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“¿Cómo puede ser ilegal darle tu comida a una persona que tiene hambre?”

Son palabras de Norma Romero, Premio Nacional de Derechos Humanos 2013 en México y líder de Las Patronas, colectivo de mujeres que apoya a migrantes que viajan en La Bestia a su paso por Veracruz

La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana ha llegado a contabilizar 10.000 migrantes secuestrados en un periodo de solo seis meses

Ante las carencias del Gobierno, la sociedad civil mexicana se organiza para luchar por los derechos de los migrantes. Apoyamos esta lucha junto a organizaciones locales

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La Bestia se ha ganado su sobrenombre a fuerza de historias; algunas pudieron ser contadas, otras no. La Bestia mutila y mata con sus fauces férreas: es tan sólo uno de los muchos trenes de carga que se deslizan por las vías mexicanas, con la peculiaridad de que entre sus mercancías transporta a miles de migrantes cada día. Algunos se encaraman en lo alto de sus vagones gratuitamente, otros (cada vez más) tratan de asegurarse el éxito de su viaje al norte contratando los servicios de intermediarios llamados coyotes o polleros; pero todos se arriesgan a pagar un precio mucho más alto. Un pie, las dos piernas, o hasta la vida.

Estas historias empezaron a conocerse en la localidad de La Patrona, en el estado mexicano de Veracruz, en 1995. Un día de ese año, las hermanas Clementina y Bernarda Romero, regresaban a casa con la compra. El tren pasó y aquellas personas que se aferraban a su estructura de hierro les pidieron auxilio. “Tenemos hambre”, gritaron los primeros. “Madre, ayúdanos”, gritaron los del siguiente vagón. Incrédulas, las dos mujeres les lanzaron la leche y los alimentos que acababan de comprar. Al regresar a su casa, explicaron lo ocurrido a su madre y a sus hermanas. Sólo dos cosas estaban claras. La primera, un detalle especialmente importante que cambiaría su concepción de la realidad y del mundo: aquellos hombres no eran mexicanos. Hasta entonces, pensaban que el tren era utilizado por algunos connacionales aventureros como medio de transporte para recorrer el país. Por sus acentos, extraños, supieron que no era así. La segunda cuestión de la que no cabía duda era que aquellos hombres tenían hambre. Y que ellas podían ayudarles.

Casi 20 años después, Norma Romero, hermana de Clementina y Bernarda, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de México en 2013. Este mes, ella y su sobrina Leo han viajado hasta Madrid para contar su experiencia. Las mujeres de esta familia empezaron a organizarse aquella tarde de 1995: a diario, se colocaban a lo largo de la vía del tren y repartían comida y agua entre los migrantes, alcanzándosela como podían mientras éste pasaba. En un principio, eran sólo cinco, las hermanas Romero y su madre. Aunque llegaron a ser veinticinco, sólo catorce se han mantenido hasta hoy. El estigma y la presión social, ejercida por la comunidad sobre sus maridos y por sus maridos sobre ellas, provocó el abandono de algunas. Otras lo dejaron por el miedo a ser detenidas, ya que hasta 2008 ofrecer socorro a los migrantes podía ser juzgado como delito. Pero ninguno de estos motivos detuvo al resto, que se preguntaban cómo la solidaridad podía estar mal vista, y hasta penada, en su país. “¿Cómo puede ser ilegal darle tu comida a una persona que tiene hambre? ¿Es mejor tirarla? ¿Darla a los cochinos?”, reflexiona Norma. El grupo siguió ayudando a los migrantes: primero con comida y agua, y poco a poco también con asistencia sanitaria, alojamiento, asesoramiento e información, etc. Paralelamente, empezaron a dibujar una imagen de los migrantes alternativa a la oficial y hegemónica, que les vincula inevitablemente con la delincuencia y la criminalidad.

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Norma Romero, en su reciente visita a España. Foto: Carolina Silva / AeA

En 2005, un documental llamado “De nadie” hizo pública la labor de estas mujeres, que ahora son conocidas en todo el mundo como Las Patronas. Para entonces, los flujos migratorios habían aumentado tanto (así como el precio de los alimentos) que por sí solas no daban abasto: en sus inicios, viajaban en los trenes varias decenas de personas; ahora, son cientos y hasta miles los que cada día suben a su lomo. Gracias a la película, el trabajo de Las Patronas empezó a divulgarse. Sin embargo, son muchos los casos similares que permanecen en el anonimato, muchos los mexicanos que entienden que el “problema migratorio”, el “drama de la migración” es problema y es drama para aquél que lo abandona y arriesga todo en busca de una vida mejor, mucho más que para el estado que lo recibe. Hoy, Las Patronas forman parte de una red de albergues para migrantes compuesta por más de sesenta centros que, juntos, tratan de coordinarse y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de estas personas. En Ayuda en Acción compartimos la misma preocupación y por eso en México trabajamos en pro de los derechos de los migrantes a través de estos albergues. En nuestra colaboración con Las Patronas, posibilitada gracias a la financiación del Ayuntamiento de Ermua, hemos llevado a cabo recolectas de fondos y alimentos para reforzar la ayuda que ofrecen a los migrantes, y también hemos equipado adecuadamente la cocina y los dormitorios de sus instalaciones. Además, intentamos fortalecer el grupo ofreciendo talleres sobre derechos humanos, género, primeros auxilios y computación.

La realidad migratoria en México

A la vez que el flujo migratorio crecía, el perfil del migrante se iba diversificando: si en un principio los que viajaban eran hombres jóvenes, poco a poco fueron subiéndose al tren mujeres, algunas incluso embarazadas, niños, ancianos… Casi todos eran centroamericanos: cerca del 95% de los migrantes detenidos en México proceden de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En estos países, el factor político como causa migratoria fue sumándose al económico durante las décadas de 1970 y 1980, con el aumento de los conflictos armados. Desastres naturales como el terrible huracán Mitch, en 1998, también han provocado oleadas de los denominados migrantes medioambientales en Centroamérica. Desde los 2000, la criminalidad organizada se ha convertido en una de las principales causas de los flujos migratorios del sur hacia el norte en la zona. La frontera sur de México es una de las más porosas del mundo. Se estima que el 9% de las personas que la atraviesan de sur a norte (lo que equivale a más de 170.000) son migrantes irregulares camino a Estados Unidos, ya que para la mayoría de los centroamericanos, el país azteca no es más que un corredor que hay que atravesar para llegar allí; sólo unos pocos tienen México como destino final.

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Trabajamos junto a organizaciones locales en la defensa de los derechos de los migrantes. Foto: Salva Campillo / AeA

Por otro lado, no todos los migrantes mexicanos atraviesan la frontera norte del país: la movilidad interna es otro componente de la realidad migratoria con la que trabajamos en Ayuda en Acción. Los jornaleros de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, muchos de ellos indígenas, migran al centro y al noroeste del país para trabajar en explotaciones agrícolas por periodos de hasta seis meses. Allí, sus derechos laborales y sociales son constantemente violados. Para enfrentarnos a esta injusticia, en colaboración con las organizaciones locales Voces Mesoamericanas y Enlace y con financiación del Ayuntamiento de Eibar, ayudamos a los jornaleros a organizarse para luchar por sus derechos, además de intentar incidir en las políticas públicas y sensibilizar a la población local, buscando un impacto positivo sostenible a largo plazo en las condiciones de vida de estas personas.

Secuestros, violaciones y otros abusos a migrantes

La Bestia mata y mutila, sí, pero representa sólo una pequeña parte del viaje de los migrantes y de los peligros a los que se enfrentan. Las rutas migratorias están llenas de riesgos, el hambre y la sed también acechan, pero sin duda la mayor amenaza es la humana. La delincuencia organizada se ha desplegado en torno a estos trayectos y, aprovechándose de la invisibilidad de los migrantes y de su limitado o nulo acceso a la justicia, asalta, secuestra y asesina a miles de ellos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó en 2009 el alarmante dato de casi 10.000 migrantes secuestrados en un periodo de sólo seis meses entre 2008 y 2009. En 2010, fue hallada en San Fernando (Tamaulipas) una fosa con restos de setenta y dos migrantes asesinados, según un superviviente, por negarse a trabajar para un cártel de la droga. El reclutamiento forzado es una de las causas de los secuestros de migrantes por estas grandes organizaciones criminales; el pago de un rescate por parte de familiares, otra. El robo de dinero, pertenencias y ropa motiva la mayoría de los asaltos de bandas de delincuentes menores. Las mujeres y niñas son especialmente vulnerables ante los abusos sexuales: organizaciones de derechos humanos calculan que 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia sexual durante el trayecto. La implicación de algunos funcionarios públicos, del propio Instituto Nacional de Migración, el ejército y la policía, supuestos garantes de los derechos humanos de estas personas, ha sido ampliamente documentada y es hoy innegable. La corrupción germina en un clima de impunidad que a su vez se retroalimenta de aquélla.

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El esposo de Teresa Jiménez desapareció en el desierto camino de Estados Unidos. Foto: Salva Campillo / AeA

En este contexto, son muchos los familiares que se despiden de un migrante y nunca vuelven a saber de él. Y, en general, el Gobierno mexicano no sólo permite estos crímenes, sino que además niega a los familiares de los desaparecidos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación (Vídeo Fundación para la Justicia). El Estado carece de la voluntad o la capacidad para desarrollar mecanismos efectivos orientados a la búsqueda de una persona, así como a la identificación forense de los restos encontrados. Incluso se han dado casos de familias que han recibido un cuerpo que no era el de su pariente. De nuevo, es la iniciativa ciudadana la que se encarga de contrarrestar estas deficiencias. La mayoría de los casos de localización de un migrante desaparecido no son resultado de la acción estatal, sino de caravanas de madres que recorren la ruta migratoria buscando a sus desaparecidos, a menudo exponiéndose a los mismos peligros que éstos.

Ante la complejidad del asunto, es necesaria la coordinación entre países de origen, de tránsito y de destino, así como entre la multiplicidad de instituciones que trabajan en todo el proceso de búsqueda e identificación de migrantes no localizados. En este sentido, hemos desarrollado otra iniciativa junto a Voces Mesoamericanas y Enlace, con la financiación de la Unión Europea: el Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados del Estado de Chiapas. Buscando siempre la sostenibilidad de la acción, tratamos de que las familias conozcan y exijan sus derechos, así como de que el Estado los provea.

¿Y qué hace el Gobierno mexicano?

Desde 2004, el presidente otorga anualmente el Premio Nacional de los Derechos Humanos. En diez años, la mitad de estos galardones han sido concedidos a personas centradas en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, como es el caso de Norma Romero, actual líder de Las Patronas y receptora por ello del premio en 2013. El reconocimiento a la labor de estas personas es justo y merecido, pero el papel del Estado no puede ni debe limitarse a aplaudir estas iniciativas, sino que es su obligación construir un marco político, jurídico y social que garantice a todas las personas sus derechos más básicos. En un país de sus características, la empatía y la solidaridad debería ser la norma y no la excepción: lo mismo que demanda para los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, debe ofrecerlo para los migrantes extranjeros que se encuentren en México.

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