Ciudadanos acusa al Gobierno de Teruel de hacer peligrar 5 millones de euros de inversión para el servicio de agua “por dejadez”

Por “dejadez, pasividad y pésima gestión” del equipo del gobierno del Partido Popular, el Ayuntamiento de Teruel podría perder cinco millones de euros en obras y mejoras en el servicio de agua de boca de la ciudad, las cuales estaba obligada a hacer por contrato la empresa adjudicataria antes de 2012, según ha denunciado el grupo municipal de Ciudadanos.

A estas alturas, seis años después de lo establecido, solo el 13,10 % de las actuaciones se han ejecutado, algo que es una muestra de “la falta de gestión del PP”, según la formación naranja, después de que la mesa de seguimiento para vigilar el cumplimiento de las inversiones no se reúna desde 2013.

La falta de transparencia, denuncia el portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Ramón Fuertes, hace que haya pasado el tiempo sin que se haya denunciado esta situación, un incumplimiento de contrato según los informes municipales que ha pedido la formación.

Ya llevaron a Pleno municipal este asunto, y es “lamentable”, dicen, que tenga que ser un grupo el que pida medidas y que se redacten informes sobre este asunto ante la “pasividad del equipo de gobierno”, que, en palabras del portavoz, “parece que espera a que el problema se resuelva solo”. El caso, alerta Fuertes, puede acabar en un contencioso con la empresa y que los turolenses lleguen a perder esos cinco millones de euros.

Indemnizaciones millonarias

El equipo de gobierno del Partido Popular justifica su posición en los contenciosos que han condicionado el servicio del agua desde que se adjudicó el contrato en 2010, ya que la empresa que quedó en segundo lugar alegó y el Ayuntamiento no podía exigir que se realizaran las obras porque, si finalmente la segunda empresa hubiera ganado este contencioso, “el Ayuntamiento hubiera tenido que asumir indemnizaciones millonarias”, según la alcaldesa, Emma Buj.

Finalmente, este contencioso no dio la razón a la empresa que había recurrido, pero la sentencia no llegó hasta marzo de 2017, aunque también el Consistorio ha mantenido otros contenciosos precisamente con la empresa adjudicataria, Aguas de Teruel, por la “interpretación del contrato”.

Así que es desde marzo de 2017, asegura Buj, cuando el Ayuntamiento tiene “la herramienta y el poder para hacer ejecutar las obras”, y anuncia que si es necesario se tomarán “medidas coercitivas” para hacer cumplir esta inversión que, en todo caso, era una mejora propuesta por la propia empresa.

Ha rechazado rescindir el contrato con la empresa adjudicataria como, ha asegurado, le ha pedido Ciudadanos, porque entonces es cuando sí se perderían esos 5 millones de euros de inversión.