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La Justicia tumba cinco órdenes del anterior Gobierno de Aragón por vulnerar el derecho de libertad sindical

A la izquierda la exconsejera de Educación reunida con los sindicatos.

Óscar F. Civieta

Zaragoza —

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha emitido una sentencia en la que anula cinco órdenes emitidas en junio de 2012 por el Departamento de Educación del anterior Gobierno autonómico (PP-PAR). Se refiere a las órdenes, publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 25 de junio de 2012, y que regulaban la organización y el funcionamiento de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, de los centros públicos de Educación Especial, de los centros públicos no universitarios, centros públicos de Educación Secundaria, escuelas de arte, conservatorios elementales y profesionales y escuelas oficiales de idiomas.

En la sentencia, emitida el pasado 5 de noviembre según ha podido saber eldiario.es, se dice textualmente que se anulan las órdenes por “quebrar la Administración el procedimiento de negociación y vulnerar el derecho de libertad sindical”.

La denuncia fue interpuesta por CSI-F (sindicato mayoritario en la enseñanza aragonesa) días después de que las órdenes aparecieran publicadas en el BOA. Javier García Lisbona, responsable de la sección de Educación del sindicato en Aragón, recuerda que estaban en plena negociación con la Consejería: “Teníamos una mesa técnica el día 26 y vemos que el 25 sale todo en el BOA”. Lisbona señala que habían tenido ya varias mesas técnicas (en las que se reúnen sindicatos y Administración). Lo habitual, explica, es que de esos encuentros emane un documento que pasa a la mesa sectorial y, posteriormente, se redactan las órdenes.

Para más inri, apunta el sindicalista, “nos iban diciendo que tomaban nota de nuestras aportaciones y que se incluirían en el redactado final, pero en lo publicado no salieron”.

Lisbona se muestra satisfecho de la decisión tomada por el Tribunal y, junto con los abogados del sindicato, estudiará en los próximos días las posibles repercusiones que pueda generar. Resalta, además, que no es “la primera bofetada jurídica” que se lleva el Departamento, con la exconsejera de Educación, Dolores Serrat, a la cabeza.

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