Interior debe más de 7 millones de euros a Aragón por la atención sanitaria a presos

El Ministerio del Interior adeuda al Gobierno de Aragón 7.006.351 euros por la atención sanitaria a los presos recluidos en las cárceles de Huesca y Daroca y a los usuarios de los centros abiertos de las tres capitales provinciales, según admite la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, en una respuesta a la diputada de Podemos Itxaso Cabrera. La cárcel de Teruel quedó fuera del convenio inicial.

Desde 2002, la comunidad autónoma presta “la asistencia especializada en hospitales y centros de especialidades a los internos que se desplazan, para ello, ”asume el desplazamiento de algunos especialistas a los centros penitenciarios para evitar el traslado de presos“ y mantiene la unidad de hospitalización de reclusos en el Hospital Miguel Servet, al tiempo que gestiona la dispensa de fármacos para tratar la hepatitis C.

Sin embargo, Instituciones Penitenciarias apenas ha cubierto el coste de esos servicios en los últimos años, lo que ha generado un boquete de más de siete millones de euros que se desglosa en las siguientes cifras: 314.545 euros por el suministro de antivirales de hepatitis C, a los que se suman otros 480.738 pendientes de ser facturados, más 4.908.274 por la asistencia especializada y otros 2.098.076 que no han sido todavía facturados.

La atención especializada incluye un mínimo de cuatro horas semanales de psiquiatría, radiología y medicina interna, que incluye el tratamiento de enfermedades infecciosas, en el caso de Daroca. Esos servicios se elevan a un mínimo de ocho en Zuera, a las que se añaden cuatro de traumatología.

Esperar a que Madrid tome la iniciativa

El grueso de las comunidades autónomas (15 de 17, todas salvo Catalunya, que tiene transferidas las competencias, y Euskadi, donde esa competencias serán transferidas en breve) mantienen una tensa relación con el Gobierno central por el pago de asistencia sanitaria especializada a los reclusos de los centros penitenciarios de sus territorios, ya que Madrid lleva años sin liquidar estos servicios.

El personal médico de las cárceles asume únicamente la atención primaria, ya que carecen de medios técnicos y de personal para prestar servicios especializados. Estos se prestan en la red autonómica de centros sanitarios, lo que provoca un elevado número de traslados.

Solo en el caso de Zuera superaron los 4.800 el año pasado, cuando la población reclusa suele rondar las 1.300 personas. Normalmente se realizan sin incidentes, aunque en uno de ellos se produjo a finales de agosto la fuga de Benito Ortiz Perea.

Sin embargo, el Gobierno central ha optado históricamente por no afrontar este conflicto con las comunidades autónomas.

“La transferencia de la sanidad penitenciaria no ha formado parte del orden del día de las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se han desarrollado hasta el momento en este año 2018”, señala la consejera en su respuesta, en la que añade que el Gobierno de Aragón “está a la espera de que el Gobierno central tome la iniciativa con el conjunto de las comunidades para iniciar este proceso de transferencia”. Mientras tanto, las facturas impagadas continúan creciendo.