UGT Aragón ha alertado del incremento de la explotación laboral en la Comunidad con 85 casos detectados desde enero a diciembre del presente año, 37 más que un año antes, la mayoría concentrados en el empleo doméstico y los cuidados.
Así lo pone de manifiesto el último informe 'Explotación laboral en Aragón' presentado este jueves por la secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, Pura Huerta; y el responsable del Departamento de Migraciones del sindicato, Antonio Ranera, y en el que se identifica como perfil típico de víctima a una mujer joven llegada de países americanos en situación irregular en España y que acepta un trabajo de empleo doméstico sin contrato en el que también asume tareas de cuidados.
Esa precariedad se traduce, según ha expuesto Ranera, en “horarios laborales muy por encima de lo pactado y de lo que marca el convenio, la ausencia de prevención de riesgos laborales, el retraso en el abono de salarios que están por debajo de lo estipulado, así como en ocasiones tratos vejatorios y degradantes e, incluso agresiones”.
Una figura que se repite “machaconamente” año tras año, ha lamentado el responsable de Migraciones de UGT, en un contexto de aumento de la explotación laboral en todo el mundo, con cerca de 50 millones de personas víctimas del trabajo forzoso y los matrimonios forzados en 2023, según la Organización Internacional del Trabajo, --OIT--; un incremento del 41% de las víctimas de trata en 2022, según datos de la UE, y hasta un 300% más de casos de víctimas de explotación laboral identificadas en España en el periodo 2019-2023, según el Ministerio del Interior.
Esta mayor incidencia, ha explicado el portavoz sindical de migraciones, se debe en los últimos meses al “efecto afloramiento” que está provocando la reforma del Reglamento de Extranjería, que reduce de tres a dos años el plazo para regularizar la situación en el país, y por los flujos migratorios, que también hacen llegar más inmigrantes a Aragón.
A juicio de UGT Aragón, las causas estructurales que motivan esta situación son “la creciente desigualdad social en España, la irregularidad administrativa como un vector clarísimo que empuja a las personas a la explotación laboral, la escasez de espacios de acompañamiento y de protección hacia las víctimas, así como la ineficacia y falta de dotación de las políticas de cuidados de personas dependientes y la inaccesibilidad y carestía de la vivienda”.
Un cóctel que, ha criticado Ranera, “obliga a muchas personas a aceptar cualquier tipo de trabajo en cualquier condición”. Ese fenómeno se desarrolla “de manera opaca”, en buena medida, ha lamentado “porque las víctimas colaboran al no denunciar, ya que tienen que sostenerse económicamente, o bien porque tienen miedo porque no desconocen las consecuencias de la posible denuncia, o bien porque no encuentran o conocen espacios de acompañamiento a su denuncia”.
No hay mejor ejemplo que el expuesto este jueves por una víctima de explotación laboral, cuya identidad el sindicato preserva para evitarle todavía mayor quebranto que el que ya padece. Se trata de una mujer en situación irregular, llegada del otro lado del charco, y que, al poco tiempo de aceptar un trabajo doméstico sin contrato, que incluía el cuidado de un señor mayor, cayó enferma. Su situación fue empeorando hasta que decidió asesorarse y acabó denunciando a su empleador.
“Llevo ocho meses sin trabajar. Pareciera que al poner la denuncia me hubiese puesto yo misma el sello de que no voy a trabajar. Es la primera vez que demoró tanto, lo más que había estado sin trabajo fueron cuatro días”, ha compartido.
Más de un año sin protección
Una situación que Ranera ha llamado a corregir de manera urgente: “Una persona que denuncia explotación laboral a la Inspección de trabajo es despedida y pierde sus únicos ingresos, toda su protección. Transcurren meses hasta que obtiene una respuesta y todavía más tiempo hasta que Inspección demuestra que esa persona ha trabajado más de seis meses para solicitar una autorización de residencia en Extranjería, lo que se puede demorar entre cuatro y seis meses más”.
El perfil de este testimonio encaja como un guante en el patrón de mujer joven --el 45% de las víctimas identificadas tiene menos de 35 años-- y migrante, dedicada al empleo doméstico, en el que trabajan siete de cada diez personas afectadas. Por detrás aparecen la hostelería, el transporte de mercancías y la reforma de viviendas. Esos cuatro sectores aglutinan el 85% de los casos detectados.
Pero es el empleo doméstico y el dedicado a los cuidados el centro de la preocupación del sindicato, que apunta en su informe al “fracaso” de las políticas sociales en España por dedicarse únicamente el 0,8 del PIB al cuidado de las personas dependientes de larga duración, la mitad de lo que se destina de media en la UE. Una diferencia que Ranera ha relacionado con el dato de que España acumule el 34% del total del empleo doméstico del conjunto de la Unión Europea.
Los cuidados detrás del empleo doméstico
En ese sentido, para Antonio Ranera “la deficiencia de las políticas de cuidados de personas dependientes de larga duración se cubre en España por un modelo erróneo de empleo doméstico precario y sin capacidad de negociación, en vez de cubrirse desde lo público y por empresas grandes con trabajadores”.
Las víctimas son captadas según relata el informe “por el boca-oído, a través de familiares y amigos, o bien a través de anuncios que se publican en internet”.
En ese estado de la situación, la última reforma estatal de la legislación laboral del empleo doméstico se ha visto “distorsionada” a juicio de UGT Aragón por esa dedicación encubierta a la tarea de los cuidados y por la “desigualdad social” que presiona a muchas familias, ya presionadas en materia laboral y que deben asumir el sobrecoste de esos cuidados de familiares. Ello, en conjunto, ataca al empleo doméstico, “el eslabón más débil”, y genera la “paradoja” de la mayor necesidad de cuidados mientras decrece el número de afiliaciones y de horas de trabajo reconocidas, según ha apuntado Ranera.
“Conforme más mejoran las condiciones laborales del empleo doméstico, con la subida del SMI y las mejores condiciones laborales, crece la economía sumergida en torno al empleo doméstico, que se plasma en jornada a tiempo parcial que encubren jornadas a tiempo completo”, ha criticado Ranera.
Un comportamiento que para la secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, Pura Huerta, se explica también porque quienes están en situación regular optan a mejores empleos y porque “el salario de la clase trabajadora y la clase media no se incrementa en el porcentaje que lo hace el SMI”.
Por ello, UGT Aragón ha reclamado una mesa de trabajo estable sobre la explotación laboral que evalúe los recursos existentes y que diseñe un plan de formación tanto para quienes actúan contra ella como para aquellos sectores como la sanidad o los servicios sociales que tienen capacidad de detección.