El movimiento ecologista pone sobre la mesa los 30 puntos negros ambientales de Aragón y reclama una Consejería de Medio Ambiente
Ocho organizaciones y entidades ecologistas y/o que operan en el ámbito de la sostenibilidad, Amigos de La Tierra, Ansar, Ecodes, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Fondo Natural, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, SEO-BirdLife y WWF, reclaman al próximo presidente del Gobierno de Aragón que recupere la Consejería de Medio Ambiente y que le dé un perfil “fuerte e independiente” para afrontar los retos ambientales que tiene la comunidad.
“Aragón tiene tareas pendientes en medioambiente”, señalan esas organizaciones, que recuerdan cómo la comunidad se quedó hace ocho años, con la llegada del ejecutivo PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi, sin un departamento específico dedicado a esa materia. “La eliminación”, anotan, “es una clara prueba del interés de los diferentes gobiernos para afrontar los retos ambientales que afectan a la salud de las personas, a la biodiversidad y a la viabilidad de las inversiones en proyectos ambientalmente sostenibles”.
De hecho, desde entonces las competencias de Medio Ambiente han estado en la misma consejería que gestionaba las de otras materias que generan intensas huellas ecológicas, caso de la agricultura, tal y como revelan indicadores como la presencia de residuos de plaguicidas en los ríos aragoneses, y de la ganadería, en la que la expansión del porcino industrial está devorando las granjas tradicionales y deteriorando los acuíferos en varias zonas de la comunidad.
El impacto de los pantanos y el esquí
Esos dos asuntos se encuentran entre los más de 30 puntos negros ambientales que los grupos ecologistas ponen sobre la mesa al reclamar la presencia de un consejero de Medio Ambiente en el nuevo gabinete.
Aunque su mera existencia como entidad autónoma dentro del Ejecutivo tampoco garantiza exquisiteces en la gestión. El currículum del último titular de Medio Ambiente, Alfredo Boné, incluye hitos como el Plan de Depuración y sus costosas consecuencias, el recorte de las zonas de protección de aves del Jalón para allanar la ejecución del pantano de Mularroya o el apoyo al embalse de Biscarrués en la Mesa del Agua.
De hecho, las organizaciones incluyen un matiz en su propuesta: que esa cartera esté en manos de “una persona responsable que tenga un mínimo de sensibilidad, conocimiento e interés por los retos ambientales de futuro”.
El listado de tareas pendientes de abordar desde una perspectiva ambientalista y de sostenibilidad incluye, además de esos embalses, otros “proyectos con un fuerte impacto” como el recrecimiento de Yesa o la construcción de la balsa de Almudévar, a los que se suman algunos más como las ampliaciones de estaciones de esquí con la conexión de Cerler y Castanesa y la de las estaciones del Alto Gállego y el Aragón, la puesta en marcha de nuevos regadíos, el aumento de los transgénicos o la práctica de actividades mineras con riesgos hidrogeológicos como la que amenaza el gran acuífero mesetario.
“Pasos claros y decididos” contra el cambio climático
Los nueve firmantes del manifiesto llaman la atención sobre la intensidad “especialmente relevante” de los efectos del cambio climático en la comunidad y el reto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, capítulo en el que reclaman “pasos claros y decididos para reducir emisiones producidas por transporte, empresas y embalses”.
A las tareas pendientes en materia de biodiversidad, como la declaración del Parque Natural de Los Monegros, la inexistencia de los planes de gestión de las zonas de la Red Natura o el retraso en sacar adelante los planes de conservación de especies amenazadas como el oso, el milano real, el avetoro, la avutarda, el sisón, la ganga, la ortega y el rocín, entre otras, se les suman asuntos que llevan camino de convertirse en endémicos, como la solución para los vertidos de lindano en el Gállego o la liberación del cauce del Ebro del estrechamiento del cauce que generan las motas, y otros que los tribunales comienzan a situar en primer plano como la carencia de planes de actuación contra la intensa contaminación por ozono que el tráfico de Zaragoza y su área metropolitana generan en todo el valle del Ebro.
Por último, las organizaciones conservacionistas, que abogan por un plan público de saneamiento de aguas residuales “acorde con las necesidades reales de los ayuntamientos y con un coste sostenible” y reivindican una “apuesta clara por la agricultura ecológica”, recuerdan que sigue sin existir “un plan de tratamiento de purines mientras se contaminan los suelos y el agua de todo Aragón”, básicamente por la industrialización del porcino, a la que comienzan a sumarse las del bovino y el pollo.
“O se reduce el número neto de granjas de intensivo o los integradores financian la descontaminación y el impacto ambiental sobre la naturaleza” de esa actividad, plantean.
