Canarias ante la ley Wert

El proceso de tramitación de la ley Wert entrará este mes en una fase decisiva: iniciará su tramitación parlamentaria y, dependiendo de la finalización de este proceso y si entre todos no lo evitamos, se implantará en el curso 2014-15 o en el curso 2015-16. En estas circunstancias es un buen momento para hacer balance de la posición que desde Canarias hemos adoptado frente a esta ley.

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha participado activa y lealmente en todas y cada una de las reuniones celebradas en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación. En todos estos encuentros, hemos considerado nuestro deber proteger el mayor logro alcanzado por nuestra Comunidad Autónoma durante los últimos años: la equidad del sistema educativo. Este logro es tan importante que, podemos decirlo con satisfacción, las desigualdades sociales tienen menos consecuencias sobre el rendimiento académico de nuestro alumnado que en cualquier otra Comunidad Autónoma.

Junto al deber de proteger el valor de la equidad, hemos asumido otro deber, que, a mi juicio, es exigible a cualquier responsable público: el deber de prudencia. Hemos puesto un gran empeño en advertir al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de algunas de las consecuencias negativas de los cambios que se han venido proponiendo.

Seguimos pensado que algunos de los cambios que se proponen en el anteproyecto carecen de la fundamentación científica adecuada y no están avalados por ningún sistema educativo de referencia. Nuestra impresión es que el sistema educativo que surgirá de la LOMCE será una apuesta arriesgada cuyas consecuencias negativas pueden pagar miles de estudiantes y sus familias. A mi juicio, el reciente informe del Consejo de Estado sobre la ley, confirma esta valoración general.

La postura que desde Canarias hemos adoptado frente a la ley Wert se podría resumir de una forma muy sencilla en los siguientes enunciados que, a continuación, desarrollaré muy brevemente:

Consideramos que el actual sistema educativo es un buen sistema que podría ser mejorado sin cambios estructurales.

El conjunto de cambios propuestos no cuenta con las garantías necesarias para merecer nuestra confianza, dado que esos cambios no aparecen juntos en ninguno de los sistemas educativos de éxito que conocemos.

El nuevo sistema educativo justifica la desigualdad en nombre de las diferencias naturales, castiga a las familias más desfavorecidas socialmente y hace de la competitividad el motor de las posibles mejoras.

El nuevo sistema educativo resultará insostenible porque carga íntegramente sobre las Comunidades Autónomas un coste financiero próximo a los 500 millones de euros cuando la administración central anuncia para los próximos años una reducción de un punto en la inversión en educación dejándola en el nivel más bajo de las últimas décadas, el 3.9%.

1.- Un buen sistema educativo que puede ser mejorado

Desde el principio hemos considerado que el sistema educativo actual es un buen sistema educativo, aunque puede ser susceptible de mejora y hemos reconocido, además, que estamos dispuestos a asumir aquellas propuestas de cambio que podrían contribuir eficazmente al logro de unos objetivos que todos compartidos: la reducción de la tasa de abandono escolar temprano, el aumento de tasa de titulación en la educación obligatoria, el aumento en las tasas de titulación en cada una de las enseñanzas postobligatorias, así como la mejora del rendimiento del alumnado en las pruebas internacionales.

Nuestra valoración del sistema educativo aparece avalada por los últimos informes de la consultora internacional McKinsey (2010 y 2012). En dichos informes se identifican distintas etapas o estadios en los sistemas educativos, tomando como referencia las puntuaciones obtenidas en las pruebas PISA, y se vinculan las posibilidades de mejora en cada uno de los sistemas educativos al estadio en que se encuentre. Según este modo de proceder los cambios dentro de un sistema educativo sólo pueden ser considerados como mejoras cuando se adaptan a su estadio de desarrollo. Así pues, ningún cambio que se proponga puede ser considerado como una mejora sin tener en cuenta las características del sistema educativo en el que se implantan.

Pues bien, el sistema educativo español se valora como un sistema educativo entre aceptable y bueno y se considera que las mejoras que podrían contribuir a elevar su estadio actual deberían contribuir al desarrollo de los centros educativos y al desarrollo del profesorado. En ningún caso, en este estadio de nuestro sistema educativo, se consideran deseables cambios estructurales.

2.- Un conjunto de cambios que no aparecen juntos en ningún otro sistema educativo.

La estrategia comunicativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se ha basado en la repetición continua de dos ideas: la reforma que se propone está apoyada en evidencias así como en las mejoras prácticas de los sistemas educativos que obtiene mejores rendimientos.

La primera de las ideas ya ha quedado refutada. La segunda idea puede ser igualmente cuestionada. Es cierto que para justificar los cambios se utilizan referencias a distintos sistemas educativos, pero se hace de un modo selectivo que oculta lo esencial: que el conjunto de cambios que se propone para España no ha dado buenos resultados en ningún país. En esta forma de razonar hay ejemplos muy significativos. Por un lado, se elogia al sistema educativo finlandés pero se ataca sistemáticamente el modelo de escuela pública y comprensiva que ha hecho posible sus logros. Se elogia la contribución que pueden hacer a la mejora de los resultados las pruebas externas, pero se oculta que el único sistema que ha hecho de esta medida un elemento central en su ordenación ha sido Corea del Sur. Se postula un nuevo modelo alternativo a la Formación Profesional actual, pero se oculta sistemáticamente que los cambios que se introducen en el sistema educativo no cumplen las condiciones que son propias de la formación profesional dual en todos y cada uno de los países que la desarrollan.

3.- Un sistema educativo que justifica la desigualdad y castiga al alumnado socialmente desfavorecido.

A nuestro juicio los cambios propuestos en el nuevo sistema educativo (pruebas externas para obtener la titulación, itinerarios educativos, doble titulación al finalizar la enseñanza obligatoria, limitación de las competencias del consejo escolar de centro, incorporación del principio de atención a la demanda en la programación educativa?etc.) suponen el reconocimiento de un conflicto entre equidad y excelencia. Un conflicto que siempre hemos pretendido evitar, pero que el MECD considera inevitable.

El nuevo sistema educativo nace bajo el auspicio de una cultura del esfuerzo que premia a los mejores estudiantes, centros educativos o profesorado y castiga a los peores a la vez que obliga a todos a competir permanentemente por unos recursos educativos cada vez más escasos. La cultura del esfuerzo ha resultado ser la vieja cultura del palo y la zanahoria o, sencillamente, una cultura que culpabiliza al alumnado ignorando sus circunstancias.

En este sentido, hay un artículo de la ley que ha merecido una y otra vez nuestros rechazo y que evidencia mejor que cualquier otro aspecto de la ley su carácter reaccionario. El artículo 16 de la LOMCE, que modifica el artículo 27 de la LOE, establece en su apartado tercero que los programas de mejora del aprendizaje irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

4.- Un sistema educativo insostenible basado en un cálculo de costes incompleto.

El principio general sobre el que se pretende financiar la reforma del sistema educativo se podría formular así: cambiar el sistema para lograr mejorar resultados sin aumentar la inversión. Sin embargo, este principio general queda falsado por el propio MECD dado que en el Programa de Reformas presentado en Bruselas se anuncia la reducción de un punto del PIB para los próximos años, pasando del 4.9% al 3.9%. Así pues, el principio real que inspira la financiación de la reforma es el siguiente: cambiar el sistema para invertir menos y obtener mejores resultados. O lo que es lo mismo, la viabilidad del nuevo sistema educativo depende de que las administraciones públicas encontremos el modo de hacer más con menos.

Desde nuestra responsabilidad como administración educativa autonómica, una vez hechos nuestros propios cálculos, podemos asegurar que promover una reforma en estas condiciones es crear un sistema educativo insostenible. O mejor aún, es crear un sistema educativo que sólo podrá sostenerse mediante las aportaciones de las familias a la educación de sus hijos. La financiación privada, mediante distintos sistemas de copago, tendrá que hacer frente a la reducción de inversión pública.

La ley Wert confirma, una vez más, que para el gobierno de Rajoy la crisis económica actual es una oportunidad para presentar como inevitables medidas que resultan socialmente inaceptables.