El Estado rechaza sentarse a hablar de dinero cada año con el Gobierno de Aragón

Los gobiernos de Aragón y de España no se sentarán al menos una vez al año para hablar de dinero, impuestos, inversiones y transferencias al considerar el segundo que imponer esa periodicidad suponía una invasión de sus competencias.

La historia, que comenzó hace unos meses con el propósito de avanzar en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y de mejorar al mismo tiempo las disponibilidades económicas de la comunidad, ha acabado con el compromiso de esta última de retirar esa obligación de la ley en la que estaba recogida después de una negociación en la Comisión Bilateral forzada por la interposición de un recurso de constitucionalidad por parte de La Moncloa.

La Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón recogía en su artículo 154 un pequeño desarrollo del 109 del Estatuto cuyos planteamientos, pese a contar con el aval de las Cortes de Aragón, acabó provocando un rechazo frontal del ejecutivo central.

Madrid se cierra a hablar de dinero

Se trata de uno de los artículos introducidos en la reforma de 2007 y por el que se creó esa Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros, cuyo cometido es el de servir de foro para tratar con el Estado “las materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas” y acerca de los mecanismos de solidaridad y de nivelación en el ámbito económico.

Eso incluye “la concreción, desarrollo, actualización, seguimiento y adopción de medidas” sobre impuestos cedidos, colaboración entre haciendas, participación en los fondos comunitarios, inversiones estatales, transferencias y, en definitiva, “proponer las medidas de cooperación necesarias para garantizar el equilibrio del sistema de financiación”.

Sin embargo, el posicionamiento del Gobierno central parece apuntar a que no va a haber demasiados progresos en esos ámbitos, cuando menos a corto y a medio plazo.

Periodos, presidencia alterna y secretaría conjunta

La ley, que dedica cinco artículos a las comisiones y los órganos de cooperación existentes entre el Estado y la comunidad, establecía en uno de ellos que la comisión, a la que se refiere como “el órgano bilateral de relación entre las administraciones del Estado y de Aragón en las materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas”, debía reunirse “al menos, una vez al año en sesión plenaria”.

Esas sesiones se regirían “por el reglamento de organización y funcionamiento interno que se apruebe por acuerdo conjunto” y tendrían una presidencia “alternativa por períodos temporales de un año natural correspondiendo los pares al Estado y los impares a Aragón”, mientras que “la secretaría permanente se ejercerá de forma conjunta”.

Tanta reglamentación provocó la reacción del Consejo de Ministros, que acabó acordando la activación de un recurso de inconstitucionalidad que, al ser promovido por la Presidencia del Gobierno, conllevaba, de hecho, la suspensión del artículo mientras el resto de la ley seguía vigente como lo había estado desde finales del mes de junio del año pasado.

Pendiente de “acuerdo entre las partes”

El asunto, no obstante, fue trasladado a otra comisión, la Bilateral, en la que los dos ejecutivos alcanzaron un acuerdo por el que decaerá el recurso ante el Constitucional y que contempla la eliminación de esas obligaciones de la ley aragonesa.

El Gobierno de Aragón “se compromete a promover la derogación del apartado 3 del artículo 154”, que es el que establecía la periodicidad de las sesiones y determinaba el desempeño de la presidencia y de la secretaría, para lo que deberá remitir un proyecto de ley a las Cortes.

No obstante, tampoco queda descartada la posibilidad de que esa presidencia sea alternativa, ya que los dos ejecutivos acordaron finalmente que “la definición de dichos periodos” deberá determinarse a través del “reglamento interno y de funcionamiento de la propia comisión”, que a su vez puede ser modificado “por acuerdo conjunto entre las partes”.