El Gobierno de Zaragoza asegura que los acuerdos de las sociedades municipales serán válidos aunque se suspenda el artículo

El pasado viernes, 3 de agosto, el Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14.1.u) de la Ley de Capitalidad. En él, se solicita la suspensión del mismo. Es el artículo usado por Zaragoza en Común para asumir el control de las sociedades municipales (Zaragoza Cultural, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte y Ecociudad).

El Gobierno de la ciudad explica que dicha suspensión tiene carácter inmediato (desde la fecha de interposición del recurso) para las partes del proceso: Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón; y afectará a terceros, es decir, al propio Consistorio de la capital aragonesa, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, algo que sucederá si el Tribunal Constitucional (TC) lo admite a trámite.

El TC, dice el equipo de gobierno, debe reunirse para admitir el recurso, “lo cual previsiblemente no se hará hasta el mes de septiembre, por ser agosto mes inhábil en la Administración de Justicia. Una vez reunido remitirá al BOE el edicto de admisión a trámite del recurso y cuando se publique en dicho Boletín será el momento en el que tenga efectos jurídicos para el Ayuntamiento de Zaragoza”.

Por recursos similares a otras leyes aprobadas por las Cortes de Aragón, señalan, “sabemos que suele transcurrir entre un mes y un mes y medio entre la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la interposición del recurso y la publicación en el BOE de la admisión a trámite y la suspensión de la aplicación del precepto recurrido”.

Validez de los acuerdos adoptados

Tras conocerse la interposición del recurso, Ciudadanos solicitó un informe sobre las consecuencias que se podrían derivar del mismo. Desde CHA, por su parte, indicaron que “la suspensión cautelar puede dejar sin validez los acuerdos tomados en los consejos de administración de las sociedades desde la aplicación de dicho artículo, el pasado 9 de febrero”.

A este respecto, el Gobierno municipal sostiene que “los actos que se hayan realizado desde la entrada en vigor de la Ley, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (1 de diciembre de 2017), se presumen válidos y no se ven afectados por la interposición del recurso ni por la suspensión del precepto en cuestión”.