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Ruth Rubio Marín

Catedrática de Derecho Constitucional Comparado del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en servicios especiales de la Universidad de Sevilla.

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Una sentencia peor que el delito

Para la víctima de la conducta de los cinco miembros de ‘la manada’, que ha sido calificada por el Tribunal de Navarra como “abuso sexual” y no como “violación”, tiene que haber sido mucho más dolorosa la conducta de los jueces que la de los que la agredieron.

Y tiene que haberlo sido, porque objetivamente, desde una perspectiva moral lo es, aunque no lo sea desde una perspectiva jurídica. Los jueces que dictaron sentencia no han cometido ningún delito, aunque sí han vulnerado el ordenamiento jurídico, como argumentaré en otro artículo.  Pero moralmente su decisión supone una violación para la chica mucho más dolorosa que la que sufrió realmente por los integrantes de ‘la manada’. Porque es imposible que ella entienda que, tras pasar lo que pasó, la sentencia haya sido la que ha sido.

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Llama poderosamente la atención que en una época de eclosión política, en la que se propone repensar el sistema, a lo grande, los propuestas electorales de los partidos que han concurrido a las dos últimas elecciones y que posiblemente lo vuelvan a hacer en diciembre, hayan dedicado tan poco espacio a replantear las bases de nuestro mercado laboral y sistema económico en clave feminista. Y sin embargo, parece claro que, junto a la sostenibilidad ambiental y la lucha por una justicia redistributiva que logre corregir el cáncer de la creciente desigualdad social, una agenda de progreso social que pretenda erradicar todas las formas de explotación indebida de recursos humanos debe expresar de forma clara y contundente su compromiso con la igualdad de género. También con la corresponsabilidad en la distribución de las tareas de cuidado de las que depende nada menos que la reproducción del tejido social y la sostenibilidad de la especie humana.

A la hora de repensar nuestro sistema económico en clave feminista, hay que partir del presupuesto de que, dentro de las distintas tipologías de estados de bienestar, el modelo español se ubica en el tipo familista. Este se caracteriza por poco gasto público familiar y escaso desarrollo de servicios públicos de atención al cuidado, factores que van indisociablemente unidos a bajas tasas de fecundidad y de actividad laboral femenina.

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