El nuevo Real Decreto para las granjas de cerdos prevé reducir las emisiones de amoniaco, del que la cuenca del Ebro es principal generadora en España

El Consejo de Ministros de este pasado martes aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un nuevo Real Decreto por el que se revisa la normativa vigente en lo referente a las granjas de cerdos, que data del año 2000. El texto introduce como principal novedades nuevos requisitos medioambientales, con el objetivo de reducir en un 21% la emisión de gases contaminantes (en particular, de amoniaco). Aragón se sitúa en tercera posición en el podio de este contaminante, con un 12% del total de las emisiones nacionales, solo por detrás de Catalunya (31%) y Castilla y León (20%).

Por una parte, la norma conllevara nuevos requisitos y mejoras en materia de gestión de estiércoles en las granjas, lo que incluirá que cada granja tenga obligación de contar con su propio Plan de Gestión Ambiental. Por otra, se incluye como objetivo la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, con la aplicación de un registro individualizado por cada explotación de sus emisiones y de las técnicas que usen para reducirlas.

El Gobierno prevé que la modificación normativa permita reducir cerca del 21% las emisiones partir de 2023, mejorando la proyección actual. Se contempla especialmente el amoniaco, principal gas contaminante producido por la ganadería intensiva, del que España emitió 67.648 toneladas al aire en 2018, según los registros del Ministerio de Transición Ecológica. A ese total, Aragón aportó 8.253 toneladas.

Catalunya (903) y Aragón (722) concentran la mayoría de los complejos ganaderos que declaran emisiones de este gas, en un eje que cubre ampliamente la franja entre el río Ebro y la zona Prepineraica. De hecho, la suma de las emisiones de la cuenca del Ebro (25.671) y de las cuencas internas de Catalunya (6.726) supone 32.397 toneladas, un 45% de total nacional.

Aunque el registro del Ministerio contempla también otros emisores, como las industrias, la ganadería porcina es la causante de más del 80% del amoniaco (entre granjas de cerdos de cebo y madres reproductoras), seguida por las granjas de pollos y pavos (un 16% en la cuenca del Ebro y un 7% en las cuencas internas de Catalunya).

Medidas para reducir las emisiones

El Real Decreto detalla las medidas para reducir las emisiones de gases contaminantes en las granjas. Por un lado, obliga a que las balsas de acumulación de purines de nueva construcción adopten “técnicas que reduzcan las emisiones de amoniaco en, al menos, un 80% con respecto a la referencia de la balsa sin ningún tipo de cubierta”, e introduce la previsión de adoptar medidas que eviten la acumulación de metano si se tapa el depósito.

La normativa contempla también que las explotaciones ya existentes con más de 120 UGM (1.000 cerdos de cebo) deberán adoptar “un sistema de alimentación multi-fase, con reducción del contenido de proteína bruta, teniendo en cuenta las necesidades de los animales, así como realizar un vaciado de las fosas de estiércoles de los alojamientos al menos una vez al mes”. Además, deberán adoptar, al menos, una de las siguientes técnicas: el vaciado de las fosas de estiércoles de los alojamientos al menos dos veces a la semana o cubrir las balsas de estiércoles, en las zonas en que no se forme de manera espontánea costra que cubra totalmente la superficie.

Los requisitos en materia de reducción de emisiones para las explotaciones existentes entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023, “siempre que las medidas impliquen una modificación estructural de la explotación”.

Con el fin de cumplir este objetivo, se crea, adscrito a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, el Registro General de Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones, donde se recopilará qué métodos son más óptimos para dichos fines.

“Veterinario de explotación”

Además, en cuanto al bienestar animal, el Real Decreto contempla la figura del “veterinario de explotación”, que será el encargado de asesorar e informar al ganadero sobre las obligaciones y requisitos en esta materia. Esta figura, recuerdan desde el sector ganadero, ya existe a través de las empresas integradoras o de las A.D.S. comarcales (Asociación de Defensa Sanitaria del Porcino).