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Fiscalía pide a la Audiencia que mantenga imputado al arzobispo de Zaragoza por el presunto espionaje a una notaria

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora.

La Fiscalía rechaza “desimputar” al arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, en las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa por el asunto del presunto espionaje a una notaria diocesana crítica con su antecesor, Manuel Ureña, que fue despedida nada más tomar posesión de la sede tras la destitución fulminante de este por orden del Vaticano, molesto por algunos episodios de su gestión.

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El Juzgado número 11 mantiene como investigados –el nuevo término formal para referirse al imputado de toda la vida- a Jiménez, a su ecónomo Ernesto Meléndez y al informático Jorge Pina en la causa abierta tras denunciar una notaria diocesana que del ordenador con el que trabajaba en el tribunal canónico en el que estaba destinada habían sido extraídas conversaciones privadas de su whatsapp.

Esos mensajes fueron utilizados como prueba de cargo contra ella y contra otros religiosos críticos con Ureña –un juez diocesano y un exdirector del seminario- en una causa canónica en la que fueron acusados de difundir información confidencial de la archidiócesis a la que habrían tenido acceso por los cargos que ocupaban.

Pesquisas de la Policía

Las investigaciones del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón concluyeron que esas conversaciones habían sido extraídas del ordenador de la notaria tras su despido y sin su permiso, lo cual, tanto para los agentes como para la Fiscalía y para el juez puede, indiciariamente, constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de prisión y multas que pueden alcanzar los 216.000 euros.

Jiménez, que admitió en su declaración como investigado haber ordenado el rastreo del aparato dentro de una investigación interna sobre la notaria y relacionada con su despido, recurrió su inclusión en la causa y pidió el sobreseimiento. Sostiene que el ordenador es propiedad del arzobispado y que el chequeo fue realizado antes del despido.

También el informático, que sostiene que halló las conversaciones de whatsapp de manera aleatoria al efectuar un rastreo con un sistema de “búsqueda ciega” -al que no hacía referencias en el informe aportado al pleito canónico- y que ante el juez se refirió a la búsqueda como un “encargo profesional”, también ha solicitado el archivo de la causa.

“Ordenado y autorizado por el arzobispo”

Sin embargo, la Fiscalía se opone a esa medida y reclama “continuar la tramitación de la causa hasta el total esclarecimiento de los hechos”.

Para el ministerio público, las conversaciones “pertenecían al teléfono móvil de la denunciante, encontrándose en el ordenador una copia de seguridad realizada automáticamente por el programa”.

La Fiscalía ve claros los indicios de “la posible comisión de un delito contra la intimidad”, ya que los mensajes “procedían de la copia de seguridad de un teléfono particular y no de archivos propios de un ordenador”, la intervención y análisis de cuyo disco duro “fue ordenado y autorizado por el arzobispo de Zaragoza” y el perito elaboró el informe conociendo esas circunstancias.

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