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Coordinación o muerte

Sánchez e Iglesias, en una de las reuniones para cerrar el Gobierno de coalición.

Sostienen los británicos que todos los gobiernos son de coalición entre el ministro del Tesoro, al que hay que arrancarle los recursos para cualquier tipo de iniciativa, y el resto de miembros del Ejecutivo. Si esto sigue siendo así, el nuevo Ejecutivo español es en realidad un Gobierno de doble coalición. Por un lado, del PSOE con Unidas Podemos. Por otro, de todos los que desde esta semana se sientan en el Consejo de Ministros con la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Por si le faltaba algún aliciente a la fórmula, Montero es además la portavoz del Gobierno; es decir, la responsable máxima de la comunicación.

La experiencia dice que el secreto del buen o mal funcionamiento de los gobiernos de coalición entre dos o más formaciones diferentes es la cohesión interna, la coordinación entre los diferentes ministros, y la comunicación a la sociedad de lo que barajan, proponen y hacen. Quizás por eso el presidente, Pedro Sánchez, decía este domingo en su comparecencia pública para presentar a su equipo de Gobierno que "este hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra".

Lo de una misma palabra será complicado hacerlo. La distancia ideológica entre algunos miembros del Gobierno que van a trabajar en el mismo área o en áreas cercanas es enorme. Por ejemplo, entre el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, hay un gran lejanía ideológica. O entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por un lado, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por otro.

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Una derecha con déficit democrático

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Los dirigentes del PP Teodoro García Egea (i), Cayetana Alvarez de Toledo y Pablo Casado, durante la segunda jornada del debate.

A los muchos y graves problemas que ya sufre España, se le acaba de añadir otro: la derecha se echa al monte. Como tantas otras veces en nuestra historia, pero ahora con algunos tics guerracivilistas y progolpistas muy preocupantes, más propios de nuestro convulso siglo XIX que del que creíamos civilizado y europeísta XXI. En las postrimerías de aquel, el XIX, se lamentaba Benito Pérez Galdós, ahora recordado por el centenario de su muerte: "Lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer". Ya bien avanzado este, el XXI, lo viejo viejísimo de nuestra política no sólo no muere sino que resucita y revive, y lo nuevo no sabemos aún si será capaz de nacer, obstaculizado y frenado torticeramente por esa derecha cavernaria.

Con demasiada frecuencia en nuestra historia reciente y remota, la derecha ha adolecido de un cierto déficit democrático. En demasiadas ocasiones ha ido arrastrando los pies con la democracia. Ahora, por ejemplo, sus convicciones en los cuatro "valores superiores" que la Constitución vigente consagra nada menos que en su artículo 1, "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"; o en la libertad ideológica (artículo 16), o en la libertad de expresión (artículo 20) son endebles. Da la impresión de que creen más en la ley del embudo (a nosotros por la parte ancha, a los que no piensen como nosotros por la estrecha) que en la ley de leyes.

Su déficit en el respeto al pluralismo político es pavoroso. Los intentos de deslegitimar al que no concuerda con sus convicciones o al que tiene otras muy distantes los vemos estos días de forma cruda. Los escaños de ERC o de EH Bildu -partidos legales, no se olvide- tienen el mismo origen lícito que los del PP, los de Vox o los de Ciudadanos: el ejercicio libre del derecho a voto de los españoles cuando son llamados a las urnas. Pero para parte de la derecha, la misma que en su día fue ambigua con la Constitución y que ahora pretende expedir carnets de constitucionalismo, son escaños espúreos e ilegítimos. ¿Por qué? Pues porque piensan diferente a ellos y, sobre todo, porque van a permitir con su abstención que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante y el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos eche a andar.

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Un programa de Gobierno constitucionalista y de modernidad

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se estrechan la mano tras firmar el acuerdo de Gobierno.

Por lo general, los programas electorales se hacen para ganar unas elecciones y, una vez en el poder, cumplirlos solo a medias, en lo que buenamente o malamente se pueda. Comprometen poco. En cambio, los programas de Gobierno comprometen mucho más, especialmente si se anuncian cuando se está a punto de gobernar. Son casi de obligado cumplimiento. Sorprende por ello, agradablemente, el ambicioso plan de Gobierno que este lunes han presentado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líderes de PSOE y Unidas Podemos (UP), respectivamente, y en breve presidente y vicepresidente de nuestro primer Gobierno de coalición.

El conjunto del programa tiene dos claros ejes vertebradores. Por el primero, bien podría decirse que este es un plan constitucionalista, un plan comprometido con esos artículos de la Constitución que establecen políticas y derechos que la crisis económica global y los gobiernos de la derecha han deteriorado gravemente. Entre ellos estos:

El programa de Gobierno PSOE-UP les presta a estos artículos la atención debida. Al artículo 1 con, entre otras muchas, las propuestas para la España vaciada. Al 14, con medidas feministas en muy diversos campos, desde la coeducación en todos los niveles de la enseñanza a la obligatoriedad de las listas cremallera en todos los procesos electorales. Al 16 –tibiamente–, con el anuncio de que la asignatura de Religión no computará a efectos académicos. Al 20, con la derogación de la ley mordaza. Al 31, con la subida de impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones. Al 35, con la derogación de la reforma laboral del PP, las subidas previstas en el Salario Mínimo Interprofesional y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Al 47, con medidas directas en el mercado de la vivienda, incluida la de limitar el precio de los alquileres. Al 48, con la posibilidad de bajar la edad para votar a los 16 años. Al 50, con una nuevo Pacto de Toledo que garantice el poder adquisitivo de los mayores y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

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Fin de año hábil en el Congreso por si acaso

El pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que afronte el conflicto catalán, entre otras cuestiones urgentes e importantes, avanzaba poco a poco este penúltimo lunes del año. "Aún queda", cuenta a primera hora de la tarde uno de los cocineros. "Seguimos cocinando", asegura otro buen conocedor de los pormenores y del momento de cocción. Y añade: "Lo sacaremos en su punto".

Todos dan por hecho que en pocas horas o en muy pocos días se salvarán los últimos escollos, incluidos los derivados de las novedades judiciales de último momento: Junqueras, Puigdemont, Fiscalía, Abogacía del Estado, Tribunal Supremo... Todos los poderes del Estado están en alerta. El Ejecutivo, el Judicial... Y el Legislativo: este lunes, en la Mesa del Congreso de los Diputados, que preside Meritxell Batet, han habilitado los días 28 de diciembre (sábado, y día de los inocentes y de las bromas), 29 (domingo) y 30 (lunes, día de la semana en el que no suele haber plenos) por si es necesario que haya sesiones para la investidura, en primera o segunda vuelta, según dispone la Constitución en su artículo 99. Batet es persona prevenida, y no quiere que las novedades, si las hubiera, le pillen sin todo dispuesto.

Mientras, una parte del Legislativo, la que está en la oposición (PP, Vox y por ahora también el Ciudadanos de la gestora y de Inés Arrimadas), y otra parte del llamado cuarto poder, el de la prensa, bombardean el posible acuerdo izquierdo-independentista con todo tipo de comentarios, declaraciones, artículos o proclamas, mucho de ellos más pensando en clave interna de partido o de facción que en ejercer una oposición leal y decir que no les gusta lo que están viendo. En su cruzada, algunos han ido muy lejos: el general Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012 (es decir, con Gobierno socialista del Zapatero y con Gobierno popular de Rajoy) y actual portavoz del partido ultraderechista Vox en el Ayuntamiento de Palma, ha pedido a "los poderes del Estado" que "impidan la investidura como presidente del Gobierno de Sánchez", al que considera "un problema para la seguridad nacional". ¿Lícita crítica política o llamamiento implícito a un golpe de Estado?

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El crudo invierno demográfico, nuestro gran problema estructural

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Cabecera de la manifestación con miembros de las plataformas de Castilla-La Mancha FOTO: Raquel Gamo

En la política, como en muchos otros órdenes de la vida, hay veces en que atender lo urgente y coyuntural no deja tiempo para afrontar del modo debido lo importante y estructural. Vivimos en una sociedad y en unos tiempos en que estamos rodeados de problemas de los dos tipos, y todos ellos graves o muy graves. Entre los importantes, estructurales y muy graves, hay algunos que nos superan, que son de ámbito muy superior al nacional o estatal (por ejemplo, el del cambio climático, donde como acaba de verse en la Cumbre de Madrid si algunas potencias arrastran los pies el resto de jugadores se ve obligado a ese mismo ritmo lento de reacción, por más que quisiera ponerle otro), y hay uno que encadena silenciosamente una mala noticia tras otra sin que apenas genere debate y alarma públicos. Hablamos de la crisis demográfica, de nuestra gravísima crisis demográfica general.

Hace unos treinta años, Harri Holkeri, que era entonces primer ministro de Finlandia, se dirigió un día a sus compatriotas para contarles esto: "Me dicen los expertos que, al paso que vamos, en el año 3000 solo quedarán dos finlandeses. Si ambos son del mismo sexo, Finlandia estará en apuros". Ni con sentido del humor ni sin él se han dirigido nuestros dirigentes políticos a los españoles para decirles que tenemos un gravísimo problema demográfico no ya para el año 3000 ni para dentro de una década, sino para ya mismo. Que ya estamos metidos de hoz y coz en él. Ha habido algunas menciones y propuestas para algunas de las lateralidades del problema (la España vaciada, las pensiones, etc.), pero ninguna de ningún dirigente -ni Gobierno ni oposición en sus primeros niveles- que comunique a la opinión pública el problema en su justa medida y advirtiendo de su crudeza.

Las últimas noticias, la mayoría de ellas con datos del Instituto Nacional de Estadística, son muy preocupantes y confirman que España se ha adentrado en un crudo invierno demográfico. Por ejemplo, estas:

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Gobierno antes de Nochevieja (y que no sea una inocentada)

Del pacto entre PSOE y ERC ya no se discute tanto si lo habrá, se da por hecho en ambas partes que sí, sino el qué y especialmente el cuándo. A mediados de la semana pasada se extendió la idea entre los dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos (UP) de que el acuerdo era inminente, que la investidura se podía producir en la semana del 16 de diciembre y que habría nuevo Gobierno en Nochebuena. El viernes 6, en uno de los corrillos en la conmemoración de la Constitución en el Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias, que fue el que días atrás había dicho lo de Nochebuena, ya ampliaba su propia predicción "a Nochevieja". Este lunes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ya habla de "después de Navidad o después de fin de año". En el PSOE, hay desde hace semanas algunos pesimistas -o realistas- que en privado dicen que ERC alargará el chicle de la negociación hasta bien entrado enero o incluso a febrero, para vender que con su resistencia ha sacado mejores contrapartidas y para tener tiempo a presentar el acuerdo en Cataluña como un triunfo no solo a su parroquia, sino a las del resto de formaciones, y especialmente a los de los otros partidos independentistas (Junts y la CUP), pensando sobre todo en que en pocos meses puede haber elecciones autonómicas.

En el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, este lunes 9 de diciembre -víspera del martes 10 en que se reúnen por tercera vez los negociadores de PSOE y de ERC- aún se piensa que hay tiempo para tener nuevo Gobierno antes de que acabe el año.

Las prisas en la dirección de PSOE y de Unidas Podemos, los dos pilares del Gobierno de coalición in péctore, son comprensibles. Los primeros creen que cuanto mayor sea la rapidez en el acuerdo, en la investidura y en la formación de Gobierno, menor será el riesgo de que aumenten las presiones en contra o de que crezca el número de viejas glorias socialistas que lo reprueben o combatan. En la dirección socialista, se considera que estos son muy pocos y que ya apenas tienen peso ni crédito ante los militantes, pero preocupa que la derecha y su prensa les pongan potentes altavoces para que se les oiga más, especialmente si de las negociaciones se desprende la impresión de que ERC va alcanzando sus objetivos.

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Rectificar o morir, el dilema de Ciudadanos

Inés Arrimadas.

Tras tres semanas de luto, duelo, dimisiones completas y a medias y alguna autocrítica -pero solo interna y parcial-, el nuevo Ciudadanos postRivera ha empezado a girar de nuevo la nave, a corregir algo el rumbo. Lo ha hecho este lunes Inés Arrimadas, la dirigente mejor situada para ser la nueva líder de la formación naranja. Ha propuesto al PSOE fórmulas diferentes a la pactada con Unidas Podemos de un Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pese a la confusión de algunos aspectos de la propuesta (no se entiende si esa oferta de Arrimadas a Sánchez incluye los escaños del PP por iniciativa propia, de ella, o si lo hace porque así se lo ha encomendado oficiosamente Pablo Casado), lo cierto es que algo empieza a moverse en Ciudadanos. A Sánchez, por cierto, bien le viene la oferta de cara a sus negociaciones con ERC para que se abstengan. Si seguís pidiendo lo imposible, podrá decirles, tengo una alternativa a la derecha que os va a gustar poco o muy poco.
La debacle que le esperaba en las urnas el 10 de noviembre al Ciudadanos de Albert Rivera la vio venir todo el mundo -el resto de los partidos, los medios de comunicación, los institutos demoscópicos, los jefes del Ibex, dos tercios de los votantes naranjas de abril pasado...-, salvo el líder y su núcleo duro. Los errores desde mayo de 2018 (cuando la moción de censura exitosa de Sánchez a Mariano Rajoy, allí empezó casi todo) fueron tantos y tan graves que sorprende que ese sanedrín cargado de talento que acompañaba a Rivera no viera venir el batacazo ni siquiera cuando algunos otros dirigentes del partido, menos abducidos por el jefe, empezaron hace ya bastante tiempo a hacer mutis por el foro.

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Teruel existe, y Soria, Zamora o Cuenca también

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Tomás Guitarte y Manuel Gimeno, de Teruel Existe, cuando anunciaron que la plataforma concurriría.

Una de las grandes sorpresas de los recientes comicios del 10N fue el fulgurante éxito de un movimiento ciudadano surgido hace ya dos décadas y convertido ahora en una candidatura electoral: Teruel Existe. Logró ser la lista más apoyada de su circunscripción, con 19.696 votos, el 26,70% del total de los emitidos, por delante de todos los partidos de ámbito estatal: PSOE (18.777 votos, el 25,46%), PP (17.473, el 23,69%), Vox (9.328 sufragios, el 12,65%) y Ciudadanos (3.710, el 5,03%). Los tres primeros -Teruel Existe, PSOE y PP- se repartieron los tres escaños en juego.
¿De dónde sale ese enorme caudal de votos, en una de las provincias menos pobladas de España? Pues, vistos los datos de las elecciones anteriores, en abril pasado, salen sobre todo del PSOE y de Ciudadanos, y en menor medida quizás también del PP. En abril, en efecto, el PSOE cosechó 25.500 votos, luego ha perdido casi 7.000 ahora; y Ciudadanos tuvo 15.378 votos, luego se le han esfumado casi 12.000. El PP sólo perdió en Teruel un millar de votos entre el 28A y el 10N, pero es probable que haya recibido ahora muchos votos de los que en abril fueron a Ciudadanos y que al mismo tiempo haya cedido una parte de los suyos de entonces a los de Teruel Existe ahora.

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Escaños legítimos, Gobierno legítimo

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Apenas anunciaron el 12 de noviembre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias su preacuerdo para intentar la investidura del primero como presidente de un Gobierno de coalición de sus respectivas formaciones, PSOE y Unidas Podemos, el cielo político y mediático de parte de las derechas se derrumbó sobre sus cabezas. Lo hicieron con críticas aceradas, a las que nada hay que reprochar, y con descalificaciones ruidosas, a las que hay mucho que reprobar.

Este debe de ser el Gobierno no nato que más palos recibe de la historia de España.

Las críticas, incluso las críticas previas y preventivas, son buenas en política. ¡Qué sería del debate público sin el derecho y el deber de criticar al Gobierno! Pero descalificaciones como las de aquellos que consideran los escaños de Unidas Podemos –y no digamos ya los de los independentistas de ERC– como menos legítimos que los suyos propios y por tanto no susceptibles de ser usados con un sí o una abstención para apoyar o permitir una investidura o un Gobierno señalan algo muy grave: un pavoroso déficit democrático. En el fondo, muchos de los que así se pronuncian están confesando implícitamente que solo aceptan el veredicto de las urnas si se adecúa a sus intereses y que, pese a que todos los asientos en el Congreso se basan en los votos de los ciudadanos y en lo que dispone la Ley Electoral, hay una especie de escaños de clase A –los propios y los de los afines– y otra de escaños B –los que piensan diferente a uno mismo–, con diferentes derechos para unos y para otros.

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El Big One del 10N deja un mapa difícil de gestionar

Pedro Sánchez durante la sesión investidura.

Desde hace ya más de media década, la política española encadena uno tras otro diferentes seísmos de magnitud elevada que cambian el mapa. Unos son autónomos, otros son réplicas de uno anterior, algunos de ellos van encadenados y comparten epicentro. La alta inestabilidad sísmica de estos últimos años no da momento de sosiego.

El 15M fue quizá el primer movimiento del ciclo. Luego, la emersión de Podemos en las elecciones europeas de mayo de 2014. Poco después, la de Ciudadanos. En mayo de 2015, la hecatombe del PP en autonómicas y municipales; en diciembre, el fin del bipartidismo a nivel nacional.

En 2016, la legislatura perdida de la primera mitad; y en la segunda, el golpe de Estado en el PSOE contra Pedro Sánchez, y su posterior resurrección vía primarias.

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