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El 'wait and see' de Pedro Sánchez llega a su fin

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Pedro Sánchez con Pablo Iglesias en una foto de archivo.

Quizás fue durante la misma noche electoral de las generales, el pasado 28 de abril, cuando el presidente Pedro Sánchez optó por el 'wait and see'. Esperar y ver. Esperar qué hacían los demás y ver después qué hacer él. Esperar a que las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo dibujaran el mapa definitivo, para los próximos cuatro años, y las expectativas de cada partido, ver después cómo se movía cada cual en las estrategias para pactar alcaldías y presidencias y gobiernos autonómicos y decidir más tarde cómo afrontar la negociación de su propia investidura como presidente.

El 'wait and see' ha durado hasta este lunes. Ahora, Pedro Sánchez ya ha visto todo lo que tenía que ver y va a pasar a la acción. Así lo han entendido al menos los asistentes a la Comisión Ejecutiva Federal del partido, en la mañana de este lunes.

La del 'wait and see' es, en el mundo empresarial, la práctica de gestión de los prudentes. A veces, también de los que dudan, de los indecisos, de los inseguros. En ocasiones, la de los cobardes. En ese ámbito, suele ser lo contrario al 'fortuna audaces iuvat' que decían los romanos. Lo contrario a las prácticas de los ejecutivos agresivos que tiene una intuición y una determinación y la ponen en marcha de inmediato aun a sabiendas de que corren graves riesgos. Sánchez a veces es audaz e incluso temerario —en la moción de censura, hace un año, por ejemplo, y le salió bien contra casi todos los pronósticos— y a veces es paciente, o prudente, o indeciso. Cobarde no parece, al menos hasta ahora.

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La calle, aún pesimista sobre la situación política

Elecciones europeas y municipales, las más cercanas a 'una persona, un voto'

Ademas de la polémica del mes -en esta ocasión, si los españoles prefieren un Gobierno en solitario del ganador de las elecciones generales, el PSOE, o un Gobierno en coalición con Unidas Podemos-, el Barómetro de mayo del CIS -publicado el jueves pasado- traía una información general muy relevante y en mi opinión poco destacada y analizada en los medios: un pesimismo dominante sobre la vida pública y un suspenso en su conjunto a la clase política, con algunos detalles novedosos que deberían preocupar no solo a los directamente señalados sino también a todos los actores de nuestro sistema de opinión pública.

En el Barómetro, que se elaboró con 2.985 entrevistas realizadas en toda España entre el 1 y el 11 de mayo -es decir, desde pocos días después de las elecciones generales del 28A recién comenzada la campaña de las europeas, locales y autonómicas del 26M-, había datos tan interesantes como estos:

Para el 51,8% de los encuestados, la situación política que se vivía esos días era igual a la de un año antes, para el 18,3% era mejor y para el 25,9% (sic, no es una errata) era peor. Significativo, pues un año antes de la encuesta vivíamos las convulsas semanas finales del Gobierno de Mariano Rajoy.

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El bipartidismo no ha vuelto, pero amaga con hacerlo

Papeletas en un colegio electoral.

Menos de cinco años después de la eclosión de los dos nuevos partidos estatales que llegaban a la vida pública española para sustituir —según ellos mismos— a las dos viejas formaciones de la transición, las urnas del pasado domingo han vuelto en gran medida las cosas a su sitio tradicional. No ha vuelto el bipartidismo, pero amaga con hacerlo. No ha vuelto el bipartidismo, pero el tetrapartidismo (y el pentapartidismo) no es ni mucho menos uniforme. Hay más partidos grandes de ámbito estatal, sí, pero de muy diversos tamaños, nada parejos.

En las elecciones europeas, donde la circunscripción es única para toda España y las oportunidades iguales para todos, el primero —el PSOE de Pedro Sánchez, con el 32,84% de los votos, récord del partido en la última década— le saca casi 23 puntos porcentuales de apoyo electoral al cuarto —Podemos-IU, con el 10,05%—, que hace tres años aspiraba a sorpassarlo, y casi 27 puntos al quinto —Vox, con un 6,25%—. Y el segundo, el PP de Pablo Casado, que desde hace un mes hasta hace pocas horas parecía moribundo, casi duplica (20,13% frente a 12,17%) al que iba a rematarlo y enterrarlo, el Ciudadanos de Albert Rivera.

La caída de Podemos está siendo casi tan acentuada y súbita como fue su auge hace muy pocos años. Nunca se ha cosechado y se ha perdido tanto apoyo popular y tanto poder institucional en tan poco tiempo. De aspirar —con fundamento— a asaltar los cielos, la formación de Pablo Iglesias ha pasado a perforar una vez tras otra su suelo, elección tras elección.

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Pedro Sánchez mira a Canarias y a Navarra

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Pedro Sánchez durante un mitin

La pregunta aún se la están haciendo no solo en el PSOE y en el Gobierno en funciones. También en el resto de los partidos políticos, estatales o nacionalistas. ¿Lo de ERC, poniendo palos en las ruedas de la estrategia de Pedro Sánchez para Cataluña –y en concreto bloqueando la semana pasada el nombramiento como senador de Miquel Iceta y su posterior elección como presidente de la Cámara Alta–, será coyuntural o estructural? Si coyuntural, solo hasta que pase el próximo domingo la jornada electoral y se resuelva la pugna en las europeas y en las municipales entre la formación de Oriol Junqueras y la de Carles Puigdemont por la hegemonía del independentismo catalán o se extenderá también hasta después de la sentencia del procés y unas hipotéticas elecciones catalanas anticipadas? Si estructural, ¿para toda la legislatura, para bloquear la legislatura y llevarnos a unas nuevas elecciones?

Por si acaso, en Moncloa se van a tomar con cierta calma y cautela los tiempos para intentar la investidura de Sánchez como presidente. Este martes se constituyen las Cámaras, con los también catalanes –como Iceta– Meritxell Batet y Manuel Cruz como presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente, pero es improbable que se ponga en marcha de inmediato el mecanismo que establece el artículo 99 de la Constitución de consultas del rey con los representantes de los partidos para buscar un candidato a presidente.

La mayoría de los partidos no están esta semana para consultas. Antes de decidir qué le cuentan al rey, todos quieren ver cómo les va a cada uno de ellos y a sus competidores el 26 de mayo en las urnas. Quieren comprobar si tendrán alguna pieza de cambio en comunidades autónomas o en grandes ayuntamientos que les ayude a configurar pactos de investidura o de apoyo parlamentario a un hipotético Gobierno. Hay incluso quien cree que en un partido, el PP, puede abrirse una nueva crisis el domingo por la noche si los resultados son tan catastróficos como el 28 de abril pasado. "Si el PP pierde la Comunidad de Madrid, algunos dirigentes críticos con Pablo Casado pedirán su cabeza de inmediato", aventura un alto cargo socialista.

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El 26M reparte poder... dinero y empleo

El 26M reparte poder, dinero y empleo.

El domingo 26 de mayo, los principales partidos no se juegan solo el poder político de la España descentralizada. Se juegan también mucho dinero y mucho empleo: varias docenas de miles de millones de euros anuales de gestión de dinero público y muchos miles de puestos de trabajo para sus respectivos cuadros internos. Como en diciembre pasado en Andalucía, donde los socialistas perdieron el poder autonómico tras ejercerlo durante 36 años consecutivos, algunos ataques de nervios de estos días tienen poco que ver con la ideología y la visión y la misión de cada fuerza política y mucho con el pago de la nómina, para los próximos cuatro años, de los muchísimos afiliados que han encontrado o están buscando en la política su modo de vida, su sustento económico.

En términos de gestión presupuestaria, las anteriores elecciones autonómicas y locales, celebradas en mayo de 2015, fueron desastrosas para el PP y muy beneficiosas para el PSOE y para candidaturas afines a Podemos. De las 13 comunidades autónomas que celebraban comicios, el Partido Popular perdió el Gobierno en seis de las diez donde lo tenía: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares y Cantabria. De entre las 15 ciudades más pobladas, lo perdió en ocho de las diez que gestionaba: Madrid, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Córdoba y Valladolid. Los presupuestos de las seis comunidades mencionadas sumaban por entonces un dineral: unos 42.560 millones de euros. Los de los ocho grandes ayuntamientos, 7.551 millones más. El número de asesores y contratados a dedo que se quedaron sin puesto de trabajo es incalculable... porque ni comunidades ni ayuntamientos, cualquiera que sea su signo político, son muy dados a publicar sus datos al detalle.

La mayoría de las encuestas indican que el 26 de mayo próximo se confirmarán en las urnas las grandes tendencias de votos que se apuntaron en las elecciones generales del 28 de abril pasado, con un PSOE pujante, un PP en caída libre, un Ciudadanos rampante, un Unidas Podemos (UP) declinante y un Vox emergente. Pero de ninguna de esas tendencias se puede hacer todavía una traslación directa a la pérdida y a la toma del poder tras el 26M. En la nueva España del pentapartidismo (PSOE, PP, Ciudadanos, UP y Vox) y de un número aún mayor de partidos o coaliciones nacionalistas muy sólidos en sus respectivos territorios (ERC, JxCat, PNV, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, Partido Regionalista de Cantabria...), todas las elecciones son ya a doble vuelta: una primera en las urnas con el voto de los ciudadanos y una segunda en los despachos con la negociación entre los partidos para buscar sumas -en ocasiones trasversales- que den una mayoría suficiente para una investidura.

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Necesitamos un sistema electoral más proporcional

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El PSOE gana las elecciones con 121 escaños y el PP baja a 73, según GAD3

Los resultados del 28A muestran de nuevo unas grandes desigualdades en nuestro sistema electoral. Una de las tareas de la legislatura debería ser pactar una nueva ley que mejore la proporcionalidad entre los votos populares y los escaños que generan y que represente mejor la diversidad de los ciudadanos.

Entre los muchos responsables (casi todos externos) de su debacle electoral del pasado 28 de abril, el PP de Pablo Casado ha señalado la división de la derecha y la Ley D'Hondt, por la que se asignan los escaños en juego. Lo primero es una perogrullada (a más concurrentes en cualquier orden de la vida, menos toca en el reparto; es obvio) y lo segundo directamente no es verdad: el Partido Popular ha sido uno de los más favorecidos a la hora de aplicar la fórmula matemática por la que, circunscripción a circunscripción, los votos populares se convierten en asientos en el Congreso. Cada escaño le ha costado al partido de Casado, de media, unos 66.000 votos. En ese ratio, al PP le ha ido mucho mejor que a Ciudadanos, que a Unidas Podemos o que a Vox, parecido que a los partidos nacionalistas y solo un poco peor que al PSOE, que fue con gran diferencia la formación más votada y que logró escaños en casi todas las circunscripciones.

La experiencia de cuatro décadas de democracia -y de aplicación del sistema D'Hondt- dice que casi siempre los más favorecidos en este asunto son los dos grandes partidos de ámbito estatal y los pujantes partidos nacionalistas de ámbito territorial muy corto. Y los grandes perjudicados, los partidos estatales con muchos votos dispersos en toda España, pero a mucha distancia de los dos primeros: hubo algunas elecciones en los que a IU cada escaño le costaba en torno a medio millón de votos.

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Yudoca octavo dan Pedro Sánchez

Hace no muchos años, una persona que lo conocía y trataba desde sus primeros pasos de concejal del Ayuntamiento de Madrid presentaba al entonces diputado raso Pedro Sánchez Pérez-Castejón a una tercera persona que lo conocía poco. La reunión, a petición del propio Sánchez, que quería contarles a ambos sus planes políticos, tenía lugar en un restaurante cercano al Congreso. A los postres, el diputado Sánchez hubo de ausentarse porque tenía en el hemiciclo una votación, y los otros dos comensales se quedaron a solas con los cafés.

-Un peso pluma, ¿no?

Golpe a golpe, combate a combate, victoria a victoria y sobre todo derrota a derrota, Sánchez ha ido escalando categorías en el pugilismo. Ligero, wélter, semipesado... Si fuera un boxeador, este domingo, 28 de abril, probablemente haya llegado con las elecciones generales a la categoría de los pesos pesados.

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Marcador no definitivo en el partido de ida

Los candidatos a la presidencia del Gobierno, en el debate de TVE

A los debates electorales, ese invento de la democracia televisiva y televisada estadounidense de los tiempos de Kennedy vs. Nixon que se ha extendido por todo el mundo, se va sobre todo a tres cosas: a afianzar el voto de los ya partidarios, a pescar el mayor número de votos de los indecisos y a no cometer errores graves. Los cuatro contendientes del debate de la noche de este lunes (RTVE, 22 a 23.30 horas) cumplieron el expediente y con las tres previsiones, pero en diferente grado. Pedro Sánchez quizás estuvo demasiado reservón, especialmente en la primera mitad. Albert Rivera se mostró contundente y al ataque, pero quizás un tanto acelerado. A Pablo Casado, el menos experimentado de los cuatro en estas lides, se le vio algo nervioso y sin encontrar por completo su sitio. Y a Pablo Iglesias, con la capacidad dialéctica de sus comienzos en política y con un punto de estadista y algunos rasgos de autocrítica que apenas se le conocían hasta ahora. Si hubo un ganador del debate, fue el líder de Unidas Podemos. Hasta se permitió el lujo de darles al resto –y especialmente a las derechas– varias lecciones de constitucionalismo, de la Constitución social y de los derechos civiles.

Las encuestas aseguran que hay aún muchos indecisos ante las elecciones del próximo domingo. Muchos electores que han decidido votar, pero que aún no tienen claro a quién. Dicen también los sondeos que los indecisos dudan dentro de cada bloque y que apenas hay trasvases entre estos. Los de derechas se debaten entre PP, Ciudadanos y Vox. Los de izquierdas, entre PSOE, Unidas Podemos y quedarse en casa. Si es así, en la pugna del bloque de la derecha Albert Rivera se impuso a Pablo Casado con cierta claridad. El líder del partido naranja, que sabe que tiene el voto más volátil de todos y que ha de arriesgar más en su dura liga, se apresuró a atacar con contundencia a Pedro Sánchez, sobre todo con Cataluña; a sacar banderas, una en la muñeca y otra en una cartilla sanitaria impostada; a prometer bajadas de impuestos y reformas liberales varias; y a ofrecer a Casado un Gobierno "constitucionalista"... presidido por el propio Rivera. El líder del Partido Popular, único debutante en este formato de debate, quizás quiso parecer más presidenciable que en sus agitados mítines, y se vio desbordado por su a veces hiperventilado rival y socio naranja. Si Casado se quedó corto, Rivera se pasó de largo, pero en el balance final se impuso el segundo.

En el bloque de izquierdas, Pedro Sánchez trató de vender su gestión como presidente estos últimos diez meses, enarbolando mucho lo social, y de entrar poco en los duros ataques de Rivera y de Casado y en las corteses pero contundentes preguntas de Iglesias, sobre todo una reiterada a si pactaría con Ciudadanos. Esta actitud amarrategui de Sánchez le lastró bastante, especialmente en la primera parte del debate. Mejor le fue ante su parroquia al presidente del Gobierno cuando golpeó a sus adversarios de derechas: a ambos con el feminismo y con sus tratos con Vox, y a Casado además con sus mentiras ("Hay que ponerle a usted un detector de verdades"), con la corrupción o con los 127 pactos del PP con Bildu.

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Cinco certezas y cinco incertidumbres sobre el 28A

La campaña electoral está resultando en sus primeros días tan dura, embarrada y descontrolada como auguraban los peores pronósticos. Todas las formaciones, y sus respectivos líderes, saben que hay aún mucho voto por movilizar, mucho partido por jugar, y se han lanzado a ello con todas sus fuerzas, en demasiadas ocasiones vulnerando algunas de las normas básicas de la política, al menos de la concepción tradicional de la política hasta tiempos muy recientes: no mentir, no insultar al adversario, no crispar, no incendiar la opinión pública...

La pugna es especialmente intensa porque en la cita del 28 de abril (28A) nos jugamos todos mucho más que quién nos gobierna durante los próximos cuatro años. Está también en juego el modelo territorial, económico, social y de derechos con que España entre en la próxima década.

A menos de dos semanas de la cita con las urnas, hay algunas certezas y otras tantas incertidumbres. Por ejemplo, estas entre las certezas:

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La sentencia del juicio del 'procés' se retrasa a otoño

El juicio del procés.

El juicio del procés va a durar bastante más tiempo de lo que el tribunal esperaba cuando comenzó, hace dos meses, y la sentencia no se conocerá en pleno verano, como se pretendía inicialmente, sino que se demorará al otoño, probablemente a octubre. En el entorno del tribunal, que preside Manuel Marchena, reconocen ya sin ambages la demora. Carles Puigdemont y Quim Torra, que barajaban convocar elecciones autonómicas catalanas pasados los tres importantes hitos de los próximos meses -las generales del 28 de abril, las europeas y locales del 26 de mayo y la sentencia-, y en función de cómo le hubieran ido las cosas en todas ellas al mundo postconvergente, tendrán que revisar también su calendario.

Inicialmente, el tribunal se hizo un cálculo temporal muy ajustado. Febrero para las cuestiones previas, el interrogatorio de los acusados y los principales testigos políticos. Marzo para el resto de los testigos, unos 500 en total, y para las pruebas periciales. Abril para las pruebas documentales (las fotos y sobre todo los vídeos, en los que tanto las acusaciones como las defensas tiene albergadas muchas esperanzas) y para finalizar, como es preceptivo, con los informes finales de todas las partes y dejarlo visto para sentencia antes de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 28. Y la sentencia, ya avanzado julio, con media España de vacaciones para así rebajar el impacto en la opinión pública de la decisión judicial, fuera esta dura, semidura o blanda.

La previsión de calendario del tribunal comenzó a saltar por los aires hace tres semanas, cuando los fiscales emplearon hasta tres horas en interrogar a alguno de los mandos políticos de los diferentes cuerpos policiales, en busca de las pruebas que avalaran la acusación de rebelión que ha formulado el ministerio público. Quizás la Fiscalía (Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno), muy cuestionada los primeros días por su aparente falta de preparación de algunos interrogatorios a los acusados, intentaba así resarcirse de aquella impericia con este nuevo celo interrogador.

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