Todas las nuevas contratas del Ayuntamiento de Zaragoza desde 2017 se han comprometido con las cláusulas de género
Hace dos años echó a andar la Oficina Técnica de Transversalidad de Género (OTTG) del Ayuntamiento de Zaragoza. Su objetivo basilar era lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro del Consistorio, y, de este modo, coadyuvar al propósito general de “construir una ciudad igualitaria”, como señaló la concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia.
Son varias las medidas puestas en marcha desde esta oficina, entre ellas, la de obligar a todas las empresas que contraten con el Ayuntamiento a suscribir una serie de cláusulas sociales de género.
Así, las 107 empresas que han contratado desde 2017 se han comprometido con estas cláusulas. Y las 687 que han optado a alguna licitación, apuntan fuentes municipales, “han debido analizar su situación laboral desde una perspectiva de género”, debido a que la propia propuesta tenía que incluir ya la disposición a adoptar las medidas exigidas. Una vez rubricado el contrato, es la propia OTTG la encargada de realizar un seguimiento y corroborar el cumplimiento.
Recuerdan desde el equipo de gobierno que el de Zaragoza es el único Consistorio que incluye este tipo de imposiciones. Teóricamente será por poco tiempo, ya que deberán extenderse a otras instituciones en la comunidad, tras la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Aragón, que, en su artículo 7.3, exige a las entidades locales incorporar la perspectiva de género “en todas sus políticas, programas y acciones administrativas”.
Cláusulas sociales de género
Las cláusulas obligan a las empresas contratistas a que al menos un 40 % de sus nuevas incorporaciones de personal sean del sexo que menos representado esté en ese sector, y a que se trabaje para que los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia sean ocupados de forma paritaria.
Además, las empresas con más de 250 personas en plantilla deben diseñar y ejecutar un Plan de Igualdad o, si tienen menos, tendrán que llevar a cabo un mínimo de tres nuevas acciones en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Todas han de garantizar la adopción de medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual; hacer estudios de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, utilizar un lenguaje no sexista en toda su publicidad, imagen o materiales; y presentar estadísticas desagregadas por sexo y edades, para poder conocer la población en la que incide el contrato.
Cambiar la cultura de la institución
Más allá de la inclusión de estas cláusulas en las contratas, la OTTG trabaja en varias líneas. De ellas han salido el Protocolo de prevención y atención al acoso sexual, el plan de igualdad para empleadas y empleados municipales o el plan de formación para la plantilla municipal, por el que ya han pasado 1.083 personas (500 mujeres y 583 hombres).
Se ha trabajado también para facilitar la acreditación administrativa a las personas transexuales, establecer el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en la documentación interna y externa del Ayuntamiento o la utilización de géneros no binarios en los documentos y formularios, que consiste en incluir la opción de ‘otro’ junto a ‘masculino’ y ‘femenino’.
La responsable de la Oficina, Pilar Maldonado, se ha referido a la “voluntad política” como elemento clave para avanzar en transversalidad de género. Esta la hay, ha dicho, “pero no es suficiente, se necesita un cambio en la cultura de la institución, que cada departamento, servicio o área se pregunte, antes de aplicar cualquier medida, ¿cómo puedo colaborar para lograr una ciudad más igualitaria?”.
En este sentido, la concejala ha dejado claro que las decisiones que se están tomando son tendentes a lograr “un cambio estructural en la forma de actuar y de funcionar”. Un viraje, en resumen, que no pueda tener marcha atrás en el futuro sea cual sea el color político al frente del Consistorio.
