¿Qué hay de lo mío, señor ministro?

Una pequeña historia del siglo pasado, de apenas un párrafo. Después de muchos años de Ejecutivos de Felipe González, líder del PSOE, José María Aznar (PP) gana las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, logra la investidura y forma Gobierno. Primeros días del mes de mayo, y uno de los primeros también de trabajo en su despacho del nuevo titular del Ministerio de Economía, Rodrigo Rato, que además es vicepresidente de Asuntos Económicos. En el diario Cinco Días, accedimos al detalle de su agenda. Ocho de la mañana, tal sector. 8.45h., tal otro. Un tercero, a las 9.30h. Un cuarto después, un quinto, un sexto... Presidentes de grandes compañías y de los principales sectores de la economía nacional le llevan al nuevo mandamás de la economía sus sugerencias, reivindicaciones, peticiones y exigencias. “¿Qué hay de lo mío, señor ministro?”, titulamos al día siguiente la crónica de aquella jornada en la portada del diario salmón.

¿Qué hay de lo mío, señor ministro, señora ministra, señor vicepresidente, señoras vicepresidentas, señor presidente del Gobierno?, podría titularse la crónica de estos primeros días y semanas en que la gestión sanitaria de la crisis deja paso como prioridad gubernamental a la gestión económica y social. La constitución de la comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados y el acuerdo en las instituciones europeas para montar un gigantesco plan de ayudas y préstamos públicos para las diferentes economías nacionales han nutrido aún más las colas de petición de audiencias en todos los ministerios, hasta en los que apenas tienen chequera.

Del turismo a la construcción o al fútbol profesional, de la automoción al transporte, al sanitario o al de la educación, del cine a la prensa, todos los sectores a los que la pandemia ha golpeado de modo especialmente duro se han ido a pedir ayuda a su ministro del ramo y al vicepresidente más cercano. Y cuando han sabido que el Estado la ha pedido a Bruselas y la ha conseguido, con más insistencia. Las colas del hambre -que paliará en buena parte el ingreso mínimo vital- han sido sustituidas por las colas de los empresarios ante las administraciones públicas, especialmente la central.

Moratorias de impuestos y de cotizaciones sociales, préstamos avalados por el Estado y bonificados, ayudas directas, inversiones público-privadas, planes específicos, aceleración de la desescalada... La mayoría de las peticiones son las mismas, sector a sector. Hay incluso quienes piden no solo mecanismos de liquidez -el gran problema, especialmente en pequeñas y medianas empresas- sino directamente compensaciones por la demanda perdida durante el estado de alarma, el confinamiento y la hibernación de la economía y del consumo. Si Alemania las va a dar, ¿por que aquí no?, sostienen algunos.

En la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño, la Vicepresidencia social de Pablo Iglesias y la Vicepresidencia para la transición ecológica y el reto demográfico de Teresa Ribera, así como en algunos ministerios muy económicos -Industria, Turismo y Comercio; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ciencia e Innovación; Universidades; Trabajo y Economía Social; Igualdad; Consumo; Cultura y Deporte...- y en el del erario, el de Hacienda, con el que antes o después han de negociar todos, andan ya desbrozando papeles y ordenando prioridades. ¿Con qué criterios? El peso de cada uno de los sectores en el PIB, en la balanza exterior y la exportación, en el empleo, en la reactivación del consumo, en los equilibrios territoriales, en la generación de ingresos fiscales, en la innovación y la economía con futuro, en la marca país... Probablemente cada vicepresidente y cada ministro haría una lista de prioridades diferentes. El reto ahora es hacerlo por consenso, especialmente entre las dos vicepresidentas de carácter económico y el vicepresidente social.

La tarea no es solo nuestra. Nuestros principales vecinos, socios y competidores -Francia, Italia-, con lo que además compartimos la desgracia común de haber sido muy golpeados por la COVID-19, están también ordenando sus prioridades. Y a todos nos sale en los primeros lugares de la lista el sector turístico. Las instituciones comunitarias deberían poner ahí orden para que los calendarios de desescalada y las políticas públicas de ayuda y apoyo de cada uno de los países no sean desordenados, asimétricas y a la postre contraproducentes. Si no lo hacen, corremos riesgos ya no solo económicos de asimetrías normativas y competencia desleal. Serían riesgos sanitarios, de rebrotes de la pandemia y de volvernos a meter en un túnel -sanitario, económico y social- tan negro y tan duro como el que aún no hemos abandonado.