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ARAGÓN

¿Quiénes están matando a Teruel?

"A la innovación, y a los cambios tecnológicos y medioambientales, hay que legitimarlos socialmente apretándoles las tuercas a las grandes compañías antes de que la desafección y la creciente desigualdad erosione aún más las democracias liberales"

Teruel no muere, lo están matando. Es el lema que se está difundiendo estos días por las redes sociales, acompañado de la imagen de un lazo negro sobre la provincia dibujada en blanco y todo sobre un fondo negro como el lignito. Pero, ¿quiénes la están matando?

En el caso de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos lo que ha fallado ha sido la transición y, desde luego, la responsabilidad y la expiación no puede centrarse solo en una ministra, Teresa Ribera, que lleva siete meses al frente del Departamento de Transición Ecológica y que ha sido la primera en visitar esta cuenca minera aguantando la indignación social que, como medida de urgencia, le está reclamando que el cierre se  aplace hasta más allá de junio de 2020.

Alemania acaba de anunciar que el final del carbón será dentro de 19 años, en el 2038, habilitando durante este tiempo hasta 40.000 millones de euros en transferencias a los estados federados afectados.

En España, el plazo es de año y medio pero hay que ponderar que llevamos otros veinte de Planes Miner. En el caso de Aragón, cuencas mineras de Teruel y Mequinenza, se han destinado más de mil millones de euros para infraestructuras y para proyectos empresariales entre esos Planes y el Fondo Especial de Teruel (Fite) desde finales de los 90.

Eso no ha evitado que la provincia de Teruel perdiera más de mil habitantes desde 1999, lo cual apunta hacia una deficiente gestión, hacia los fallos de la planificación y del cómo canalizar ese dinero público, algo que ha reconocido públicamente el actual presidente de la CEOE turolense, Carlos Torre, al margen de que una parte significativa de esos fondos hayan ido a atender lo que les correspondía a otras administraciones en el ejercicio de sus competencias.

Retomemos el hilo inicial. El compromiso de Teresa Ribera, entre el escepticismo y la rabia vecinal, se concretó en anunciar a los que habían puesto en sus balcones el cartel de “se vende” o “Andorra no se vende, se defiende”, que la comarca de Andorra-Sierra de Arcos tendrá el primer convenio de transición ecológica justa.

La centenaria compañía Sociedad Anónima Minera Catalano Aragonesa (SAMCA), que ha tenido que cerrar las últimas explotaciones de Ariño y Foz Calanda porque la térmica ya no le compra más lignito está yendo más rápido y más lejos en responsabilidad social al comprometerse a recolocar a 160 de los 197 mineros en plantilla en tareas de restauración de suelos y en otros proyectos, y a 118 de los 155 subcontratados, el 76 por ciento.

Además, proyecta una nueva planta de fertilizantes a partir de la leonardita, un mineral superficial anterior a las capas de lignito, con una inversión de 41 millones de euros y 125 empleos, y otras iniciativas de minerales cerámicos y agroalimentación hasta completar los 50 millones de euros de inversión.

El Gobierno de Aragón, por su parte, ha anunciado que tiene sobre la mesa cinco proyectos empresariales para la zona que podrían crear más de 500 empleos y  una línea de ayudas a las pequeñas y medianas empresas de 3,7 millones de euros que se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Las Cortes de Aragón, ahora que el cierre ya es irreversible, han creado una Comisión especial de estudio para la transición energética en Aragón a cuyo frente está, paradójicamente, el diputado Arturo Aliaga que fue consejero de Industria durante 13 años, desde 2002 hasta 2015, y que le tocó gestionar y presentar públicamente uno de los mayores fracasos de la reindustrialización: la planta cementera de Cemex que, de la mano de la familia Burgos y de esta compañía mexicana, iba a producir 650.000 toneladas al año creando 120 empleos en la zona.

Llegó el desplome inmobiliario, el consumo de cemento cayó hasta un 80 por ciento, los directivos de Cemex paralizaron la puesta en marcha, tuvieron que devolver los 6 millones de euros que habían recibido de los fondos Miner, y la planta se quedó en el paisaje, cual ballena varada, como símbolo de un bienintencionado patinazo estratégico.

Aliaga, que calificó de “brindis al sol” la visita de la ministra de Transición Ecológica, había definido con claridad la manifiestamente mejorable gestión de los Planes Miner cuando reconoció que “si no hacemos polígonos industriales nos matan”.

Fue la respuesta a la exconcejala socialista y exdiputada en Madrid durante dos legislaturas, Yolanda Casaus, que, en su día, al evaluar los Planes Miner, afirmó que “Aragón ha hecho polígonos para criar ababoles”.

Pesó más la visión localista y gremialista, que la visión a medio y largo plazo. Pesó más la voluntad cortoplacista de alcaldes, sindicalistas y organizaciones empresariales, que la de una buena planificación desde el Gobierno de Aragón dando autonomía a los técnicos y a los conocedores del mundo que venía y de las iniciativas, por ejemplo de energías renovables, reciclaje, bioconstrucción, agricultura y urbanismo ecológico, que ya se estaban contrastando en algunas zonas mineras europeas.

Aún más en el debe y en la corresponsabilidad de todos por la falta de agilidad y de resolución: veníamos del cierre de la térmica de Aliaga en 1982, la que fue la más grande y moderna de España en plena autarquía franquista; veníamos, tras la reconversión siderúrgica, del cierre en 1987 de las minas de hierro de Ojos Negros, 215 empleos perdidos y una caída de más de 600 habitantes en 30 años; veníamos del cierre de la térmica de Escatrón (2006) en la Ribera Baja del Ebro; veníamos del cierre de la térmica de Escucha en 2012; veníamos del cierre de las explotaciones asociadas al esplendor minero como las de Lancis, Martín Aznar, la Compañía General Minera y Carbonífera del Ebro que supuso un duro golpe para Mequinenza en el Bajo Cinca.

Y, si abrimos el objetivo, veníamos también del fracaso en Estados Unidos, en el condado de Kemper, en el estado de Mississippi, de la planta más grande del mundo de captura de carbono del lignito sucio, promovida por la Southern Company ,y promocionada como la primera de muchos proyectos similares, que llevó a Trump a afirmar en el discurso del Estado de la Unión  que “hemos terminado la guerra con la energía estadounidense y la hemos terminado con carbón hermoso y limpio”. Otra mentira más del mandatario estadounidense en la que se enterraron 7.500 millones de dólares para terminar probablemente en una gigantesca venta de chatarra.

Hay que reconocer también que junto a grandes fracasos, ha habido proyectos bien diseñados como el balneario de Ariño o la planta de cartonaje en Andorra DS Smith que están superando las expectativas iniciales, y también con sus altibajos e incertidumbres la planta de rodamientos de Casting-Ros en Utrillas, así como infraestructuras necesarias para atraer empresas como el gasoducto de las cuencas mineras o el recrecimiento de la presa de Santolea.

Y, por poner algunos ejemplos más pequeños, iniciativas locales y comarcales como el vivero de empresas de Mequinenza, impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el tren minero de Utrillas, el museo de Escucha, el Parque cultural del río Martín, la vía verde de Ojos Negros. Pero, en general, ha faltado una acción más planificada, coordinada y compartida, que fuera de lo local a lo global.

Y, en lo global, hay que enmarcar la desacertada venta en 2007 de la gran compañía española Endesa a la italiana Enel, en la que el principal accionista es el ministerio de Hacienda de ese país y cuya deuda rondaba en el momento de la adquisición los 40.000 millones de euros.

Más o menos la cifra que se pagó a los accionistas de Endesa y que los italianos han ido recuperando en la última década haciéndole comprar a la filial española activos en pérdidas, vendiendo lo mejor del negocio que tenía en América, troceando y desmantelando la compañía, y cargando en la factura eléctrica estos vaivenes a los usuarios después de que hubieran financiado durante años el desarrollo de un gran grupo empresarial eléctrico español, con una envidiable presencia en América, que se terminó de privatizar en 1998 siendo presidente José María Aznar.

Enel acabó ganando el gigantesco pulso político y económico desatado por la Opa de Gas Natural de 2005 para hacerse con el control de Endesa, la compañía que entonces presidía el aragonés Manuel Pizarro.

Hubo otros actores como la alemana E.ON, avalada por Pizarro, pero al final el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respaldó la venta a Enel, más pequeña y menos saneada que Endesa, y al grupo Acciona.

Enel posee el 70 por ciento de las acciones. El Gobierno de Zapatero conseguiría después la autorización de la Comisión Europea para que las empresas mineras pudieran utilizar y quemar carbón autóctono en el periodo 2010-2014. Fue un momentáneo respiro en medio de la agonía.

El anuncio del cierre de la térmica de Andorra antes del 30 de junio de 2020, para entonces cumplirá los 40 años de vida útil, está conectado –es la globalización- con el desapego de Enel por el lignito turolense, con la necesidad de continuar reduciendo su enorme deuda para mejorar su cuenta de resultados y con su apuesta, tras la creación de Enel Green Power España en julio de 2016, por mover inversiones de hasta 200.000 millones de euros en los próximos diez años, el 80 por ciento procedente del sector privado, en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética.

El consejero delegado de Enel, Francesco Starace, anunció el pasado 21 de noviembre en Madrid un nuevo plan estratégico hasta el 2021 con unas previsiones de inversiones de 27.500 millones de euros dirigidas al desarrollo de activos y al impulso de las energías renovables especialmente en la movilidad eléctrica donde prevé instalar en España en los próximos cinco más de cien mil puntos de recarga de vehículos eléctricos, 

Son previsiones que hay que recibir con mucha cautela. Mientras tanto, durante los últimos años, han estado mareando a los trabajadores, a las empresas mineras, a las organizaciones sociales, a los ayuntamientos y al Gobierno de Aragón, deshojando la margarita de una hipotética inversión de alrededor de 190 millones de euros que nunca se concretó, imprescindible para garantizar a medio plazo la continuidad de las dos últimas minas a cielo abierto en Ariño y Foz de Calanda, propiedad de la Sociedad Anónima Minero Catalano-aragonesa (SAMCA).

Precisamente la compañía del empresario Ángel Luengo, SAMCA, había firmado, beneficiándose coyunturalmente del cierre de las térmicas y de los problemas técnicos de las nucleares en Francia, el suministro a la térmica de 2 millones de toneladas hasta finales del pasado año.

Enel ha visto la oportunidad/oportunismo de justificar a muy corto plazo el cierre de la térmica de Andorra en las exigencias medioambientales de Bruselas y en el anuncio de la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética de la ministra Teresa Ribera.

Es el momento de que, a cambio, la ministra le exija inversiones concretas que cicatricen la herida social que ha abierto en Aragón, que también afecta a comerciantes, agricultores y a los ingresos municipales, advirtiéndole a Enel, por ejemplo, con dejar en suspenso la adjudicación de los 1.050 megawatios que quedarán libres cuando cierre la térmica de Andorra dentro de año y medio. 

Tiempo hemos tenido para buscar alternativas y hacer una transición energética más justa socialmente en Aragón, en la provincia de Teruel y en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, pero no por ello, por analizar lo que ha sucedido hasta llegar a este desenlace, la decisión de Enel de cerrar la térmica en junio de 2020 está resultando menos devastadora, atropellados los habitantes de la zona por la apuesta de la Comisión Europea en su “Visión 2050” por una economía descarbonizada, por la Agenda 2030 de Naciones Unidas que pretende asegurar que dejemos un mejor planeta a las generaciones venideras y por la futura Ley de cambio climático y transición energética que tiene que presentar el Gobierno en el Parlamento

Como se ha escrito por ahí, negar el futuro es pegarse un tiro en el pie, pero a los perdedores de la globalización, de la digitalización, y de los cambios tecnológicos y medioambientales, hay que darles una salida digna, hay que garantizarles un futuro para ellos, para sus hijos y para sus nietos, si no se quiere alimentar aún más el populismo.

A la innovación, y a los cambios tecnológicos y medioambientales, hay que legitimarlos socialmente apretándoles las tuercas a las grandes compañías antes de que la desafección y la creciente desigualdad erosione aún más las democracias liberales.

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