Luces y sombras en la bonificación a los carburantes

¿Son eficaces o no lo son las medidas aprobadas por el Gobierno para bajar el precio que los consumidores pagamos por los carburantes? Transcurridas menos de dos semanas de la entrada en vigor de la norma por la que se descuentan al consumidor 20 céntimos por cada litro de carburante repostado –15 céntimos los pone Hacienda y 5 céntimos las petroleras–, en el Ejecutivo se observa un cierto optimismo. Había algún miedo a que parte de la bonificación se quedara en el camino y no acabara en los bolsillos de los consumidores. De ahí la insistencia en el método: las gasolineras deben tener a la vista el precio de venta al público de cada producto y han de poner en el recibo que se entrega al cliente, debidamente separados, tanto la cuantía total del repostaje antes de aplicar el descuento como el total del descuento y el monto real final.

En el Real Decreto que, entre otras medidas, regulaba la bonificación, el Gobierno delegaba en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la supervisión de las medidas. En vísperas de la entrada en vigor de las bonificaciones, que comenzaron el pasado 1 de abril, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, aseguraba en un acto público que en esa institución habían puesto en marcha “un sistema de vigilancia mucho más intenso” para evitar que las gasolineras alteraran los precios y aprovecharan las bonificaciones para llevarse algunos de esos céntimos a sus márgenes. “Conocemos los precios de todas las gasolineras, todos los días”, añadía Fernández, a modo de advertencia. Este lunes, decimoprimer día de aplicación de la bonificación, en la CNMC creen que el aviso no ha caído en saco roto y que se puede hacer un primer balance positivo: las bonificaciones llegan al consumidor, no se están quedando en el camino.

En toda España hay actualmente unas 12.000 gasolineras. El 47% pertenecen a las grandes marcas de petroleras refinadoras: Repsol, Cepsa, BP... El 53% restante son independientes. En los últimos años, el porcentaje sobre el total de las primeras ha ido cayendo y el de las segundas creciendo. A esto han contribuido fórmulas tan exitosas como las gasolineras en supermercados o las low cost con autoservicio o en polígonos industriales. Pero la crisis de los precios de estas semanas ha metido mucha incertidumbre en el mercado. A las independientes les está costando más mantener su viabilidad económica que a las que pertenecen a refinadoras. Los márgenes no son los mismos. Los datos –anteriores a la bonificación– son concluyentes: las independientes tenían un margen medio de unos 16 céntimos por litro, mientras que los de las refinadoras alcanzaban los 20 o 21 céntimos. Hay un riesgo real de que el censo total de gasolineras independientes baje si la crisis de los precios se alarga. Y con menos peso de las independientes, la competencia podría resquebrajarse y pagarlo a la postre el consumidor.

No todo son parabienes para la fórmula de bonificaciones a los carburantes por la que se ha optado. Hay quien, además de luces, ve algunas sombras. “En términos de equidad y de eficiencia energética, el sistema es cuestionable”, afirma una fuente del sector público, “y no se debería prolongar más allá del 30 de junio”, que es la fecha final de las bonificaciones prevista en el Real Decreto. Un informe de la semana pasada de EsadeEcPol –un laboratorio de ideas del sector privado– criticaba la medida en parte con parecidos argumentos, uno de ellos el de la poca equidad. Asegura el informe que la medida beneficiará en mayor medida a los individuos y hogares de renta media y alta, que son los que consumen más carburantes, y apunta a que la subvención se debería haber destinado solo a los sectores más afectados y a la población más vulnerable. 

Fórmulas de este último tipo, más selectivas, también se barajaron en los ministerios que, por encargo del presidente del Gobierno, están más implicados en poner algún remedio a la galopante subida de los precios de los carburantes: Transición Ecológica, Economía, Hacienda... Se descartaron por ser mucho más difícil de ejecutar por su complejidad burocrática, y por ser menos contundentes ante la opinión pública que la fórmula finalmente adoptada de las bonificaciones. Se desechó también la idea de no aplicar la bonificación a aquellos que repostaran que no fueran residentes en la UE; por ejemplo, transportistas o turistas no comunitarios. Se descartó, entre otras razones, porque no se podía convertir a los empleados de las gasolineras en inspectores de nacionalidad y residencia de sus clientes.

¿Y bajar directamente los impuestos de los carburantes? También se barajó, pero se descartó entre otras razones porque se temía que esa bajada acabara a medio plazo aumentando más los márgenes de los distribuidores que el ahorro del consumidor.

Los tres meses –abril, mayo y junio– de bonificaciones a los carburantes van a costar a las arcas públicas 1.423 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Mucho dinero, sí. Pero hay quien sostiene que será una buena inversión, no un gasto. Si con la medida se consigue que el IPC baje de modo significativo, nos ahorraremos como Estado mucho más en los tipos de interés que se paguen en las renovaciones de deuda pública de los próximos meses.