Pilar Barrado, magistrada experta en migraciones: “Las pruebas óseas para menores migrantes están fundadas en hombres norteamericanos”

Adama, un joven maliense con tres hijos, tras varios días a la deriva en una embarcación fue trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria para recibir asistencia sanitaria. Con dos bolsas de plástico en los pies, el pijama del centro sanitario y marcado con el número 39, fue enviado después a comisaría y también al Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana. Ruth vio una noche cómo el mar de Canarias le arrebataba a su hija. Después, al igual que el resto de las personas que viajaban con ella en la patera, estuvo a punto de pasar 72 horas en un calabozo por su situación administrativa irregular sin ningún tipo de acompañamiento psicológico. Ambos tuvieron la oportunidad de coincidir con la magistrada Pilar Barrado que, en medio del caos institucional que enmarca el fenómeno migratorio en las Islas, les “miró a los ojos y les estrechó la mano”. Y en el caso de Ruth, evitó que fuera al calabozo. 

Barrado forma parte de la Asociación Judicial Juezas y Jueces para la Democracia y también de Mujeres Juezas de España (AMJE). Los últimos dos años los ha dedicado, como magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, a entender las distintas realidades de quienes arriesgan su vida en el mar para pisar suelo europeo y se ven obligados a ponerse en manos de las mafias a falta de vías seguras y legales, recuerdan las organizaciones especializadas. “Entiendo que mucha gente no quiera implicarse, porque cuando te quitas la venda, ya no puedes volver a ponértela”, asevera en una entrevista concedida a esta redacción.

En estos 24 meses ha coincidido con voluntariado, agentes de los cuerpos de seguridad, juristas, intérpretes, trabajadores sociales, hombres, mujeres, y niños supervivientes que le han permitido dibujar un escenario completo, con sus luces y también sus sombras, sobre la gestión de las migraciones en el sur de Gran Canaria. Punto en el que han desembarcado más pateras en 2019 y, por tanto, la principal puerta de entrada para quienes llegan por vía marítima a la Isla. Entre sus principales conclusiones figura la importancia y el papel que juegan los voluntarios de Cruz Roja en la recepción de los migrantes con sus “abrazos transformadores”. Otra de ellas, la inutilidad de privar a las personas de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros. “El fin de los CIE es garantizar la devolución de aquellas personas que pueden ser expulsadas de España. Sin embargo, la cifra de devoluciones no supera el 1%”.

La ocupación de los CIE y de todas las plazas de acogida de las ONG, en buena parte por personas que huyen de la situación que atraviesa Venezuela, ha forzado a habilitar espacios como el albergue de Corvo en Moya o la Casa del Marino en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, el Ministerio del Interior también ha planteado la reapertura del CIE del Matorral, en Fuerteventura. Según la magistrada, “deberían crearse más plazas de acogida y abrirse menos centros de internamiento, ya que la privación de libertad se debe acordar en los supuestos en que marcan la legalidad española y europea siempre que no exista otra medida menos grave con los mismos fines”. 

Ni los menores ni los solicitantes de protección internacional deben ser internados en estos espacios. Así como tampoco las mujeres con niños y los menores deben pasar por comisaría. En este punto, el papel del intérprete es fundamental: “Las personas tienen que ser informadas de cuáles son su derechos”. Sin embargo, en muchas ocasiones, el único asesoramiento jurídico que reciben sobre los casos en los que se puede solicitar asilo lo ofrecen entidades como CEAR una vez que las personas ya están privadas de libertad. 

Las pruebas óseas de los menores

Los menores no acompañados quedan bajo la tutela del Gobierno de Canarias, que tiene la obligación de documentarlos lo antes posible. Es el caso de Ashley, una niña marfileña de ocho años que perdió a su madre en la misma patera en la que Ruth perdió a su bebé llegando a Gran Canaria. “En otros casos, cuando se trata de chicos de 16 años, salen sin nada”, explica. La madre de Ashley, Justine, la salvó del maltrato de su padre y se la llevó con ella. Ya en aguas europeas y poco antes de llegar a la costa, se lanzó al agua pensando que su hija se había perdido en el mar, pero ya estaba en tierra. Estas historias trágicas pasan desapercibidas en algunas ocasiones para las autoridades que, tal y como explica Barrado, llegan a cuestionar los motivos por los que las madres se atreven a embarcarse en este tipo de travesías.

“A veces no hay vuelta atrás. Conozco casos en los que las mafias han hecho creer a las mujeres que viajarán en condiciones muy seguras y cuando se encuentran con la patera e intentan negarse, les dan con un palo en la espalda y las obligan a subir”, relata la magistrada. El itinerario que fijan las mafias siempre es peor para las mujeres que, una vez en España, si han sido víctimas de trata o han sufrido algún tipo de violencia machista “tienen el mismo derecho a un abogado y un procurador” en el marco de la tutela judicial efectiva.

Barrado lamenta la “cosificación” que han sufrido los menores en los últimos meses en el plano político y mediático. “Por no atreverse a mirarlos, los llaman menas”, rechaza. Además, reivindica que no hay datos que puedan justificar las relaciones que atribuye la extrema derecha entre delincuencia e inmigración. “En el sur de Gran Canaria, los principales extranjeros infractores son turistas ingleses, alemanes, suecos y finlandeses”, asevera. 

Verificar la edad de las personas que aseguran ser menores depende de tres pruebas óseas: TAC de la clavícula, una de la dentadura y otra de los huesos del carpo de la mano izquierda. La precisión de estos últimos test ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, tanto por organizaciones especializadas como por el Defensor del Pueblo, pasando por Naciones Unidas. “Están fundamentadas en el cuerpo de hombres norteamericanos”, apunta. Por ello, la normativa interna ha establecido un baremo que contemple el margen de error de dos años con el que cuentan estas pruebas. 

Sin poder enterrar a sus muertos

Shalif, el hombre que murió de sed en una patera al sur de Gran Canaria, o la bebé Séphora han sido enterrados con identificación en la Isla. Sin embargo, en buena parte de los casos reciben sepultura bajo una cifra, sin nombre. “Para identificar los cadáveres es necesario tomar declaración de todas las personas que estaban en la patera o ponerse en contacto con lo consulados de los países de origen”, explica la magistrada. En muchas ocasiones ha tenido que enfrentarse a la pregunta de sus compañeros sobre “por qué lo hace”. “Los familiares tienen derecho a saber si sus hijos han sobrevivido o no”, defiende Barrado.

Para los que se quedan en el punto de partida, no poder enterrar a sus parientes es un duro golpe difícil de superar. Incluso hay quienes, ya en Canarias, a pesar de disponer de otras oportunidades en la Península o en Europa, deciden quedarse en las Islas por ser el lugar donde están enterrados sus familiares. “Podrían repatriarse, pero eso exige un gasto que alguien debe asumir”.