Madrid confirma el abono de los ocho millones para el agua de riego en Canarias y COAG se ve obligada a cancelar la tractorada

El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández, y su homólogo en la isla de Gran Canaria, Juan Hernández, han anunciado este miércoles que la tractorada prevista para el 10 de mayo, viernes, con el objetivo de reivindicar la transferencia de ocho millones de euros (en principio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018) a la Comunidad Autónoma de Canarias, para atender la nueva convocatoria regional de ayudas al agua de riego agrícola, se ha pospuesto “por las limitaciones impuestas por la Delegación del Gobierno en las islas tras el informe realizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, una de las ciudades en la que se iba a celebrar la protesta.

La cancelación de la protesta se produce el mismo día en que el Ejecutivo español ha confirmado que el dinero ya está en manos del Gobierno de Canarias, el encargado de convocar y resolver esas ayudas públicas pagadas por el Estado a través de la Consejería de Agricultura, algo que ya hizo con las de 2017.

La manifestación de parte del sector agrario canario, que coincidía en plena campaña de los comicios del 26M y se planteaba en contra del ahora Gobierno central en funciones, presidido por el socialista Pedro Sánchez, ya solo contaba con el respaldo de una de las cuatro organizaciones profesionales agrarias de Canarias, pues tanto Asaga-Asaja Canarias como Palca (UPA, la otra que falta, nunca participó en los preparativos de la manifestación inicialmente regional: Gran Canaria, Tenerife y La Palma) ya habían renunciado a la protesta tras aprobarse los cambios planteados desde las islas en el borrador del real decreto regulador de esa medida de apoyo público y tras recibir el sector aviso oficial de que la orden de traspaso de los ocho millones al erario de Canarias ya se había producido.

En la rueda de prensa de COAG-Canarias de este mañana de miércoles, tanto Rafael como Juan Hernández han explicado, informó la agencia Europa Press, que la organización solicitó la posibilidad de manifestarse el 10 de mayo, de 11.00 a 14.00 y con 100 tractores y unas 4.000 personas, en un recorrido que partía desde el teatro Pérez Galdós hasta la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, en la calle León y Castillo de la capital grancanaria.

Sin embargo, desde la Delegación, atendiendo a un informe del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se limitó esa petición, la realizada por COAG, ya que se redujo el número de tractores a 20 y no se podía concentrar la gente a las puertas de la Delegación. Esto último, siempre según COAG, motivó la decisión del Consistorio pues “se iba a producir un descalabro” en la ciudad, a pesar de que en las cinco tractoradas que se han llevado a cabo en los últimos años “nunca” se había puesto limitaciones de ese tipo.

COAG-Canarias consideró que hay “cortapisas” para que los agricultores puedan ejercer un derecho constitucional como es el de la manifestación, algo que Juan Hernández dijo no entender de un alcalde, el de Las Palmas de Gran Canaria -Augusto Hidalgo-, con “etapa sindicalista”.

En parecidos términos se explicó el presidente de COAG-Canarias, que apuntó que “es inexplicable” que limiten esa tractorada cuando en el Carnaval circulan “más de 100 carrozas”. Recordó al PSOE, que gobierna en la ciudad, que es un partido que criticó la ley mordaza y ahora “es lo que está haciendo” al limitar esa manifestación, en un análisis sin duda con mucha carga política.

Según afirmó Rafael Hernández, este mismo miércoles el Gobierno central en funciones ha realizado el ingreso de los ocho millones de euros para el agua de regadío con cargo a las cuentas estatales de 2019 (las prorrogadas), aunque aseguró que los agricultores tienen “razones para seguir reivindicando esto”, ya que expuso que, “si te pagan 2019, no se paga 2018” (lo cierto es que con la asignación de 2019 se pueden pagar las ayudas de 2018, como siempre se ha hecho con medidas del Posei o similares).

Esto lo justificó Hernández aludiendo a la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de marzo de 2019, donde se recogía que “el importe de la subvención prevista se abonará con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General del Agua previsto en los PGE para 2018”. Este mismo párrafo luego se modifica y se publica en el BOE del 17 de abril indicando que “el importe de la subvención prevista se abonará con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General del Agua previsto en los PGE para 2018, prorrogados para el año 2019”.

Hernández indicó que el Gobierno central debe aún al sector 33 millones de euros en partidas del transporte, el Posei y el “agua de regadío de 2018”, de ahí que entiende que hay “razones más que sobradas” para no fiarse de la Administración general y continuar protestando. Por todo ello, admitió que se arrepienten del voto de confianza que en un principio le dieron al Gobierno central para esperar a la aprobación de las partidas.