Acuerdos por la democracia

Desde allí, desde el Parlamento, continuaremos trabajando contra el paro y por la creación de empleo, por la defensa de unos servicios públicos eficientes, por el trato equilibrado a todos los territorios insulares, por la adecuada financiación de ayuntamientos y cabildos, por las energías renovables, por el fomento del transporte público, por los intereses de Canarias en España y en Europa... Y, por supuesto, por más democracia para Canarias, lo que implica necesariamente la modificación del actual sistema de acceso al Parlamento.

Debemos recordar que la normativa electoral canaria determina que sólo se tendrán en cuenta a aquellas listas que alcancen o bien el 6% de los votos válidos emitidos en toda Canarias, o bien el 30% de los votos emitidos en la isla, al ser insular la circunscripción electoral, o bien se sea la primera fuerza política en número de votos de la isla.

Barreras

Estas barreras de acceso, del 30% insular o el 6% archipielágico, no tienen parangón en ninguna otra parte del Estado. Para acceder al Congreso de los Diputados se contabilizan los partidos que superan el 3% del voto en la circunscripción provincial, situación que se repite en la mayoría de las comunidades autónomas; Canarias, con el 30%, multiplica por diez la barrera en la circunscripción electoral, que en nuestro caso es insular.

Este antidemocrático sistema electoral perpetúa una situación que desprecia por completo el voto emitido por decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas del Archipiélago. Los datos de los comicios de 2007 son contundentes: el 36% de los votantes de Lanzarote se quedó sin representación en el Parlamento; en Gran Canaria más de 84.000 personas que emitieron su voto (un 23%) tampoco obtuvo representación, es decir, uno de cada cuatro votantes. En el conjunto del Archipiélago fueron nada menos que 150.000 hombres y mujeres, un 16,3% de ciudadanos que ejercieron su derecho al sufragio y, sin embargo, sus opciones políticas quedaron fuera del Parlamento canario.

Esto no sucede en ningún lugar del Estado español. En comunidades como la vasca o la catalana, ese porcentaje de votantes que se quedaron sin representación se reduce hasta el 1,3% y el 2,4% respectivamente. Canarias lo multiplica por trece y por siete, lo que dibuja la poca calidad democrática de nuestra normativa electoral. Esta injusta ley dejó en los comicios de 2007 a NC fuera del Parlamento con 51.000 votos, debiéndole haber correspondido dos escaños por Gran Canaria, mientras que ATI-CC consiguió, con 21.000, un diputado por esa isla. En el caso de Lanzarote, el PIL, con 9.771 votos, el 22,7% de los sufragios emitidos en la isla, quedó también excluido, habiendo sido la segunda fuerza en número de votos y a la que le hubieran correspondido dos escaños con una ley electoral más justa. Actas que en cambio sí lograron, con menos votos, ATI-CC (8.100), y el PP (6.700).

Se trata, como puede observarse, de un sistema que trata de manera injusta a partidos políticos que cuentan con un estimable apoyo ciudadano. Pero, sobre todo, nos encontramos ante una enorme burla a la voluntad libremente expresada por los ciudadanos y ciudadanas en las urnas; y haciendo que otros muchos decidan no votar. Somos conscientes de que no podemos solucionar solos esta situación restrictiva de los derechos democráticos, para lo que habría que modificar nuestra ley electoral. Pero sí podemos intervenir, mediante acuerdos políticos, para corregir algunos de sus efectos más perversos, haciendo que el Parlamento se parezca mucho más a lo que la ciudadanía decide y expresa en su cita con las urnas.

Respeto a los votantes

Pretendemos establecer, por esta misma razón democrática, acuerdos de amplio espectro con diferentes fuerzas políticas en las distintas islas, sólo en las listas al Parlamento. A eso responde el acuerdo establecido entre el PIL y el PNL-NC, la organización conejera de la federación Nueva Canarias. Acuerdo, por el que se han comprometido a presentar una lista conjunta al Parlamento en la isla de Lanzarote para las elecciones del 22 de mayo. Se trata esencialmente, de un acuerdo por la democracia, por el respeto a la voluntad de los votantes y por la pluralidad. Aspectos gravemente cercenados con el actual modelo: que quita escaños a quienes se lo otorgaron los ciudadanos con sus votos y los regala a otros con mucho menos apoyo popular. Considero, en este sentido, que constituye un acuerdo muy positivo para la salud de la democracia en las Islas y que posibilitará que no se reproduzca la anómala situación vivida en 2007, con ese vergonzoso 36% de votos válidos tirados a la papelera que se dio hace cuatro años en la circunscripción de Lanzarote.

De no existir esa injusta normativa electoral cada organización hubiera presentado su propia lista y, por separado, ambas lograrían representación parlamentaria. Pero esto resulta imposible con el actual sistema electoral. El acuerdo político suscrito permitirá trasladar al Parlamento la voluntad de los electores que una ley electoral antidemocrática excluye.

Por último, considero que pese al mantenimiento de las elevadas y arbitrarias barreras, NC, junto a otras organizaciones políticas, contribuirá decididamente a lograr el objetivo de un Parlamento más representativo y más plural tras las elecciones del 22-M, lo que sin duda, al margen de las diferentes adscripciones políticas, contará con el beneplácito de todos los demócratas de las Islas. Modificando, además, sustancialmente el actual mapa político del Archipiélago.

Román Rodríguez