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Carlos Andradas

Presidente de la Confederación de Sociedad Científicas de España (COSCE) y catedrático de Álgebra de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, de la que ha sido vicerrector de investigación y de profesorado.

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Una Universidad comprometida con las mujeres

Seguramente el reto más importante que tiene la Universidad en estos momentos es recuperar y ejercer el liderazgo social. Principalmente a través de lo que le es más propio: el esfuerzo investigador y docente de sus profesionales, aportando ideas, cuestionando paradigmas, proponiendo soluciones, etc. Pero no solo. Las universidades deben superar el marco científico-docente para incorporar en su estructura y organización aquellos elementos que les hagan ejemplificadores para los grandes retos que la sociedad y los ciudadanos tienen ante sí. Y uno de ellos es lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres, uno de los 17 ODS que marcan la Agenda Mundial hacia 2030.

La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra las actitudes sexistas y contra la discriminación por razones de sexo deben convertirse en un compromiso sincero, asumido por toda la comunidad universitaria, que convierta esta institución, con siglos de historia, en punta de lanza de la responsabilidad social con las mujeres. La Universidad tiene un compromiso con ellas con origen en un desequilibrio histórico innegable. Porque si bien, hoy, nos resulta impensable una Universidad sin las mujeres, no podemos olvidar que su incorporación a la misma no se inició, con cuentagotas y auténticos actos de valentía social, hasta finales del siglo XIX. Y no se normalizó hasta bien mediado el siglo pasado.

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Sin investigación no hay futuro

Merece la pena que nos preguntemos por qué la crisis está afectando a España más que a otros países. Y no me refiero sólo a qué la haya causado, sino fundamentalmente a sus repercusiones en cascada y sobre todo a las dificultades para salir de ella con razonable rapidez. Aunque no hay una única causa, hay un consenso generalizado en una variable muy significativa: la economía española, nuestro modelo productivo, no está lo suficientemente basado en la investigación, el desarrollo y la innovación. Si queda alguna duda, basta recordar que el gasto global en I+D+i en España en 2011 fue del 1,38% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea fue del 2% y en Alemania, por ejemplo, se situó en el 2,8%, es decir más del doble. Y aunque sea obvio merece la pena insistir que no estamos hablando de cantidades absolutas sino de la proporción de lo producido en el país, que se dedica a I+D.

Por eso, con un diagnóstico tan claro, no se entiende cómo desde 2008, cuando la crisis estalla de modo inexorable, la respuesta de los Gobiernos sucesivos ha sido una reducción sistemática de las partidas dedicadas a I+D en los Presupuestos Generales del Estado, estrangulando de ese modo lo que debería ser la mejor (por no decir la única) vía sólida de salida de la crisis. Reducción que llega al paroxismo en el año 2012 con un recorte superior al 25%, nueve puntos superior a la media de recorte de los distintos ministerios. ¿Qué mensaje extraer de ahí? Claramente, que la inversión en I+D+i es prescindible. Al menos la pública. El Gobierno repite machaconamente que nuestro principal déficit en I+D procede del sector privado y que por tanto debe ser la financiación privada quien rellene las lagunas dejadas por el retroceso en la financiación pública. Y con ello está dejando el sistema público de I+D en una situación precaria y casi insostenible.

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