El Ayuntamiento de Zaragoza tramita unos 2.700 expedientes de vulnerabilidad a inmigrantes desde abril

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tramitado unos 2.700 informes de vulnerabilidad, desde que entrara en vigor, a mitad del mes de abril, el real decreto ley de regularización extraordinaria de personas migrantes. “Desde el Ayuntamiento tuvimos muy claro que teníamos que hacer una gestión muy eficaz y muy bien ordenada”, ha relatado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

Según ha informado, se han producido 4.500 llamadas telefónicas salientes que se han realizado desde la línea gratuita de los servicios sociales municipales para contactar con las personas migrantes que previamente han pedido cita para realizar este trámite. De ellas, unas 3.600 ya tienen o han tenido cita previa. Y unas 2.700 cuentan ya con el informe de vulnerabilidad.

“Al principio —ha recordado— recibimos críticas por parte de los que deberían habernos dado la información para poder hacerlo bien, pero afortunadamente gracias al gran equipo que tengo y a decisiones bien tomadas, al hacerlo a través de la Casa de las Culturas, con cita previa, con los informes que ya teníamos de los servicios sociales, la verdad es que ha ido fluido y no ha habido problemas”.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha comentado que se van cerrando las citas previas y ya tienen comprometidas fechas hasta la semana para estimar que serán unas 4.500 las personas migrantes que vayan a pedir el informe de vulnerabilidad.

Protección internacional

Orós ha comentado que, tras hablar con las entidades que tienen a las personas acogidas al derecho de protección internacional, que compete al Gobierno de España y que concede a las personas de Mali, Burkina Faso y Somalia, 'grosso modo' les han informado de que habrá algo más de 300 personas que se han acogido a esta regularización extraordinaria.

“Eso supone que el día que les den el papel dejan de estar bajo el manto de protección internacional y si dejan de estar bajo el manto de protección internacional y no se les da una continuidad puede suponer, y ojalá no sea así que 300 personas acaben en situación de calle”, ha alertado.

En ese sentido, ha adelantado que, cuando acabe el proceso y se tengan todos los datos, pedirá a la Delegación de Gobierno en Aragón que “no corte el Gobierno de España esos procesos de integración de las personas que tienen derecho a protección internacional y que se hagan cargo de ellos hasta que tengan un recurso habitacional estable y un empleo”.

En caso contrario, ha avisado de que “al final lo que hacen es derivar el problema a la administración local, que es la que se está encargando de una manera absolutamente intensa con respecto a otras administraciones de dar cobertura y ayuda a esas personas que llegan aquí de otros países en situaciones muy precarias”.