Trasladan a comisaria al jefe de la Policía Local de Huesca

Agentes de la UDEF participan desde primera hora de este martes en una operación contra el amaño de contratos en tecnología para la gestión del tráfico, por parte de administraciones locales en toda España. En el Ayuntamiento de Huesca –alrededor de las 10:00 horas– dos agentes de la Policía Nacional de paisano iniciaron los registros, junto al secretario, en una de las dependencias. El Consistorio turolense, por su parte, fue desalojado alrededor de las 9:30 horas para iniciar el registro en presencia de la alcaldesa, Emma Buj, y algunos altos cargos.

Avanzada la mañana, la búsqueda se trasladó a las dependencias de la Policía Local. Alrededor de las 13:00 horas, el jefe de la Policía Local de Huesca, Alberto Edroso, era trasladado a comisaría. Además, tal y como apunta EFE, también hay una orden de detención para el exjefe de la Policía Local en Teruel Santiago Hernández.

La alcaldesa turolense ha señalado, al finalizar el registro, que ninguna de las empresas investigadas ha tenido relación “contractual o económica” con el Ayuntamiento. No obstante, como apunta EFE, Buj ha indicado que es un “dato que puede cambiar”, teniendo en cuenta que los registros continúan en la Policía Local, “donde se conservan contratos de obras menores de esta unidad y de Urbanismo”.

Están previstas más de 60 detenciones en la operación, entre ellas de alcaldes y concejales de distintos municipios. Entre los detenidos está Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la diputación de León y que fue coordinador del partido en esa región. También están investigados varios mandos de policías locales. Los amaños están relacionados con la instalación de semáforos.

Entre los municipios investigados están Arroyomolinos, Navalcarnero, Villanueva de la Cañada o Fuenlabrada (en Madrid), San Andrés de Rabanedo y Villaquillambre en la provincia de León y los ayuntamientos de Mollet de Valles y de Tiana, en la provincia de Barcelona. También en Palencia, A Coruña, Málaga, Oviedo o Lleida.

Los posibles delitos que se investigan son prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

La empresa implicada en el caso es Aplicaciones Gespol, S.L., una filial del grupo Sacyr radicada en Catalunya que actualmente está integrada en el grupo Valoriza Servicios Integrales. La sede de la empresa en el barrio barcelonés del Bon Pastor es uno de los puntos donde se practican entradas y registros.

La operación se ha denominado Enredadera y en ella participan 580 agentes, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción. Los municipios implicados están gobernados por distintos partidos, principalmente el Partido Popular. Por contra, en Catalunya, donde el PP tiene una sola alcaldía, los consistorios bajo sospecha –Lleida y Mollet del Vallès– están gobernados por el PSC. La investigación empezó en el año 2016.