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Miguel Ruiz Reixa

Abogado y licenciado por la Universidad de Maastricht en Derecho Público Internacional y Derechos Humanos. Sus líneas de investigación son la justicia transicional y los derechos económicos, sociales y culturales. En Barcelona colabora con el Observatori DESC, donde ha publicado informes sobre el derecho a la vivienda. Previamente, ha realizado informes sombra para organizaciones no gubernamentales en el Sur de la India.

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Los desahucios abiertos y la llave del riego

No sabemos si aquella fue una idea original de un solo juez, compartida más tarde entre cafés durante un desayuno en la ciudad judicial con otros magistrados, para iniciar lo que más tarde llegaría a ser una práctica habitual en la ciudad de Barcelona. Tampoco sabemos, no por falta de ganas sino por falta de información, si acaso fue deslizada por primera vez del puño y letra de un procurador o un abogado. Quizás, y esta versión literaria de los hechos es la que más me gusta, la idea nació en un cónclave entre promotoras, fondos de inversión y las cabezas jurídicas que los asesoran. Pero a pesar del origen incierto de la semilla del mal, finalmente la idea cristalizó en una resolución judicial y, como la gripe, se fue extendiendo en muchas otras resoluciones. Así, los desahucios con fecha abierta, los desahucios sorpresa, empezaron a ser parte habitual del drama de las personas que luchan por no quedarse sin hogar desde hace cerca de un año y medio.

A diferencia de los desahucios ‘normales’, si es que la práctica de quitarle el techo a alguien puede normalizarse, en que se fija una fecha y una hora determinada,  los desahucios abiertos permiten que pueda desahuciarse a una familia durante una quincena de días o un mes o un trimestre, según le convenga al juez o al letrado de la administración que dicta la diligencia de lanzamiento. De esta forma, como si nos encontráramos en un estado totalitario en el que el solo ruido del timbre nos sobresalta, la comitiva judicial puede aparecer en cualquier momento del período fijado para sacarnos de casa junto con nuestras cosas.

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Business is not just business

El próximo 28 de septiembre, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona aprobarán previsiblemente que los promotores destinen un 30% del suelo de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de edificios que superen los 600 m2 a viviendas en régimen de protección oficial. En otras palabras, de cada diez nuevas viviendas construidas o sujetas a grandes rehabilitaciones, tres serán de compra o alquiler a precios asequibles. Así, el metro cuadrado de alquiler será de 7,28€/m2 en vez de 14€/m2, y el precio de compra pasará de costar entre los 4.000 y 3.000€/m2 que marca el mercado a 1.940€/m2. Una gran diferencia para muchas familias que viven en Barcelona. En total, se calcula que la medida del 30% permitirá disponer de entre 300 y 400 pisos asequibles al año. Sin duda, la medida no solucionará por sí sola la gran crisis habitacional que sufre la ciudad, pero permitirá que muchas familias puedan empezar a pagar precios razonables por disfrutar de su derecho a la vivienda y, sobre todo, enviará un mensaje claro a todos los operadores que se lucran sin límites a expensas de un derecho fundamental.

La medida, impulsada por l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogaters de Barcelona, surgió de la lucha de las personas que sufren la precariedad habitacional, que además de políticas de urgencia, coincidían en la necesidad de proponer iniciativas a medio plazo. Porque parar los desahucios en la puerta es fundamental, pero no deja de ser un pequeño parche. Es necesario tratar de solucionar el problema de raíz, revertir la situación, dibujar otros escenarios, como ya ocurre en ciudades como París o Nueva York, donde medidas parecidas llevan años funcionando con éxito.

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