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Carpetazo al caso del padrón falsificado

La Fiscalía decide archivar la aparición de 15.000 habitantes fantasmas en el censo de Santa Cruz al determinar que los hechos han prescrito

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Hay indicios suficientes para considerar que se cometió un delito pero lo cierto es que el conocido como caso padrón va camino de ser archivado. La Fiscalía ha tomado esta decisión después de concluir que las posibles responsabilidades penales han prescrito ya que los hechos se remontan al año 1996.

En aquel entonces fue cuando aparecieron de forma inesperada casi 15.000 habitantes cuya existencia se demostró con el tiempo que no era real. Aunque la depuración del censo se llevó a cabo hace ya más de un año, sin embargo, la Fiscalía considera que dado el tiempo transcurrido el posible delito ya no puede ser juzgado.

La noticia fue adelantada hace dos semanas por la emisora esRadio en Tenerife pero la fiscal jefe, Carmen Almendral no procedió a firmar el archivo hasta este martes. Y entre las razones de esta decisión se encuentra precisamente la imposibilidad de encontrar a los auténticos culpables de lo que tiene toda la apariencia de haber sido, como mínimo, una artimaña estadística.

Al parecer después de varios meses de investigaciones el Ministerio Público concluye que es imposible poner nombre y cara a los responsables de este desaguisado que por lo visto son igual de irreales que los ciudadanos fantasmas. Aunque el Estado ya ha eliminado estos habitantes de sus archivos, Santa Cruz todavía se encuentra en pleno proceso de depuración.

Desde hace algunas fechas se están publicado en los boletines oficiales los nombres de los supuestos vecinos para certificar que efectivamente no existen.

Extrañeza de Sí se puede

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por los concejales de la formación política Sí se puede, Pedro Arcila y Asunción Frías, a principios del pasado verano. Tras reunirse algún tiempo después con representantes del Ministerio Público ambos se mostraron convencidos de que efectivamente las investigaciones iban a llegar hasta sus últimas consecuencias.

Por ello, Arcila se mostraba extrañado este miércoles con la decisión de archivar el caso y más aún si tal y como se señala existen indicios suficientes de que se cometió un delito. El también abogado indicó que estudia la posibilidad de presentar una denuncia ante los juzgados de instrucción que es la alternativa que queda después de que los fiscales decidan el sobreseimiento del caso.

De cualquier manera, Arcila indicó que debatirán este asunto en el seno de su formación política y a partir de aquí verán lo que pueden hacer. A título personal no tiene tan claro que los hechos hayan prescrito y considera que precisamente el objetivo de la investigación debe ser determinar quiénes fueron los responsables.

De forma paralela en el Ayuntamiento se está realizando una investigación interna cuyas conclusiones llevan casi ocho meses de retraso y cuyo objetivo es esclarecer qué ocurrió y quienes son los autores.

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