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El Brexit, oportunidad y riesgo para la lengua española en las instituciones europeas

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El Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros

Han pasado casi dos años desde el referéndum del 23 de junio de 2016 en el que los británicos decidieron abandonar la Unión Europea y más de uno desde que el 29 de marzo del 2017 le comunicó oficialmente el Reino Unido al presidente del Consejo de la UE que, sí, que dejaban el club. La cuenta atrás del Brexit avanza acelerada, y entre las muchas batallas que el impactante fenómeno ha desencadenado hay una en la que España no se sabe si está o si se la espera: la batalla lingüística. ¿Cambiará el peso interno institucional de cada uno de los 24 idiomas oficiales de la Unión cuando el principal valedor político del inglés se haya ido? La importancia del español ¿irá a más o corre el riesgo de ir a menos? ¿Alguien en el Gobierno anda pensando en ello, vigilando esa viña?

Dirigentes de instituciones lingüísticas oficiales españolas que he consultado se temen que no. Que nadie en los altos niveles del Gobierno se ha tomado el asunto como una oportunidad -cultural, social, económica...-, y que corremos serios riesgos de que la oportunidad se transforme en riesgo y al cabo en dificultad. "El Gobierno no sólo no atiende ese frente, sino que además se ha abierto a sí mismo otro frente lingüístico internacional donde no lo había", comenta el máximo responsable de una institución de la lengua y la cultura española que prefiere no ser citado por su nombre.

El nuevo charco lingüístico, la nueva guerra de la lengua, en el que se ha metido el Gobierno de Rajoy quizás haya pasado inadvertido a la opinión pública española, pero está provocando una polvareda intensa en la diplomacia internacional, especialmente en la América hispanohablante. El 24 de enero pasado, Mariano Rajoy presentaba en público la que él mismo calificó como una nueva prioridad del Gobierno: el proyecto "el español, lengua global". Sonaba bien la música -"convertir nuestro idioma en una herramienta estratégica de creación de oportunidades para toda la comunidad hispanohablante"- hasta que se supieron algunos detalles de la letra: al "Alto Comisionado de la Marca España", que dirige Carlos Espinosa de los Monteros, se le añadía un "y la Promoción del Español" que ha sido interpretado en muchos de los otros países hispanohablantes casi como una apropiación indebida por parte de España.

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Todas esas cosas, señor Rajoy, que son peores que lo de Cifuentes

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Rajoy en una comparecencia de prensa

Casi cuatro semanas después de que eldiario.es lo destapara, el caso Cifuentes crece en irregularidades en torno a la presidenta madrileña y en territorio y personajes enfangados, pero apenas crece en asunción de responsabilidades ni en aprovechar la circunstancia el partido afectado, el PP, para dar por fin alguna señal inequívoca de regeneración. A los escándalos conviene responder con ética y ejemplaridad pública, y no con cálculos sobre el impacto electoral de lo que se haga o deje de hacer o con maniobras de defensa o de toma del poder, pero por ahora ni el PP lo asume así ni Ciudadanos, el partido que sustenta al de Rajoy tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, se lo hace entender con eficacia.

Tres frases resumen y delatan cómo ven y cómo afrontan en el PP el caso Cifuentes. La del presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo: “Vale. No tiene el máster. ¿Y qué?”. La de la secretaria general del partido y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal: “Tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros”. La del presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy: “Son peores algunas de las cosas que están pasando”.

O sea, la de los que no han entendido aún que la política tiene que ser ejemplar y ejemplarizante, limpia, ética, moral. La de los que dividen a los ciudadanos en propios y ajenos, en partidarios y adversarios, en buenos y malos, para aplicarles la ley del embudo y la ley de al enemigo plomo, al amigo plata y al indiferente la legislación vigente. Y la de los que, como el presidente del Gobierno y del Partido Popular, creen que es mejor dejar que corra el tiempo y mirar entre tanto hacia otro lado.

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Cifuentes, porque yo lo valgo y sin mala conciencia

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Cristina Cifuentes durante la convención del PP en Sevilla

Hace casi ochenta años, en diciembre de 1939, el sociólogo estadounidense Edwin H. Sutherland, uno de los padres de la criminología moderna, presentó en el congreso anual de la American Sociological Society, que se celebraba en aquella ocasión en Filadelfia, una ponencia que hoy es histórica. Fue la ponencia central del congreso. La más impactante, la nuclear, la que no se ha olvidado.

Se titulaba The White collar criminality (La delincuencia de cuello blanco), y en ella Sutherland no sólo acuñaba este término –que él mismo desarrollaría diez años más tarde en un libro polémico y en parte censurado por presiones de las grandes corporaciones, y que se ha popularizado en la mayoría de los idiomas como una de las expresiones que definen el siglo XX–, sino que además teorizaba por primera vez sobre “los delitos de la clase alta compuesta por personas respetables o, en último término, respetadas, hombres de negocio y profesionales”.

“La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios –escribía Sutherland– se manifiesta sobre todo bajo la forma de manipulación de los informes financieros de compañías, la falsa declaración de los stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la corrupción de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mercancías, los fraudes fiscales y el desvío de fondos realizado por funcionarios y consignatarios. Éstos son los que Al Capone llamaba los negocios legítimos”.

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El Gobierno mete un clavo más en el ataúd de la España vacía

Reparto de correos en Navarra

Quince meses después de que el Consejo de Ministros aprobara la creación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, nombrara para el cargo a la hasta entonces senadora Edelmira Barreira y le encargara la tarea de “elaborar y desarrollar una estrategia nacional” para acometerlo, pocas noticias hay al respecto, y todas malas.

Los desequilibrios demográficos se acentúan, según los expertos; la España vacía sigue vaciándose, según el padrón; la Comisionada ni presenta su estrategia ni da explicaciones en el Congreso o en el Senado… y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos –una entidad pública, dependiente del Gobierno- discrimina y penaliza a los habitantes de las zonas menos pobladas sin que el ministro del que depende, Íñigo de la Serna, se despeine. Interpelado en un pasillo hace ya dos meses, se hizo de nuevas.

El pasado 30 de diciembre, Correos hacía públicas sus tarifas para 2018. Sorpresa, y mayúscula. En ellas, contrariamente a lo que acostumbraba en años anteriores, dividía España para el envío de publicaciones periódicas -prensa y revistas- en dos grandes zonas. Una llamada "zona A" en la que incluye las capitales de provincia, las ciudades de más de 50.000 habitantes y las localidades con administración de Correos (casi 2.400 oficinas en toda España, concentradas en los menos de mil municipios más poblados). Y una "zona B" en la que la empresa estatal mete el resto de España, a las pequeñas localidades donde no hay ni oficina de Correos: más de 7.000 municipios en total, los menos poblados.

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Ni rastro de Ítaca en el horizonte, y el puerto de salida de la nave destrozado

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El auto de procesamiento de 25 dirigentes independentistas catalanes dictado por el juez Pablo Llarena el viernes pasado y la detención el domingo del expresident Carles Puigdemont en Alemania son dos hitos fundamentales en el procés. Negativos ambos para los intereses soberanistas, y poco positivos para el otro lado del frente. En la crisis catalana, va a haber un antes y un después de este pasado fin de semana.

Arriesgado y muy cuestionable en lo jurídico –veremos en unos meses si el tribunal que juzgue el caso también considera que hay violencia en algunos episodios de otoño pasado, y por tanto rebelión entre los delitos presuntamente cometidos; y en unos años qué dice la justicia europea-, el mazazo del juez Llarena es de un impacto político descomunal. Con su auto, el magistrado del Supremo saca de la política a toda la reciente generación de líderes independentistas -y a muchos de ellos les señala un horizonte de años de cárcel-, pone fin probablemente definitivo al procés, desalienta entre los soberanistas cualquier intento de procés 2 y añade nuevas incertidumbres a la dificultosa investidura de un president en el Parlament catalán.

Lo que no hacen ni el auto ni la detención de Puigdemont es resolver el grave problema político del que surge todo. El problema sigue ahí, incluso agravándose. Unos dos millones de catalanes han desconectado del proyecto común llamado España y están dispuestos a irse. Otros muchos quieren quedarse, pero no sin que antes se cambie y renueve el marco de equilibrio territorial pactado en la Constitución hace ya casi cuatro décadas. Y una gran mayoría de los catalanes, en fin, quieren opinar directamente sobre esta cuestión mediante un referéndum o una consulta.

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Ciudadanos y el espejo de las tres madrastras

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Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias en un debate electoral

Pese a que no hay elecciones previstas hasta dentro de 15 meses –locales y europeas en toda España y autonómicas en 13 comunidades, previsiblemente el domingo 9 de junio de 2019, seguimos en temporada alta de encuestas electorales, con muchas semanas de dos y hasta de tres sondeos diferentes. Así  ha sido durante todo el invierno, y previsiblemente así será durante toda la primavera, ávidos todos de medir en la opinión pública la acción e inacción del Gobierno, la actividad de la oposición, los efectos de la crisis de Catalunya, los casos de corrupción, las movilizaciones de las mujeres o de los pensionistas, el debate sobre la prisión permanente revisable o la sociedad de la desigualdad con la que estamos saliendo de la crisis.

Las encuestas públicas del CIS, sus famosos Barómetros –cuatro al año con intención de voto, se basan en trabajos de campo de unas 2.500 entrevistas, todas ellas presenciales, cara a cara encuestador y encuestado. Las encuestas privadas, hechas por otros institutos demoscópicos y generalmente por encargo de medios de comunicación, tienen muestras más pequeñas, en torno a las 1.000 entrevistas, y por lo general se realizan por teléfono o por internet. La diferencia de muestra y de método entre aquellas y estas no impide que unas y otras lleguen a parecida conclusión en las principales tendencias electorales: respecto a las últimas urnas generales (el 26 de junio de 2016), el PP se desploma, Ciudadanos se dispara hasta duplicar sus resultados, el PSOE aguanta a duras penas y Podemos cae. Si ahora hubiera elecciones y el resultado fuera el de la media de las encuestas recientes, Ciudadanos ganaría con cierta holgura, PP y PSOE se disputarían la segunda plaza, ambos con poco más del 20% de los votos, y Podemos sería cuarto, luchando por no caer por debajo del 15% del voto.

¿Son creíbles las encuestas, especialmente estas hechas tan lejos de la cita electoral real? En cuanto fotografías de un momento determinado de la opinión pública, sí lo son. Especialmente, por la enorme información y muchos matices que proporcionan sobre valoración de líderes, trasvase de votos, simpatías y rechazos de los ciudadanos con las diferentes marcas políticas, voto directo, etc. Otra cosa muy diferente es la credibilidad de la llamada ‘cocina’ de cada uno, los métodos internos de tratamiento de datos con que cada instituto demoscópico administra su propia fórmula para llegar a un resultado final de porcentaje de voto atribuido a cada formación, o incluso de escaños asignados.

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Que los robots coticen y ayuden a pagar las pensiones y una renta básica universal

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Los robots podrán ocupar la mitad de empleos de Japón en 2030, según un informe

Las plataformas de pensionistas que el  pasado 22 de febrero, jueves, sorprendieron a Gobierno, oposición y sindicatos al tomar las calles de 86 ciudades españolas van a volver a ellas el próximo sábado, 17 de marzo. Los jubilados no estarán esta vez solos. Han convocado sus nuevas movilizaciones para un sábado para que puedan acompañarlos sus hijos, sus nietos y todo aquel que, activo o no activo, con empleo o sin empleo, esté preocupado por el presente y por el futuro de nuestro sistema público de pensiones.

Tras la gigantesca movilización feminista del pasado jueves 8, el Gobierno apenas ha reaccionado por ahora con un gesto mínimo: un lazo morado en la chaqueta del presidente, Mariano Rajoy, gesto que fue tachado de oportunista y cínico entre la oposición y que ha sido polémico incluso dentro de las filas del PP. Tras las movilizaciones de pensionistas de hace casi un mes, y la exhibición de fuerza del grey power, el Ejecutivo sólo ha reaccionado por ahora con una ocurrencia del ministro de la caja de caudales, Cristóbal Montoro, que habló de manera inconcreta de bajarles el IRPF a algunos pensionistas de edad “muy avanzada”.

Este miércoles, en el pleno monográfico sobre las pensiones que celebrará el Congreso de los Diputados, tendrán Rajoy, el Gobierno y el PP una nueva oportunidad para afrontar el problema con algo más que una ocurrencia. ¿Cederán a la presión de la calle y de la oposición parlamentaria y cambiarán su propia ley para que la revalorización anual de las pensiones sea superior al 0,25% que fija la norma, paupérrima subida que ha sido uno de los detonantes de las protestas? ¿Irán incluso más allá, y admitirán que algunas pensiones se paguen desde los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos? 

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Las encuestas desatan los nervios en los partidos pese a la teórica lejanía de las elecciones

Carmen Calvo en una imagen de archivo

Machaconas, una tras otra, las encuestas del invierno han ido trazando unas tendencias claras tras el seísmo de las urnas reales de Catalunya en diciembre pasado: el PP cae en todas o incluso se desploma en algunas, Ciudadanos sube mucho o muchísimo, el PSOE se estabiliza, Podemos baja entre algo y bastante. Los nervios andan desatados en los estados mayores de los partidos, especialmente en aquellos a los que los estudios demoscópicos pintan un futuro gris o casi negro. Algunos dirigentes más bregados llaman a la calma interna. “Estas fotos no valen. Queda mucho para las elecciones”. “Cada encuesta mira mucho a la anterior de otro instituto y con su propia cocina intenta no desafinar mucho”. “En lo de Ciudadanos hay una parte de verdad y otra de burbuja, como en su día le pasó a Podemos, que también se acercó al 30% de intención de voto y hoy anda en poco más del 15%”.

Mientras Mariano Rajoy reacciona o no reacciona a la crisis interna y en su partido se especula de nuevo con su sucesión, y mientras Albert Rivera tira y afloja con el PP y debate consigo mismo si es aliado del Gobierno o deja de serlo del todo, Pablo Iglesias vuelve a hablar en público y en privado de moción de censura y Pedro Sánchez vuelve a descartarla salvo caso de emergencia nacional o de algo muy grave que paralice aún más la legislatura y la vida pública. Y todos, sin excepción, preparan con gran cuidado la próxima gran cita electoral cierta: los comicios municipales y europeos en toda España y autonómicos en 14 comunidades que se celebrarán el domingo 9 de junio de 2019. Aún faltan 15 meses, pero los partidos se lo han tomado como una tarea urgente y fundamental.

Las municipales -y en menor medida las autonómicas que se celebran al mismo tiempo: todas, salvo las de Catalunya, País Vasco, Galicia y Andalucía- siempre se han considerado como un indicador adelantado del cambio de ciclo electoral. Al menos así ha sido en las largas décadas del bipartidismo. Aquel de los dos grandes partidos que lograba mayor porcentaje total de votos en las locales era el que ganaba las siguientes elecciones generales. ¿Seguirá siendo así en 2019, en las primeras municipales no con dos sino con cuatro grandes partidos en liza en toda España, pues en las de mayo de 2015 Ciudadanos no había completado aún su despliegue territorial y Podemos sólo se presentó en algunas ciudades y nunca con su propia marca?

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Pensionistas indignados toman la calle: llega el 'grey power'

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Una abuela durante las movilizaciones del 15M

“Somos mayores, pero no somos imbéciles”. “No hay dinero para las pensiones, pero sí para rescatar bancos y autopistas”. “Las pensiones en este país no sólo son sostenibles, sino que son mejorables y necesarias”. Son frases de la pasada semana de Domiciano Sandoval, portavoz de Marea Pensionista y portavoz adjunto de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. Quédense con estos nombres, y con el de Victoria Portas, la portavoz de esta última organización. Añadía Sandoval: “Este problema no se soluciona si la gente no sale a la calle”.

Lo hicieron. Convocados por la Coordinadora, miles de jubilados se echaron a la calle en 86 ciudades el jueves pasado, 22 de febrero, para denunciar sus “pensiones de miseria”. La asistencia fue masiva. El éxito sorprendió no solo al Gobierno y a los principales partidos políticos sino incluso a los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que apoyaban las movilizaciones del día 22 tras haber organizado ellos las suyas una semana antes, el día 15, con menor afluencia.

Algunas de las concentraciones –Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla…- recordaban las del 15-M, hace ya casi siete años. En Madrid, los manifestantes lograron lo que intentó sin éxito en varias ocasiones el movimiento de indignados surgido del 15 de mayo de 2011: cortar la Carrera de San Jerónimo, rodear el Congreso, romper en parte el cordón policial de seguridad y acercarse tanto a la puerta principal, la de los leones, que la bloquearon, lo que obligó a algunos diputados que salían de la Cámara a hacerlo por la parte trasera del edificio.

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La exdirectora de la DGT propone bajar la velocidad para salvar 350 vidas al año

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Un guardia civil regula el tráfico en una autovía

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio del Interior del que depende fueron noticia y objeto de polémica hace mes y medio con un asunto grave, pero ocasional: el hecho de que unos 3.000 conductores y sus pasajeros quedaran atrapados por la nieve y el hielo durante muchas horas en la autopista AP-6. Pero ni la DGT ni el Ministerio del Interior han sido hasta ahora ni noticia ni objeto de debate público por un asunto mucho más grave, y no ocasional sino permanente: las muertes por accidentes de tráfico llevan dos años creciendo en España, y en los últimos meses a un ritmo acelerado.

Del 1 de enero al 18 de febrero –es decir, hasta ayer mismo-, 153 personas han muerto por accidente en las vías interurbanas españolas, frente a los 127 fallecidos en el mismo periodo de 2017, según los datos oficiales publicados por Tráfico en su sitio web. Las muertes en nuestras vías crecen en 2018, por tanto, a un ritmo del 20,5% interanual, pero no parece que las alarmas hayan saltado ni en el despacho de Gregorio Serrano, jefe de la DGT, ni en el de su ministro y superior, Juan Ignacio Zoido.

La siniestralidad en las carreteras españolas cayó de modo continuo y drástico desde el año 2003 (3.993 fallecidos en vías interurbanas) al año 2013 (1.134 muertos), se estabilizó en los dos siguientes (1.132 en 2014 y 1.131 en 2015) y comenzó a repuntar desde entonces. Primero lentamente (1.161 en 2016, un 2,6% más que el año anterior) y después de un modo algo más intenso (1.200 muertos en 2017, un 3,3% más). En 2018, se ha disparado, al 20,5%. “Y si no se hace nada y rápido, irá a peor a medida que avance el año” dice una experta.

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