Otra manera de ser y estar en política

Ser y estar de otra forma en política. Es nuestra esencia. Y, encarando el último tercio de nuestro primer mandato, en Zaragoza en Común nos hemos propuesto analizar y reflexionar sobre ello. También sobre los retos del municipalismo y las ciudades, la participación política en las organizaciones y la ciudadana en los proyectos de los barrios y la ciudad, la gestión municipal, la autonomía local, nuestros propios límites. Para reflexionar, compartir, transmitir conocimientos e intercambiar experiencias nos reunimos este próximo sábado, 20 de enero, en Zaragoza, en una Jornada Municipalista.

Cuando apostamos por organizarnos como una candidatura ciudadana municipalista, partíamos de años de trabajo en los movimientos sociales y vecinales. Ya sabíamos que las críticas que formulábamos a las instituciones para afrontar dinámicas de cambio eran permanentemente desoídas. Como un vendaval surgió el 15-M, nos barrió telarañas y nos dio nuevas ilusiones.

Decidimos lanzar la apuesta municipalista, no como una simple opción electoral, sino como una táctica de estos movimientos para romper con el silencio que la voz de la sociedad civil encontraba en las administraciones. Junto a ese, el principal objetivo que nos planteamos fue el de revertir una profunda desigualdad social.

La desigualdad como signo de este tiempo. Una desigualdad que hemos visto agravada por la gestión gubernamental de la crisis y con un Partido Popular queriendo ir aún más lejos de lo que le reclamaban sus neoliberales socios europeos, con la demostración de un claro desprecio a la debida dignidad de las personas y de nuestro pueblo.

Desde los ayuntamientos hemos avanzado en políticas para mejorar los servicios públicos, en vivienda social, movilidad, sostenibilidad, transparencia, el fomento de la cultura y la rehabilitación del espacio urbano. Como administraciones más cercanas, nos hemos volcado en mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, revitalizando los barrios como espacios de convivencia, de comunidad, de forma que la ciudadanía sienta que hay una red que cuida y protege.

Estos objetivos no se consiguen, exclusivamente, desde la propia institución, sino a través de la relación entre ésta y los movimientos sociales. En este sentido, queda mucho por hacer en el camino de reforzar y ampliar esas corrientes y colectivos, canalizando sus posiciones y exigencias, y respetando su autonomía.

Sin duda, estamos satisfechos por las apuestas que hemos sacado adelante como los Presupuestos Participativos, que han supuesto el llevar a la práctica la democracia directa hasta los ayuntamientos, pero todavía nos falta mucho por abrir las instituciones a la participación, de manera que la gente pueda reapropiarse de la soberanía que le ha sido usurpada.

Quizás no hemos sido capaces de dar respuesta a todas aquellas personas que desean participar e intervenir en la vida de nuestra organización, pero que no pueden responder ante las formas tradicionales de militancia (fuertemente masculinizadas, que requieren de un ritmo y unos horarios difíciles de conciliar, presencialismo, etc.) Continuamos trabajando, en esta era de lo digital, para encontrar las mejores fórmulas para la intervención en política de todas ellas, a todos los niveles.

Sin embargo, no podemos olvidar que la construcción de herramientas democráticas necesita de sujetos capaces de hacer de ellas una vía de participación política real. Debemos ahondar en mecanismos que garanticen que quienes han sido excluidos puedan irrumpir en ella y, así, se hagan visibles los intereses de los más desfavorecidos. La base sobre la que partimos es que esos sectores serán los últimos en incorporarse a la vida política mientras sus necesidades vitales básicas no estén debidamente satisfechas.

La gestión de lo público, y sus fórmulas neoliberales, han traído conflictos esperables. La gestión directa de los servicios públicos y remunicipalizaciones han generado enconadas resistencias, de grupos de la oposición y de organizaciones empresariales. Conflictos inevitables, que se corresponden con un cambio de modelo a otro más eficiente y ahorrativo y que se está produciendo en muchas ciudades europeas y del resto del mundo. Creo que es innegable que nuestro paso por las instituciones supone un antes y un después, porque frente a los intereses de las élites hemos conseguido hacer visibles los nuestros: los intereses de la gente común.

La autonomía local, con escasa proyección o desarrollo constitucional, se ha visto mermada desde el poder central con políticas económicas derivadas de la reforma del Artículo 135, con los Planes de Ajuste y con una inadmisible interpretación de la regla de gasto, que ha sido utilizada políticamente por el Gobierno del Partido Popular para encorsetar a sus adversarios políticos, al frente de las principales ciudades del país. Necesitamos, con urgencia, un debate en profundidad para encontrar y aplicar la mejor fórmula para la financiación local.

Mientras, el marco nacional sigue condicionando el terreno político en el que nos movemos, aunque gran parte de nuestros condicionantes provienen de la gestión de la crisis impuesta desde las políticas monetaristas de la Comunidad Europea y de la interpretación más restrictiva que de éstas efectúa el Partido Popular. En paralelo, la crisis política que empaña este marco no da para más: corrupción, parálisis de gobierno, ausencia de proyecto nacional, emponzoñamiento de la crisis catalana…

Es necesaria una reforma constitucional o proceso constituyente que acometa el debido blindaje de los derechos sociales, la articulación de un Estado plurinacional, los cambios en la Ley Electoral que permitan que un ciudadano se iguale a un voto, así como una Ley de Partidos que afronte el estructural problema de la corrupción.

En Europa, debemos afrontar el reto de construir un municipalismo confederal, construido desde abajo y entre todas las personas, como paso necesario para un movimiento político radicalmente democrático. La debilidad de los estados nacionales, el ascenso de los populismos, el racismo y el fascismo, el poder del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo muestran una Europa en la que la democracia está en juego. La crisis griega y, después, la crisis de los refugiados, han dejado clara la necesidad de avanzar en esa articulación y coordinación. El sistema democrático ha dejado de ser útil para satisfacer los intereses del capitalismo financiero. Por ello, necesitamos confrontar esta preocupante situación con una ola europea de solidaridad y hermandad, en la que las ciudades tienen mucho que decir.