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Un 5 % de las plazas ofertadas en Aragón en las oposiciones de Secundaria y FP se queda sin cubrir

Se presentaron 5.800 personas para 763 plazas

ElDiarioAragón

Zaragoza —

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Ha finalizado el polémico (en otras comunidades más que en Aragón) proceso de oposiciones para docentes de Secundaria y Formación Profesional. De las 763 plazas que se sacaban a concurso en esta comunidad, 39 (5 %) se han quedado libres. En total, se presentaron 5.800 personas.

Es una cifra, apuntan desde el Ejecutivo autonómico, “muy inferior a los resultados en otras comunidades autónomas y más baja que en procesos de otros años, especialmente en Formación Profesional”, aunque, como apuntan desde CGT, en el 50 % de las especialidades de FP hayan quedado plazas desiertas. En cualquier caso, aclaran, “esas plazas se cubrirán con lista de interinos y volverán a salir a concurso en la próxima convocatoria de oposiciones del mismo cuerpo (2020)”.

El 6,37 % de los aprobados no tenían experiencia previa en la docencia, es decir, el 93,63 % era funcionario interino. Recuerdan desde el Departamento de Educación que este año, en cumplimiento de la normativa nacional, se produjo un incremento de la valoración de la experiencia. De esta manera, la fase de oposición ha contado un 60 % y la de concurso un 40 %; frente a los 2/3 y 1/3 de la anterior.

La Administración autonómica valora “muy positivamente” la presente convocatoria, en la que se sacaban a concurso 643 plazas de Secundaria y 120 de FP. Algunas de ellas, recuerdan, como las de Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido; Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, o Mantenimiento de Vehículos llevaban más de 10 años sin convocarse.

Esperan, además, que en 2018 se publique otra gran oferta de empleo público de Educación para llegar a más de 3.000 plazas en esta legislatura. A la vez, se están planificando las convocatorias de 2019 (maestros) y 2020 (Secundaria y FP).

Críticas

Este martes se ha producido una reunión entre el director general de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Aragón, Tomás Guajardo, y los sindicatos representados en la mesa sectorial. En ella, y defendiéndose de alguna de las críticas recibidas, ha recordado que el Departamento de Educación comenzó a preparar esta macroconvocatoria en enero de 2017 y “ha desarrollado un proceso de selección de tribunales con total transparencia y publicó los criterios de evaluación a finales de mayo”.

Guajardo ha destacado el éxito de un proceso tan mayoritario y ha recordado que se anunció antes que nunca para que los opositores tuvieran el tiempo suficiente para su preparación. De hecho, ha dicho, “Aragón fue la primera comunidad en alcanzar un acuerdo por unanimidad con los cinco sindicatos sobre esta convocatoria de empleo público. También fue la única en la que se marcó un calendario pactado para que los aspirantes conocieran con la suficiente antelación los cuerpos, especialidades y número de plazas convocadas, para la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.

Transparencia

CGT, uno de los sindicatos presentes en la reunión, valora positivamente su celebración, “la primera de este tipo en los últimos años”, dicen, “como un intento de aportar transparencia a estos procesos selectivos y como una oportunidad de enmendar errores”.

Desde el sindicato han insistido en las reivindicaciones que consideran más urgentes: “Darle transparencia al proceso publicando los criterios de evaluación de cada prueba”, por ejemplo, explican, “en otras comunidades autónomas en el mismo ejercicio práctico de la primera prueba se especifican los criterios de evaluación del ejercicio”.

También, “es imprescindible rebajar la ratio de personas opositoras por tribunal, ya que una media de 120-130 por tribunal, como se ha dado en especialidades como Geografía e Historia, dificulta el desarrollo del proceso”. Sobre esto, apuntan, “la Administración nos ha anunciado su intención de rebajar considerablemente la ratio”.

Señalan, de igual modo, que “no se puede obviar el cumplimiento de la legislación laboral, ya que hemos asistido a jornadas laborales de 10 a 12 horas en las que los tribunales debían estar al máximo de concentración, así como a aulas con temperaturas muy superiores a 30º C”.

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