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Prórroga larga de Carlos Lesmes y de la influencia del PP en el poder judicial

Carlos Lesmes

Estos días se están haciendo diferentes balances, muchos de ellos contradictorios, sobre la voladura -vía whatsapp de Ignacio Cosidó- del pacto PSOE-PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En realidad, quizás todos tengan algún punto de razón, y el balance conjunto sea más complementario que contradictorio.

El balance que hacen en el PSOE dice que el fiasco muestra de modo obsceno el sentido patrimonial que el Partido Popular tiene de la Justicia, así como la levedad del liderazgo de Pablo Casado y las intrigas internas que le acechan. El del PP pone el foco en que a Pedro Sánchez no le sale nada bien, es casi un gafe que no gobierna, y en que Casado ha sabido hacer de la necesidad virtud y ponerse a la cabeza de la manifestación para abogar por la independencia de la Justicia. En Podemos aún están preguntándose quién vetó y por qué a su candidata a miembro del CGPJ, la magistrada Victoria Rosell, y las respuestas van desde quien ve la mano negra muy cerca, cerquísima, a quien la ve en las antípodas ideológicas, sin descartar al mismísimo presidente del Gobierno. En Ciudadanos consideran que, al ser ellos los únicos que no entraron en el pasteleo previo de nombres y cargos, son ellos los ganadores morales y éticos del episodio. Y en el independentismo catalán, hay quien aún ve en el fracaso de la operación una conjura para que el presuntamente muy duro Manuel Marchena siga siendo el presidente del tribunal que juzgará el procés y no lo sea un magistrado más blando.

Balances políticos provisionales aparte, la enésima crisis de la Justicia ha tenido dos ganadores (o tres, como se verá más tarde), y de muy distinto signo. Uno de ellos es Marchena, que con su gesto de renunciar a esa posible presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo se ha sacudido en parte esa leyenda de los últimos años que le presentaba como un jurista cercano al PP y ha aumentado la que le describe como el magistrado del Supremo técnicamente mejor preparado e incluso el menos dado a hacer política con sus resoluciones. 

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Pedro Sánchez, con un Plan A, un Plan B y ahora un Plan C

Pedro Sánchez

¿Globo sonda para pulsar reacciones? ¿Maniobra para quitarse la presión de la oposición? ¿Aviso a los socios parlamentarios, sobre todo los independentistas?

Una declaraciones este lunes del número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, aventurando que "no es descartable" que las elecciones generales se convoquen para el próximo 26 de mayo y se junten a las locales, autonómicas y europeas ya previstas, han agitado las ya revueltas aguas políticas. Otras declaraciones, poco rato después, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que la facultad de convocar a las urnas es suya y solo suya y que la fecha de mayo es solo una más de las posibles, han añadido aún mayor agitación y confusión al panorama. Hasta el punto de que Podemos, principal socio parlamentario del Gobierno, ha convocado de urgencia para este viernes a su consejo ciudadano, el máximo órgano del partido entre asambleas. 

Desde hace varias semanas, desde el entorno del presidente se filtran varias hipótesis de escenario político y a la vez las contrarias, o al menos algunas divergentes. Una de las más divulgadas desde hace unos diez días decía que Sánchez está pasando ya a su Plan B: renunciaría a lograr más apoyos para los Presupuestos que los que ya tiene de Pablo Iglesias y de Unidos Podemos, prorrogaría los que heredó de Mariano Rajoy, matizaría y corregiría estos a golpe de decreto ley durante todo el primer semestre del próximo año con medidas sociales y políticas de general consenso en el centro izquierda y la izquierda -nuevo Salario Mínimo Interprofesional el 1 de enero, exhumación de Franco un mes después, desactivación de las leyes de educación y de reforma laboral del PP, plan de empleo para jóvenes, etc.- y se presentaría con todo ese bagaje ante los electores en otoño de 2019 o a primeros de 2020. 

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Los partidos abandonan el centro político al mismo tiempo que los electores se concentran en él

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Se repite como un mantra desde los primeros años de la transición: en el centro se ganan las elecciones, quien ocupa el centro y la moderación se garantiza un rendimiento electoral suficiente como para aspirar a gobernar o al menos a decidir quién gobierna. Desde hace ya más de cuarenta años, esta ha sido una de las pocas verdades tomadas por inmutables y constantes en nuestra cultura política.

El habilísimo Adolfo Suárez hizo del centro su principal bandera política, e incluyó el posicionamiento ideológico hasta en el nombre de las formaciones que lideró, desde la pujante Unión del Centro Democrático, que gobernó España de 1977 a 1982, al pequeño pero decisivo en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas Centro Democrático y Social (CDS). El no menos hábil Felipe González hizo girar hacia el centro al PSOE, al renunciar en 1979 al marxismo como la ideología oficial del partido, poniendo así una de las principales piedras de su aplastante victoria en las elecciones generales de 1982.

En el centro se ganan las elecciones en España. O se ganaban, porque de pronto el centro político se está quedando clamorosamente vacío. El PP de Pablo Casado se va aún más a la derecha de lo mucho que ya estaba con Mariano Rajoy, probablemente inquieto el nuevo líder popular por la emersión, a su derecha, de Vox. Ciudadanos toma carrerilla en su deriva derechista para acercarse a ambos. El PSOE de Pedro Sánchez se escora hacia la izquierda, quizás arrastrado primero por su pugna con Podemos por la hegemonía en esa zona de la escala ideológica y después, ahora, por el roce con Unidos Podemos, que se ha convertido en el principal apoyo parlamentario del Gobierno socialista. La brega política se está polarizando tanto, en fin, en los dos extremos del tablero que en el centro se ha abierto un enorme espacio vacío, un desierto en el que no habita ni milita ninguna formación de ámbito estatal siquiera mediana.

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Reformar el Código Penal, una salida judicial y política a la causa del 'procés' y al conflicto catalán

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Disturbios en Barcelona en torno al 1-O

Las calificaciones provisionales en la causa del procés catalán por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, concretadas el viernes pasado, no han dejado contento a nadie.

Ni a la oposición -PP y Ciudadanos-, que ve en la "sedición" por la que por ahora apuesta la Abogacía como una rendición del Gobierno de Pedro Sánchez ante sus socios parlamentarios independentistas para seguir en el poder.

Ni a los independentistas, que interpretan la dureza de la Fiscalía -rebelión, y 25 años de prisión para Oriol Junqueras- casi como una agresión y el posicionamiento de la Abogacía como un guiño insuficiente.

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La desigualdad, nuestro nuevo "valor superior"

Una oficina de empleo

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que se hizo pública el jueves pasado, traía algunas buenas noticias: el número de ocupados sube por encima de los 19,5 millones, la tasa de paro cae por primera vez en 10 años por debajo del 15% y se sitúa en el 14,55%... Pero también traía algunas malas o incluso muy malas: la tasa de actividad baja unas centésimas, 151.000 de los 176.300 asalariados nuevos del trimestre tienen contrato temporal, uno de cada tres jóvenes menores de 25 años está parado, aún hay en España más de un millón de hogares con todos los miembros en paro... 

Desde que nuestro PIB crece, se repite tantas veces que España ha salido de la crisis que vamos a acabar engañándonos a nosotros mismos. La economía española en su conjunto ha superado la crisis global, es cierto, pero una parte muy importante de la población aún no lo ha hecho ni parece que lo vaya a hacer a corto o medio plazo. El último informe para España de la EAPN (European Anti Poverty Network) es contundente. El indicador AROPE (acrónimo de At Risk Of Poverty and/or Exclusion) dice que el número de residentes en España que están en riesgo de pobreza y exclusión social es aún muy alto: 12,33 millones, el 26,6% del total de la población, muy lejos del compromiso presentado en 2010 por la Unión Europea para 2020, y estamos a solo dos años del 2020. Estuvimos peor, en efecto. En 2014, el índice AROPE estaba en España en el 29,2%, pero la reducción está siendo bastante más lenta de lo que debería o de lo que se podría esperar de tantos indicadores macroeconómicos que dicen que nuestra economía mejora.

La igualdad es uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Está en el artículo 1 de nuestra Constitución. Junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político, la igualdad es uno de los cuatro "valores superiores" que nos rigen. Los padres de la Constitución quisieron ponerlo ahí, en un lugar tan relevante como es el primer artículo del Título Preliminar, el mismo que dice que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Social y democrático, a la par y en ese orden. 

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Andalucía, un DAFO para el PP de Pablo Casado

Casado y Juanma Moreno, candidato del PP a las elecciones andaluzas

A poco más de un mes de las elecciones andaluzas, que se celebrarán el domingo 2 de diciembre, los nervios andan desatados entre algunos miembros de la nueva cúpula directiva del Partido Popular. La primera cita con las urnas del nuevo PP le llega demasiado pronto a Pablo Casado, presidente del partido desde hace solo tres meses.

Aunque no ha parado desde julio, a Casado se le acumula el trabajo y, recientemente, los contratiempos.

La convención con la que quiere rearmar a su partido tras la caída de Mariano Rajoy del Gobierno y su salida del liderazgo de la formación ha tenido que aplazarla a enero, precisamente porque coincidía la fecha primera que había fijado con la que determinó después Susana Díaz para los comicios andaluces.

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El pacto PSOE-Unidos Podemos para los Presupuestos se extenderá a gobiernos autonómicos y alcaldías

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Aunque los ambiciosos Presupuestos acordados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no logren sortear los muchos obstáculos que aún les quedan (la Comisión Europea, el amago de los independentistas catalanes de vincularlos al procés y a la libertad de los políticos presos, el bloqueo de Partido Popular y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, la mayoría absoluta del PP en el Senado...), algunos frutos ya ha cosechado el pacto. 

Ha demostrado que, al menos sobre el papel y que cuadre, se pueden hacer políticas económicas que no sean austericidas y que traten de restaurar el deteriorado Estado del bienestar y paliar la desigualdad creciente. Ha cerrado, al menos por ahora, algunas fisuras surgidas entre el Gobierno y el PSOE por un lado y Unidos Podemos por otro por la crisis de reputación que ha sacudido en las últimas semanas a algunos miembros del Ejecutivo: Montón por su máster, Delgado por Villarejo, Duque por su sociedad patrimonial, Borrell por Abengoa, el propio Sánchez por su tesis. Ha puesto una vez más en evidencia a las derechas, que por la desmesura de su reacción en contra muestran de nuevo su falta de fair play  y hasta de convicción democrática cuando pierden el poder y pasan a la oposición. Ha dejado estupefactos, cariacontecidos y mudos por un rato a quienes desde hace semanas le hacen la lápida política a Sánchez y le "exigen" que convoque elecciones de inmediato, argumentando una presunta debilidad del presidente del Gobierno.

Y ha perfilado, y esto es probablemente lo más relevante, todo un nuevo ciclo de pactos de Gobierno de izquierdas que probablemente se extenderán en unos meses a diferentes comunidades y ayuntamientos, aumentando el mucho poder que los socialistas ya tienen en esos ámbitos y consolidando en parte el que la nueva izquierda logró en las llamadas 'ciudades del cambio'.  El panorama sería así muy diferente al de hace apenas medio año, cuando gobernaba Mariano Rajoy y las encuestas daban a la suma de PP y Ciudadanos seis u ocho puntos porcentuales más que a la de PSOE y Unidos Podemos. Quizás este cambio y la aún poco digerida moción de censura que jubiló a Rajoy expliquen los nervios desatados de las derechas.

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La batalla de la derecha se desplaza hacia la extrema derecha

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Los dirigentes de Vox, con Santiago Abascal, aplauden al público en el mitin de Vistalegre.

La exhibición de fuerza mostrada este pasado fin de semana por Vox, al llenar con 9.000 simpatizantes el madrileño Palacio de Vistalegre, un recinto que sólo Podemos en sus mejores tiempos lograba abarrotar, se ha recibido con cierta irresponsable satisfacción en algunos ámbitos de la izquierda. Si la derecha se fragmenta más, mayores serán las posibilidades de la izquierda para seguir gobernado, se dicen a sí mismos estos observadores. Hacen mal. La capacidad de movilización de Vox, y su probable entrada en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, es una mala noticia para el conjunto de nuestro sistema político. No sólo porque pondrían fin a una peculiaridad positiva de España en el conjunto de la UE, la no existencia entre nosotros de un partido fuerte de extrema derecha y xenófobo, sino también porque puede arrastrar a los partidos de la derecha ya asentados, PP y Ciudadanos, a competir entre sí y con el recién llegado con propuestas, planteamientos y proclamas cada vez más extremos.

Lo de Vistalegre no es el primer aviso de Vox. Varias encuestas electorales privadas ya habían detectado semanas atrás la posibilidad de que el partido que lidera Santiago Abascal -antiguo parlamentario vasco del PP- logre algún escaño en las próximas elecciones generales. Y no sólo las privadas. El CIS, en su último Barómetro -un estudio muy amplio que en este caso se hizo con 2.972 entrevistas presenciales, el triple de lo que suelen hacer las encuestas privadas-, le adjudicaba a este partido un escaño, con el 0,9% de voto directo del total nacional y un 1,4% de voto estimado, lo que equivale a decir que si hubiera ahora elecciones podría cosechar en toda España varios centenares de miles de sufragios.

Los cruces del Barómetro -la letra pequeña, los datos cruzados con variables de todo tipo- dan mucha información sobre el potencial electorado de Vox. Indican, por ejemplo, que el partido de Abascal encuentra más apoyos entre los hombres que entre las mujeres -el 1,2% en voto directo entre el electorado masculino, frente al 0,7% en el femenino; recuérdese que la media es de 0,9%-, entre personas de mediana edad -lograría el 2,1% de los votos entre personas de 35 a 44 años, y el 1,4% entre los de 45 a 54 años-, en ciudades medianas y grandes -el 2,2% en municipios de 50.001 a 100.000 habitantes, el 1,5% en las de 100.001 a 400.000 habitantes y el 2% en las de más de un millón- y entre población con formación media o superior -el 1,4% entre electores con FP y el 1,3% entre los que tienen estudios superiores-. El Barómetro apunta también cuáles serían las dos comunidades donde Vox se implantaría inicialmente con cierta fuerza, muy por encima de su 0,9% de su voto directo a nivel nacional: la Región de Murcia, donde lograría el 4,7% del total de los sufragios, y la Comunidad de Madrid, donde alcanzaría el 3,2%.

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PP y Ciudadanos intentan bloquear al Ejecutivo y al Legislativo

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Albert Rivera (izquierda) y Pablo Casado (derecha)

Confirme a lo previsto desde hace ya muchas semanas, el otoño ha entrado caliente -en lo meteorológico y sobre todo en lo político- no sólo en Catalunya, estos últimos días de nuevo agitada, sino también y sobre todo en Madrid. En el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Palacio de la Moncloa, en las sedes centrales de los principales partidos. El mapa político nacional, que sufrió una primera sacudida sideral en las elecciones de diciembre de 2015, con el fin del bipartidismo y la eclosión de dos nuevos y pujantes partidos nacionales, Podemos y Ciudadanos, y una última este mayo pasado, con el desalojo del poder central del PP, aún está buscando su nueva configuración, su asiento.  

El nuevo tiempo ha traído dos evidencias. Una, la del final de las mayorías absolutas y la necesidad continua o de pactos permanentes o de acuerdos ocasionales para los que muchas de las veces se necesitan al menos tres jugadores alineados. Otra, la de la mala proporcionalidad, la deficiente transformación del voto popular de los ciudadanos en escaños en los plenos de las Cámaras, y la muy deficiente en sus órganos de gobiernos.

Los datos son contundentes. Resultados de las elecciones generales de 2016, en las que se basa la actual legislatura. Con el 33,03% del voto popular, el PP logra 137 escaños, el 39,1% del total del Congreso. Seis puntos porcentuales por encima en diputados que en votos. El PSOE, con el 22,66% de los votos, obtiene 85 escaños, el 24,2% del total. Más de un punto y medio por encima. Unidos Podemos, con el 21,1% de los votos, 71 escaños, el 20,2%, casi un punto porcentual por debajo. Ciudadanos, con el 13,05% de los votos, 32 escaños, el 9,1% de los asientos, casi cuatro puntos menos. El partido de Albert Rivera es aquí el principal perjudicado, y se queja con razón.

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El transversal Antonio Garamendi se perfila como nuevo presidente de CEOE

El próximo 21 de noviembre, CEOE celebrará elecciones para elegir a su nuevo presidente, al sucesor de Juan Rosell, que llega al límite de sus dos mandatos y no puede presentarse a la reelección. La convocatoria formal y la apertura del plazo de presentación de candidaturas se hará 40 días antes de esa fecha, pero todo indica que salvo sorpresa solo habrá un candidato, Antonio Garamendi, y que si hay algún otro postulante, las posibilidades de este último serán mínimas o incluso inexistentes. Garamendi lleva preparando estas elecciones desde hace mucho, visitando una a una las casi 200 organizaciones sectoriales y territoriales en las que se integran unos dos millones de empresas y autónomos y que componen la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). "Antonio lleva preparando y ganando estas elecciones casi desde el día, hace ya casi cuatro años, en que perdió por muy poco frente a Rosell", cuentan en su entorno.
 
Antonio Garamendi Lecanda cumplió 60 años en febrero pasado. Su trayectoria personal y profesional parecían encaminadas desde siempre a un destino como el que ahora parece que le aguarda. Nacido en Getxo (Vizcaya), licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, tiene una larga trayectoria no solo en la gestión empresarial o en consejos de administración de diversas compañías (La Equitativa, Bankoa, Handyman, Grupo de Negocios de Ediciones y Publicaciones, Babcock & Wilcox Española, Albura, Red Eléctrica Española, Tubos Reunidos, Sodexho…) sino también en el asociacionismo empresarial. Fue presidente de los Jóvenes Empresarios vascos, luego de los españoles y de los iberoamericanos, más tarde de la poderosa Confemetal... En diciembre de 2014 intentó por primera vez acceder al liderazgo de los empresarios. Perdió por muy poco, por solo 33 votos. Logró 312 papeletas, frente a las 345 del ya entonces presidente, Rosell. Pactaron no desencadenarse una guerra interna. Rosell, presidente; Garamendi, vicepresidente y presidente -que ya lo era- de Cepyme.
 
No han sido años tranquilos en la patronal. Rosell emprendió un proceso de cambios y de transformación en una organización que salía del sobresalto del mandato del controvertido -y procesado, y encarcelado- Gerardo Díaz Ferrán (2007 a 2010) y de los larguísimos 23 años de poder omnímodo de José María Cuevas (1984 a 2017). Antes de Cuevas, CEOE sólo había tenido un presidente, Carlos Ferrer Salat, desde la fundación en 1977 hasta 1984.

Sus detractores le reprochan a Rosell que todo ha ido algo lento y ha resultado un poco tibio. "No ha escuchado todo lo que debía ni a las organizaciones sectoriales ni a las territoriales", se le reprocha. El conflicto político general en uno de los territorios, Cataluña, le ha salpicado al barcelonés Rosell en el resto de España ante su propia organización. Han abundado las voces críticas - algunas fundadas, otras quizás no tanto- con su presunta indefinición con el procés. 
 
No sólo a Rosell. A Joaquin Gay de Montellá, su sucesor en la presidencia de Fomento del Trabajo Nacional -la patronal catalana-, también le ha perjudicado la escalada independentista de estos años. Hace diez meses, Gay de Montellá se postulaba para intentar el salto a Madrid, a presidir la CEOE. Hoy esa posibilidad está prácticamente descartada. Gay pulsó con qué apoyos podía contar, en Cataluña y en otros territorios, y vio pronto que en la piscina apenas había agua. Otros nombres que se barajaron, como el de Juan Pablo Lázaro -presidente de Ceim, la patronal madrileña, y uno de los vicepresidentes de Garamendi en Cepyme-, también se han diluido o se han autodescartado. ¿Puede salir algún tapado de última hora? "No lo veo. Medirse con Antonio sería suicida", comenta alguien que conoce muy bien la gran patronal por dentro.
 
Garamendi, según sus colaboradores, no da aún por ganada la batalla, pero ya prepara los ejes básicos de su gestión. Intentará darle mayor velocidad al proceso de cambios internos, especialmente en transparencia y en participación. Y, sobre todo, despolitizará la organización. "Lo nuestro no es la política, sólo la política económica. Represento a gente de distintas sensibilidades políticas: desde el PP al PSOE, de PNV a Convergència", se le ha escuchado decir en privado. Será -si como parece, llega- un presidente negociador y transversal.
 
Tenía una fluida relación con Mariano Rajoy y con su ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la tiene con Pedro Sánchez -aunque más reciente- y con su ministra del ramo, Magdalena Valerio, a los que ve más dispuestos a escuchar de lo que lo estaban sus antecesores. Tenía y tiene tan buena relación con los líderes sindicales de Comisiones Obreras y de UGT -Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez cuando Garamendi llegó a la primera fila de la patronal, Unai Sordo y Pepe Álvarez ahora- como con el rey anterior, Juan Carlos I, y con el rey actual, Felipe VI.
 
Pero que Garamendi no quiera hacer política no significa que su CEOE, si como parece la preside, se resigne a aceptar sin rechistar la política económica del Gobierno de Sánchez. Ni mucho menos. Darán la batalla, especialmente en el debate de los nuevos impuestos. No tanto en el de sociedades como, sobre todo en el diésel, por ejemplo.
 
¿Y por qué no en el impuesto de sociedades? Quizás porque junto a una subida a las grandes corporaciones, en el Gobierno de Sánchez y en su aliados de Unidos Podemos están pensando en aflojar la presión fiscal a las pymes. Con Garamendi de presidente de CEOE -si como parece llega a serlo-, el peso de Cepyme en la dirección de la gran patronal y en sus estrategias tenderá a aumentar.  

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