El olvido del mundo del trabajo

Los problemas laborales ocupan poco espacio en la agenda política. Se habla de número de parados y de cotizaciones a la Seguridad Social, pero casi siempre como arma arrojadiza entre partidos políticos, pocas veces se profundiza en las causas del paro, en la calidad del trabajo, la siniestralidad o en la existencia de trabajadores pobres. También suena lo de la derogación de las reformas laborales, pero no está claro cuáles son para el PSOE  “las medidas más lesivas” -para los socialistas las “menos lesivas” se pueden mantener-, a lo peor se limitan a anular o modificar el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores. Aunque solo faltaría que un gobierno que pretende ser progresista permitiera el despido de una persona por estar enferma. Veremos cuál es el peso de Unidas Podemos en esta cuestión.

La ideología neoliberal ha ganado la batalla, ha conseguido la hegemonía cultural. Ya no existe la clase trabajadora como el conjunto de personas asalariadas que negocian su parte en la distribución de la riqueza a través de la Negociación Colectiva (NC). Cuando políticos y medios de comunicación hablan de trabajadores se suelen referir al segmento inferior de los mismos, a los precarios, temporales o trabajadores pobres. El resto es clase media. Y hasta tal punto el neoliberalismo ha ganado la batalla que muchos trabajadores públicos o de grandes empresas y algunos sindicalistas también se consideran clase media.

En las elecciones del 10-N, el ecologismo, el feminismo, la defensa de las políticas sociales – temas puestos en primer plano por el negacionismo de la extrema derecha- y el conflicto catalán, han eclipsado la problemática específica del mundo del trabajo. Y claro que estos problemas son importantes y urgentes, está en juego el futuro del planeta tal como lo conocemos, el respeto a  la mitad de la humanidad o la convivencia dentro de la diversidad existente en España, pero no nos podemos olvidar de los dieciséis millones de personas asalariadas, muchas de las cuales están viendo cómo se deterioran sus condiciones laborales y salariales.

Según un estudio de Carmen Vizán, economista del Consejo Económico y Social de España, la participación de las rentas del trabajo en nuestra Renta Nacional ha disminuido un 20% entre 1978 y 2018. Las causas son varias, pero entre ellas está la fragilidad de la NC –también con diferentes causas- dificultada tras las últimas reformas laborales, que debilitaron la ya limitada capacidad de los trabajadores para acordar con los empresarios el precio de su trabajo.

En otro estudio de 2015, las economistas del Fondo Monetario Internacional, Florencia Jaumette y Carolina Osorio-Buitron, en su trabajo “Desigualdad e instituciones del mercado laboral”, llegaron a la conclusión de que los sindicatos aumentan el poder de negociación de los trabajadores y que la poca sindicación  está asociada con una menor redistribución.

La negociación individual del factor trabajo lleva a una subasta a la baja, a incrementar la precariedad y dificultar la integración social. Las personas trabajadoras, además de los derechos de ciudadanía, necesitan ver reconocidos algún derecho colectivo: el derecho a negociar sus condiciones laborales y su salario junto con sus compañeras. La fortaleza sindical y la NC equilibran mejor el reparto de la riqueza obtenida de la producción de bienes y servicios.

Sin embargo, estas reflexiones no se tienen en cuenta. Más bien al contrario, la tendencia es a individualizar las relaciones laborales, incluida la negociación de los salarios. Bajo el paraguas de la flexibilidad y de la “economía colaborativa” se difumina el vínculo laboral, es el caso de quienes reparten comida para Deliveroo o Globo o del más de medio millón de personas en el mundo obligadas a ser “autónomas”, que trabajan para Amazon Mechanical Turk. La voracidad del capital requiere una respuesta política.

Pero la izquierda no se puede limitar a garantizar determinadas políticas sociales -mejorar las prestaciones sanitarias y educativas, subvención de determinados servicios, control de alquileres de pisos, renta mínima garantizada…-, se trata de incidir en el conflicto entre capital y trabajo, de dar la vuelta a la tendencia de los últimos años. Claro que para eso hay que partir del reconocimiento de la existencia de la clase trabajadora que, independientemente de su poder adquisitivo, tiene una serie de problemas comunes y debe buscarles soluciones colectivamente. Al margen de la valoración que nos puedan merecer los sindicatos actuales, el sindicalismo de clase no es algo trasnochado, es una necesidad de la gente salariada. Algunos dirigentes de la izquierda deberían aprenderlo.

Seguro que el Estatuto de los Trabajadores necesita una revisión a fondo -el PSOE habla de hacer uno nuevo- pero esa revisión, necesariamente pactada con la patronal y los sindicatos, tiene que partir de la situación anterior a las reformas laborales que no fueron consensuadas, lo que implica la necesidad de derogación de dichas reformas. No se puede aceptar como punto de partida uno al que se ha llegado después de dos reformas impuestas.

El nuevo gobierno no debe limitarse a eliminar cualquier traba legal que dificulte la NC, tiene que impulsar medidas que la potencie. Y tiene que devolver al Derecho del Trabajo su papel de protector de la parte más débil en las relaciones laborales, la clase trabajadora. Favorecer una correlación de fuerzas más equilibrada en la NC, al permitir un mejor reparto de la riqueza, libera recursos destinados a políticas sociales para poder invertirlos en mejores servicios, investigación, políticas medioambientales, medidas contra la despoblación de zonas rurales… y acentúa el papel socializador del trabajo decente con salario digno. Es un beneficio para la inmensa mayoría de la sociedad.