El tercer asalto para renovar el PGOU de Teruel empezará de cero y con 500.000 euros perdidos en anteriores intentos

Es el eterno asunto pendiente en el Ayuntamiento de Teruel. La ciudad sigue rigiéndose en lo que a materia urbanística se refiere por un plan que tiene ahora 33 años. En septiembre ha comenzado el tercer intento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que podría estar aprobado en los próximos tres o cuatro años si las previsiones de la alcaldesa, Emma Buj (PP), se cumplen.

Por el camino se han quedado 500.000 euros gastados en documentación elaborada para las anteriores revisiones que “no tienen prácticamente ninguna validez” porque estaban hechos con “modelos urbanísticos muy antiguos”, reconoce la edil, lejos del modelo compacto de ciudades que hoy impera.

El pistoletazo de salida de los trabajos para este tercer asalto se dio en una comisión de urbanismo monográfica de más de dos horas de explicaciones técnicas y con amplia documentación que hablan, criticaba la oposición, más de la ciudad que ha sido que de la que será. “La normativa y el sentido común dicen que se va a ciudades menos expansivas”, aseguraba la alcaldesa tras la comisión, “pero no estamos discutiendo cuál es el modelo de ciudad”, no aún al menos, porque queda todavía mucho trabajo hasta entonces, y serán los ciudadanos también los que opinen, decía Buj.

En la comisión informativa echaron la vista atrás para “aprender de los errores”, según la alcaldesa, y abordar los problemas de fondo que han frenado otros intentos. Así, habrá que ver qué se hace con las edificaciones ilegales, hasta 832 se contaban en un informe de la Gerencia de Urbanismo del propio Consistorio elaborado en 2010, una cifra que ya se apuntaba menor que la real. Se trata sobre todo de segundas residencias construidas sobre suelo no urbanizable y el nuevo plan tiene que tener en cuenta cómo abordar sanciones o el proceso de regularización.

Otro de los problemas que tiene que solucionar el plan es cambiar la fórmula para la obtención del suelo para infraestructuras y equipamientos, porque la de la expropiación supone un alto coste para las arcas municipales.

Y también debe dibujar una ciudad viable, a diferencia de la que se plasmó en el último intento en una documentación por la que se pagó de fondos públicos casi 500.000 euros, trabajos externos que “no tienen prácticamente ninguna validez porque estaban hechos con modelos urbanísticos muy antiguos” y se basaban en un “concepto expansivo” de ciudad “que se ha visto que no ha dado buenos resultados”, dice Buj.

Bajo la filosofía actual de ciudades más compactas se plantea este tercer intento, el definitivo esperan en el Ayuntamiento, que abordarán con medios propios del Consistorio y “de manera interna” con lo que quieren facilitar que salga adelante. Pero en todo caso, el trabajo como poco llevará entre tres y cuatro años, calcula Buj, teniendo en cuenta además que el proceso arranca a apenas un año de las elecciones municipales. “Todo lo que podamos avanzar será trabajo que se encuentre hecho la próxima corporación”, apunta la alcaldesa, pero será sobre todo de análisis, ya que no ve viable ni siquiera llegar a una aprobación inicial antes de los comicios.

Para los grupos en la oposición -PSOE, Ganar Teruel, Ciudadanos, PAR y CHA- el proceso ha comenzado tarde, teniendo en cuenta además que era uno de los puntos que todos los partidos incluían en su programa electoral y que se llevan tres años de legislatura.

Tampoco se salva de cierta polémica este inicio porque la alcaldesa ha rechazado el borrador de convenio de colaboración que le había planteado el Gobierno de Aragón (PSOE) para ayudar con los trabajos, tras calificarlo de “despropósito”, entre otras cosas, según Buj, porque “quería que se aprobara el Plan General en 15 meses”, cuando solo los informes necesarios de la administración tardan más tiempo.

Critica además que el borrador planteara “imponer hasta la periodicidad de las comisiones internas del Ayuntamiento y las mayorías en el pleno, diferentes a las que marca la ley”. Por ello, han optado por caminar solos y acudir al Ejecutivo autonómico con “cuestiones concretas” y elaborar a su vez un borrador de convenio, “y a partir de ahí empezar a negociar”. Estudio, documentación y negociación para que, después de dos intentos fallidos, dice la alcaldesa “a la tercera va la vencida”.