, entre otras ventajas, blockchain favorece la transparencia de la actuación administrativa; facilita la automatización de las decisiones para reducir el tiempo de tramitación de los procedimientos, y podría acabar con algunos trámites burocráticos y hacer efectivo principio digital de “solo una vez” (The Only One Principle). También permite asegurar la integridad de datos, documentos y procesos, facilitando tanto su conservación como los procesos de fiscalización y auditoría posteriores, tal y como recientemente han puesto de manifiesto en su trabajo final un grupo de alumnos del Programa Ejecutivo en Blockchain desarrollado en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca.

En mi opinión, aprovechar las ventajas de esta tecnología es una exigencia del principio de «buena administración», y las Administraciones no deberían demorar mucho más el inicio de sus respectivos procesos de transformación digital, aprovechando para simplificarlos y adaptarlos a esa nueva «era digital» que da título al cargo de la nueva Vicepresidenta y Comisaria Europea.