Berriel confirma la cobertura jurídica del convenio para el realojo de los vecinos de Ojos de Garza
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó este jueves a los miembros del Consejo de Gobierno acerca del convenio suscrito con Aena, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Telde para iniciar los trabajos para el realojo de los vecinos de Ojos de Garza, La Montañeta y el Caserío de Gando. Según Berriel, trece años después de que Aena publicase el Plan director para la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria, en septiembre de 2001, y de que el ente público anunciase en varias ocasiones su intención de posponer la construcción de la nueva pista del aeropuerto al menos hasta 2025, las cuatro administraciones alcanzaron finalmente un acuerdo para suscribir el convenio, que permite viabilizar el traslado de los vecinos.
Berriel recordó a los miembros del Gobierno la importancia del realojo de las cerca de 1.000 familias afectadas por la ampliación de la infraestructura aeronáutica y la existencia de la Ley 9/2011, de 11 de abril, aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico, y que declaraba de interés general el traslado de los afectados a la zona conocida como Montaña Las Tabaibas.
En este sentido, el consejero detalló al resto del Consejo de Gobierno que el convenio da la cobertura jurídica necesaria para iniciar los trabajos de realojo, de forma que el Gobierno de Canarias puede ir realizando el trabajo de planeamiento necesario en Montaña Las Tabaibas, así como la definición pormenorizada de la futura urbanización y la tipología de los inmuebles a construir, para dar satisfacción al “compromiso adquirido” de que todos los vecinos que lo soliciten puedan ser trasladados al nuevo barrio a unas edificaciones acordes a su actual propiedad.
Por otro lado, señaló que el convenio permitirá al Ayuntamiento de Telde iniciar los trámites para hacerse con la propiedad de los terrenos necesarios, bien sea vía permuta, bien con la colaboración económica del Cabildo en el caso de tener que recurrir a expropiaciones forzosas.
