El último observatorio de precios de alimentación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) constató una subida del 9,4% en el coste de la cesta de la compra en España en el último año, con incrementos de hasta el 40% en el plátano de canarias. Y el Instituto Nacional de Estadística registró una subida interanual de la inflación del 8,4% en las Islas, derivada principalmente de los costes de la energía. “Subimos los precios porque nuestros proveedores nos los incrementan; tanto la producción primaria como el sector industrial lo han tenido que hacer y se traslada al consumidor, evidentemente”, explica Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), a la que pertenecen Hiperdino, Mercadona o SPAR, que aglutinan el 65% de la cuota de mercado de la alimentación en el Archipiélago.
“Toda la cadena alimentaria está tensionada, en cualquier de las partes. A todos nos han subido los costes por la energía”, asegura Fernández. Esta percepción la comparte también la Asociación Canaria de Medianas y Pequeñas Empresas de Distribución (Asodiscan), que representa a Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés. El secretario general de esta última patronal, Alfredo Medina, dice que en la comercialización del producto final siempre intentan no transmitir en los precios al consumidor los incrementos que se dan tanto en los suministros (la factura de la luz), como en el aumento de los precios de los distintos proveedores“. Y asegura que está repercutiendo ”en el margen comercial“ porque, añade, considera que no pueden pagar menos a los productores, quienes ”hacen un esfuerzo para no transmitirnos el 100% del incremento“.
En el otro lado, en los agricultores y ganaderos locales que venden sus productos en las Islas, sufren también las consecuencias del incremento de la energía, que aumenta los gastos en las explotaciones, a lo que se suma las fluctuaciones de la oferta y la demanda y, dicen, el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que dicta que ningún profesional debe cobrar por debajo del coste de producción. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) demandó a la Consejería de Agricultura del Gobierno regional que velara por el cumplimiento de la normativa y que se redistribuyera a lo largo de la cadena el incremento de los costes.
La Consejería se comprometió a cumplir esa medida, anunciada el pasado 10 de marzo, pero Rafael Hernández, secretario general de COAG Canarias, asegura más de un mes después que “la Consejería de Agricultura no tiene voluntad política de aplicar la Ley de la cadena alimentaria en Canarias” porque “tiene miedo a las cadenas de supermercados y no tiene el valor de defender a los consumidores canarios y a los agricultores y ganaderos que producen alimentos”.
Según el Observatorio de Precios de Canarias, hay productos como el aguacate que incrementó el doble su precio desde el origen hasta el destino, recibiendo el agricultor 2,50 euros y vendiéndose en lineales a 5,46 en diciembre de 2021 (último mes en el que cuentan con datos en toda la cadena para este producto). Sucede algo similar con otros cultivos como el plátano, la berenjena, el calabacín o el tomate, también en diciembre de 2021 o enero de 2022.
COAG también elabora una recopilación de precios tanto en origen denominado IPOD, que recopila en el Mercalaspalmas y Mercatenerife, y compara con los que ve en los lineales de los supermercados. En marzo de este año, establece una media de 2,16, es decir, el consumidor pagó más del doble de lo que recibieron los agricultores; si bien cabe aclarar que de los 23 productos analizados (seis de ganadería y 17 agrícolas), hay productos en los que la diferencia es más escasa (como el tomate, con precio en origen de 1,35 y en destino de 1,38 euros) y otros, como el puerro, donde el agricultor percibió 0,63 céntimos y en los lineales el kilo ascendía hasta 6,08 euros. Entre un precio y otro, está el margen que obtienen los intermediarios.
“Esto no debería ser así. Los agricultores están cultivando tres, cuatro, cinco o seis meses para obtener una cosecha, invirtiendo mano de obra, agua, energía, semillas, gasoil… y en una semana, que es cuando se realiza la comercialización, se multiplican por el doble los precios del origen al consumidor”, sostiene Hernández. En este punto, añade que “el mensaje que transmite este dato es que si a lo largo de la cadena alimentaria hay algún desajuste, lo pagan los consumidores con unos precios altos y lo sufren los agricultores con unos precios bajos. Pero el margen para el resto de la cadena aumenta, está desproporcionado”.
Desde la distribución y la comercialización, el secretario general de Asuican asegura que compran sus productos de alimentación “a la industria” que los transforma y es quien les pone los precios. Y, cuando se contacta directamente con un productor, indica que “no podemos comprarle por debajo del coste que él dice que tiene la producción porque lo establece la ley, que apoyamos, y está sancionado hacer lo contrario”. En el caso de que se den estas prácticas, Medina recuerda que existe la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para denunciarlo.
Por su parte, el secretario general de Asodiscan dice que respalda la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero niega que el distribuidor sea el problema. “El problema está en la intermediación, hay un montón de eslabones entre el productor y nosotros, que mayormente nos suministramos de producto local a través de cooperativas y los mercas”, señala Fernández. En aquellas relaciones directas entre productor y supermercado, remarca que se pueden encontrar los dos extremos: “Una en la que el agricultor está satisfecho porque entiende que le están pagando un precio justo por su producción y la situación opuesta”.
Desde COAG, Hernández demanda “evitar abusos”, que haya unos “márgenes razonables a lo largo de la cadena alimentaria y que en ningún caso el agricultor o ganadero perciba un precio por debajo de lo que le cuesta producir”, porque si no se aplica inmediatamente, en el caso del sector ganadero, “desaparecerán muchos”, asfixiados por el incremento de los precios para la alimentación animal. Y para ello, considera necesario que la Consejería de Agricultura arme un organismo similar a la Aica de ámbito regional. Para ilustrarlo, expone un ejemplo: “Nosotros tenemos unas leyes de seguridad vial; ¿si no estuviera la Guardia Civil de Tráfico la gente cumpliría las normas? Si no has creado el órgano ni tienes los medios para hacer que la gente se ponga el cinturón, que no conduzca borracha, que no se pase de la velocidad limitada…”.
Amable del Corral, presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), enmarcada en la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de ámbito estatal, recuerda que la Aica es quien debe velar porque se cumplan los contratos, hacer las inspecciones e imponer las sanciones precisas. Pero en la práctica, dice que lleva a cabo expedientes, “pero no los suficientes” y al agricultor que le paguen por debajo de los costes de producción, solo tienen la opción de acudir a la Aica, que está en Madrid.
Y, en este sentido, señala que la Ley prevé que la Consejería de Agricultura pueda crear “una Aica en el ámbito regional” que permitiría, a su juicio, “mayor cercanía”, y más control en los eslabones de la cadena alimentaria, como “un órgano inspector”. Además, considera que posibilitaría mayor transparencia en los expedientes, es decir, conocer a quien se sanciona y por qué, para publicitarlo y evitar las prácticas, porque en la actualidad, “dicen que hasta que no finalice el proceso judicial, no se puede dar información al respecto”.
“Queremos que se ponga la Ley de la Cadena Alimentaria a funcionar, se exijan los contratos y haya un órgano inspector”, demanda el presidente de Palca. “El primer eslabón es el productor, el último el consumidor y yo entiendo que no se le suba el precio en los lineales, pero en medio hay varios eslabones en los que se pueden aclarar las cosas y que repercuta más precio en el productor sin llegar a encarecer la cesta de la compra”, por ejemplo, “bajando el porcentaje de ganancias que pretenden los distribuidores”, añade.
Pero “aquí no se ha hecho nada ni se piensa hacer”, lamenta Amable del Corral, quien se muestra muy critico con la labor de Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias: “No podemos esperar mucho de su gestión”.