Cuando no hay confianza

Si se fijan, vienen a decirnos que el desarrollo de la actividad empresarial no depende tanto de la capacidad emprendedora y la imaginación de quien la acomete como de disponer o no de contactos políticos. Tanto más indispensables cuanto más intervenido esté el sector de que se trate por un Gobierno que, encima, se reserva la facultad de exceptuar de la normativa a quienes no suelen ser, es fama, los menos amigos. Una arbitrariedad que poco enmascara la preceptiva aprobación formal parlamentaria de la excepción.

Así, objetivamente, no hay campo mejor abonado para estas operaciones que aquel en que abundan regulaciones complicadas con excepciones puntuales que sólo recaen en los pocos que cuentan con padrinos y que dan enorme poder a los que deciden a quien se exceptúa y a quien no. A menos de un paso, la corrupción.

En este caso, los contactados han pecado como mínimo de imprudencia que afecta a la credibilidad democrática. Porque el mal no radica en el hecho en sí sino en que los imprudentes se aferran a sus cargos; no dimiten para dejar a que otros restablezcan la confianza en las instituciones. La política en democracia tiene ese punto de crueldad que obliga a irse quienes han metido la pata; aunque no tengan de qué avergonzarse: simplemente porque la base fundamental del sistema es la quebradiza confianza de los administrados.

Nadie dimite, reducen todo a conspiraciones poco creíbles y se hace pasar las de Caín a los denunciantes. El deterioro institucional es la secuela y de ahí la extrema debilidad del Gobierno canario, que es de chiste. No en vano lo vicepreside un sujeto con el récord de cercanía a situaciones raras y que aporta un plus sustancial al descrédito paulinés.

Como verán, no es preciso entrar en consideraciones jurídicas; ni siquiera éticas. No es ya cuestión de calidad democrática sino de democracia a secas. Comparezca o no Berriel, es lo que hay. Mal iremos si no advertimos que nos la estamos jugando.