Atención a dependientes: una o dos personas para 100 pacientes en el turno de noche

100 dependientes atendidos por una o dos gerocultoras que, en mucho casos, también deben hacer labores de limpieza. Es solo un titular de la radiografía que CCOO ha realizado del sector en Aragón, y que se incluye en un informe entregado al Ejecutivo autonómico. Texto que sirve al sindicato para solicitar un mayor control gubernamental de aquellas empresas con las que la Administración realiza contratos de gestión privada o concierta plazas para residentes.

Dibujan un sector muy feminizado –el 80 % de quienes se emplean en el mismo son mujeres–, con un porcentaje muy alto de contrataciones por debajo de la jornada completa, “con gran temporalidad, muy cíclico, excesos de jornadas, horarios abusivos, bajos salarios, economía sumergida...”.

Un panorama desalentador, que tiene, según CCOO, en las ratios uno de sus principales problemas. Estas se establecen en el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. Para las residencias de ancianos asistidas, se estatuye que el índice total de personal del centro/total camas en funcionamiento no será inferior a 0,35.

No se discrimina –en este punto focaliza CCOO su queja– por categorías profesionales, ya que se habla, en general, de “personal del centro”. Tampoco se especifican las personas que han de estar trabajando en cada momento, sino que, simplemente, se conmina a que haya un número mínimo de contratadas, sin especificar cuántas deben estar presentes. Solicitan en el sindicato que esto se modifique teniendo en cuenta los dos aspectos y que se establezca una ratio de 0,50.

El hecho de que la legislación vigente establezca unas ratios tan “genéricas”, apuntan, es lo que provoca la situación antedicha durante el turno de noche en algunos centros. A este respecto, piden que haya, al menos, una “gerocultora presencial” en centros de hasta 34 plazas, dos “cuidadoras presenciales” hasta 68 plazas y tres hasta 102. Este número, solicitan, se incrementará cada 34 plazas.

Deterioro de la salud física y mental

Una de las consecuencias de estas condiciones laborales, alegan en el informe, es que las trabajadoras suelen sufrir lesiones músculo-esqueléticas como hernias discales, lumbalgias, etcétera, “y también son habituales las bajas por ansiedad o depresión motivadas por el exceso de exigencias psicológicas en el trabajo y por las situaciones de coacción que en algunos casos sufren estas trabajadoras”.

Sostienen, por añadidura, que existe “un abuso continuado de imposición de sanciones de tipología grave o muy grave vagamente justificadas, para proceder por parte de la empresa a despedir a las trabajadoras de forma procedente y con 0 euros de indemnización”.

Además, advierten de que encuentran muchas dificultades para acceder a centros de trabajo con los que la Administración tiene plazas concertadas para llevar a cabo la labor sindical dentro de los mismos. En varias ocasiones, dicen, “las empresas coaccionan a las trabajadoras del centro impidiendo que se presenten a las candidaturas electorales de CCOO, llegando en algunos casos al despido”.

Soluciones

Aparte de la modificación de las ratios –que se completa con la petición de incluir en los conciertos cláusulas de adecuación de estas al incremento en el grado de dependencia de los usuarios de cada centro– en el sindicato solicitan que se tomen dos medidas básicas: por un lado la constitución de una Comisión de Vigilancia y Control de las Condiciones Laborales del Personal del Sector de la Dependencia. Por otro, que se permita a los agentes sociales participar en el establecimiento de los pliegos de condiciones.

Así se lo hicieron saber este jueves a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autónomo, María Victoria Broto (PSOE), con la que departió la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón, Delia Lizana; la responsable de organización de la federación, Montserrat Gómez, y la asesora laboral de la misma, Irene Cuartero.