En Canarias vivimos peor

El balance es desolador en la economía y el empleo. 314.000 parados en la EPA de finales de 2010, es decir, 202.000 más que en 2007, con 124.000 empleos destruidos (medido como pérdida de afiliados a la Seguridad Social) y con un aumento de la pobreza y una disminución del PIB por habitante, que a final de 2006 representaba el 89,2% del estatal y que en diciembre de 2009, último dato conocido, bajaba hasta el 86,8%. El Gobierno canario tiene una importante cuota de responsabilidad por no adoptar medidas eficaces contra la crisis. Al haber reducido la inversión pública en todos los Presupuestos de esta legislatura y al haber suspendido los planes sectoriales de inversión con cabildos y ayuntamientos. Eso sí, han prometido 10.000 empleos con la subida del impuesto del tabaco rubio, otros 80.000 antes de las elecciones de mayo y otros 45.000 en el último anuncio presidencial, con una frivolidad que choca con los informes económicos y con las propias predicciones del Gobierno en el escenario macroeconómico de los Presupuestos para 2011, que estima un mantenimiento del paro en torno a 300.000 personas a lo largo de 2011.

Tampoco pueden alardear del estado de los servicios públicos, que se han deteriorado en estos cuatro años. A la cola en Educación, con las cifras más altas del Estado en fracaso y abandono escolar; retrocediendo gravemente en Sanidad; y con una penosa aplicación de la Ley de la Dependencia, con 18.000 personas esperando a que les lleguen las ayudas a las que tienen derecho.

Energías renovables

Disponiendo de las mejores condiciones, no hemos avanzado nada en el desarrollo de las energías renovables, que suponen hoy apenas el 4% de la producción eléctrica global, frente al 22% estatal, no instalándose en esta legislatura ni un sólo molino por el fracaso de los concursos eólicos. Mientras, sufrimos una involución en la protección medioambiental con la aprobación de una injustificable Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, donde, en contra de toda la comunidad científica, se disminuye la protección de la biodiversidad, para lograr la descatalogación de los sebadales de Granadilla.

No es mejor el panorama en el ámbito político institucional. Se sacrifica la reforma del Estatuto de Autonomía para evitar que se toque el injusto y arbitrario sistema electoral canario que en 2007 dejó sin representación el voto del 16,3% de los hombres y mujeres de Canarias, porcentaje que se elevó hasta el 36% en el caso de Lanzarote.

Este Gobierno destaca también por su centralismo, con pugnas continuas con cabildos y ayuntamientos, denunciadas incluso por dirigentes de CC, como confirman las últimas declaraciones de Tomás Padrón. Como ejemplos están la eliminación de los planes sectoriales, la negativa a que sean los cabildos los que apliquen la ley de la Dependencia, la polémica sobre la devolución de los ingresos adelantados del REF, el déficit de financiación de las corporaciones locales o la invasión de competencias de cabildos y ayuntamientos con la aprobación de las leyes de Medidas Urgentes y del sistema eléctrico canario.

Pero el fracaso de Rivero y su Gobierno ha sido estrepitoso, asimismo, en la defensa de los intereses de Canarias ante el Estado. Son responsables directos de los graves efectos de la nueva ley de financiación autonómica, donde el Archipiélago pierde 545 millones de euros anuales respecto a la media de financiación estatal, durante una década. Asimismo, el Plan Canarias no se ha traducido en aportaciones adicionales, pese a aquella promesa de 2.500 millones anuales para las Islas. Y los Presupuestos del Estado de 2011 nos han situado 242 millones por debajo de la media de inversión estatal, incumpliéndose el artículo 96 del REF, mientras que sí se cumple con las CCAA que establecieron cláusulas de salvaguarda en sus renovados estatutos.

En el debate, Rivero ha aseverado que Canarias está saliendo de la crisis por el aumento de la llegada de turistas en 2010, ocasionado al parecer, no por la recuperación económica de los países emisores sino por la bonificación de las tasas aéreas de la que se atribuye la paternidad. No obstante no pondera adecuadamente que lo relevante para el sector no es la cantidad de visitantes, siendo importante recuperar el número de turistas perdidos por la crisis, sino el gasto que realizan. Y si bien han llegado 407.000 turistas extranjeros más que en 2009, un incremento del 4,9%, la facturación cayó en 134 millones de euros, una pérdida de un 1,7% respecto al año anterior. A esto hay que añadir que el turismo peninsular ha bajado en 2010 en 127.000 personas, siendo el visitante que más gasto medio realiza, superior al turista extranjero.

La situación contrasta con los resultados del turismo en España, donde el aumento de visitantes sólo fue del 1% en 2010, pero aumentó un 2% el gasto. Esto pone de manifiesto que la recuperación de turistas en Canarias se está haciendo a costa de devaluar el destino vía precio, lo que todos los expertos sitúan como un escenario poco deseable por lo difícil que luego supone salir de este encuadramiento de destino barato cara a los touroperadores. Y, además, en toda la legislatura el gobierno no ha contribuido a la rehabilitación de una sola cama turística.

Retroceso

Casi cuatro años después de su investidura, Rivero sólo puede constatar que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias viven peor que entonces, con más paro, con servicios públicos más deteriorados, con un significativo retroceso en su calidad de vida. Por la crisis económica y por la manifiesta incompetencia de su Gobierno. Y esa realidad que sufre nuestra gente no la maquillan ni la propaganda ni los discursos que construyen una Canarias de ficción. La misma Canarias imaginaria que Rivero ha presentado en su muy irreal y electoralista intervención en el debate del Estado de la Nacionalidad.

Román Rodríguez