Viento y sol para frenar la despoblación en Teruel

En los últimos tiempos, la provincia de Teruel es una caja de sorpresas que desbordan lo local. Igual brota que no es poco el primer diputado en España de una agrupación de electores, cuyo voto decide la gobernabilidad del país después de años y años de inestabilidad, que un cura de pueblo, del Matarraña, llega a presidente de los obispos bendecido por el Papa Francisco.

Y ahora que la Unión Europea está apostando por ser líder global de las energías limpias con su 'New Green Deal' (el Nuevo Acuerdo Verde) y España por situarse en la Champions de este desafío, la provincia de Teruel, junto con el resto de Aragón, llevan camino de convertirse en una pequeña California de interior en la producción de energía solar y eólica.

El desafío consiste en alcanzar las 0 emisiones netas en 2050 pasando por una reducción de entre el 50 y el 55% en 2030 si hay Presupuesto en la UE y si Polonia tiene a bien firmar el final de los combustibles fósiles. En septiembre hay Cumbre en Glasgow y apremia llegar con los deberes hechos de la nueva Ley del Clima.

En medio del viento, el sol, los pinares y el territorio despoblado, se está librando una de los debates cruciales de la descarbonización entre los grandes concesionarios y promotores de molinos de viento, paneles solares y plantas de biomasa, y quienes advierten que si no se hace bien puede dañar un paisaje único, a las aves, frenar el desarrollo turístico respetuoso con el entorno que empezó antes, y dejar poco valor añadido en empleos terminada la fase de construcción.

La corriente subterránea está movilizando ayuntamientos, grupos de acción local, pequeños empresarios y asociaciones ciudadanas de las comarcas del Maestrazgo, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Cuencas mineras y Gúdar-Javalambre.

Surgen manifiestos y debates que traen ecos suavizados de finales de los setenta y principios de los ochenta del Bajo Aragón expoliado y de las alternativas agroalimentarias desde la Ribera del Ebro a la General Motors. Ecos más indies que de heavy metal en un planeta más enfermo que nunca por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Como la jornada que organizaron en Molinos el pasado sábado 7 de marzo los colectivos Sollavientos y Centro Q en los que respetuosamente debatieron sobre los pros y los contras promotores, alcaldes y vecinos de los municipios, ecologistas y conservacionistas y profesores universitarios.

Como los manifiestos y pronunciamientos de asociaciones como Viento Alto, que reúne a más de 600 vecinos de Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Fortanete, Tronchón, Villarluengo, Mirambel, Puertomingalvo y Mosqueruela, o Majalinos Renovables que agrupa a Aliaga, Andorra, Berge, Cañizar del Olivar, Ejulve, Gargallo, La Mata de los Olmos, Molinos, Los Olmos, Palomar de Arroyos, Seno y La Zoma.

Los primeros, Viento Alto, quieren socializar los futuros beneficios destinando el 15% de los ingresos en los impuestos de construcciones, actividades económicas y bienes inmuebles de características especiales, a un fondo común de la asociación para dinamizar la actividad económica y los empleos en la zona. A hacer ellos políticas activas de empleo.

Forestalia, en el trono de hierro

En esta versión del 'Juego de tronos' de las energías limpias y pacíficas, el que se sienta en el trono de hierro es un aragonés, Fernando Samper, el mayor accionista del Grupo Forestalia, que con unas ofertas rompedoras se ha llevado la parte del león, alrededor de 3.000, en las tres subastas de megavatios renovables en 2016 y 2017.

Desde el negocio familiar del porcino, después de una escisión en el Grupo Jorge, a superar a los transatlánticos del sector como Endesa/Enel Green Power, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

Su gran baza en las subastas: que le salían los números sin primas ni subvenciones públicas. A la primera subasta fue con el grupo chino Guandong Electric Power (Gedi), después ha vendido megavatios a fondos de inversión y en los proyectos Goya, nueve parques eólicos en la provincia de Zaragoza, y Phoenix, diez parques eólicos en las provincias de Zaragoza y de Teruel, va de la mano del grupo francés Engie aliado con el fondo Mirova, y de GE Energy Financial Services.

El pasado 1 de octubre de 2019, Forestalia anunciaba en Teruel una inversión de 2.400 millones de euros en 66 parques, 34 solares y 32 eólicos, con unas previsiones de creación de 12.000 empleos en los próximos cuatro años, la gran mayoría de ellos en la fase de construcción. En la fase de mantenimiento no son necesarios más de 8 empleados por planta.

De esta inversión se van a beneficiar 50 municipios de las comarcas del Matarraña, Maestrazgo y cuencas mineras, y las cifras que maneja la compañía son de 110 millones de euros de ingresos en las arcas municipales en los próximos 30 años por el arrendamientos de terrenos y 300 millones de recaudación en impuestos, de ellos 170 en tributos municipales.

En los contratos se establecerá que los ayuntamientos decidirán las localizaciones concretas de los parques. Este, el de la oferta municipal de terrenos para arrendar durante 30 años, va a ser uno de los grandes obstáculos para cumplir los plazos. En la jornada de Molinos, el profesor de la Universidad de Tarragona, Jordi Saladié, alertó sobre una hipotética alegalidad de los convenios que se firman con las empresas.

Lo que nadie discute es que la gran movida económica de las energías limpias se basa en materias primas que Aragón posee en abundancia: territorio y espacios despoblados, el capital natural que, ante la crisis climática, cotiza al alza.