Las costas, un asunto maniqueo

El litoral es una franja del territorio donde lo que ocurre en tierra afecta al mar y lo que se activa en el mar no es ajeno a lo que va a pasar en tierra. Es una zona fronteriza donde se manifiestan dos voluntades, la de la Comunidad Autónoma y la de la Administración General del Estado. Dos sensibilidades distintas y con diferente intensidad.

Está arraigado en nuestro texto constitucional que le corresponde a Canarias la gestión del territorio, también la ordenación del litoral porque también este es territorio. Pero es competencia de Costas asegurar la integridad física del dominio público marítimo terrestre y su libre acceso y uso público. Ya se lee en el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el Sol. Ese dominio público que es el mar tiene un solo propietario, el pueblo español. Y de los intereses y defensa de ese demanio se encarga el Estado. Una invariante.

Por ello, para trazar la frontera donde se manifiestan las dos voluntades, la Administración del Estado deslinda el dominio público que en general es aquella zona hasta donde llega el mar con los máximos temporales.

Si estuviésemos en Dinamarca, una y otra voluntad se comportarían con una mirada limpia y cercana siempre poniendo al ciudadano en el pináculo a respetar. Desde que se promulgó la Ley de Costas la contienda estaba servida, con Madrid tratando a Canarias in statu pupillari, lo que el presidente de Canarias traduce como a un menor de edad. Pero desde el año 1991, tres años después de operar la Ley de Costas, una sentencia del Tribunal Constitucional puso a cada uno en su sitio. Dicho sea de paso, que lo que acontece aquí en nada es distinto a lo que sufren en otras comunidades autónomas.

Canarias no puede presumir de un gobierno del territorio ágil y eficaz, pero lo de Costas es peor. Crece en Madrid sin cultivo la planta de la prepotencia y del desprecio, de la lejanía. En suma, esa planta que se llama déficit democrático. Y sus actores tienen nombres y apellidos.

En el litoral canario no ha existido una tradición de respeto incluso de veneración que impulse a cada uno a comportarse de forma virtuosa por la costumbre sin tener que hacerlo sometido a la coerción de la norma. Por eso ha surgido la desconfianza y cierto autoritarismo en los grupos ambientales que ejecutan un no a todo dejando una gran cantidad de recursos ociosos. Canarias podría ser una potencia mundial en el deporte náutico y no lo es por esa desviación en la forma de actuar de los agentes que concurren en la costa. Valga este ejemplo entre cientos.

Es todavía frecuente ver a la Administración del Estado oponerse a la voluntad canaria utilizando con desvarío y en modo fraudulento su competencia de asegurar la integridad del dominio público, para invadir e incluso presumo que prevaricando , las competencias canarias con la seguridad de que su odiosa resolución no va a ser recurrida. Confunden lo preceptivo con lo vinculante y lo hacen a sabiendas para envenenar el expediente y perjudicar incluso sin maldad a todos los canarios. Orates pedantuelos.

Por tanto, no estamos ante un tema de deslinde competencial. La Comunidad Autónoma sabe cuáles son sus competencias y puede y debe hacerlas valer metiendo en cintura a la Dirección de Costas de Madrid. Cuando Madrid informa un plan urbanístico o territorial de Canarias no discute quién redacta el informe preceptivo, pero no vinculante. Que informen las dos administraciones para que el órgano competente para aprobar el plan pueda dirimir y decidir después de poner a cada uno en el sitio que le corresponde a cada parte según el Tribunal Constitucional. Pero mal camino es tomar el tren de un conflicto en las Dunas de Corralejo para sin razón tratar de restar una competencia que reside en Madrid. Y dar la impresión de que quieren arreglar el problema de una empresa porque aquí resulta más sencillo. De impresiones y sentimientos se nutre la opinión pública.

El hábil conde Mosca en la Cartuja de Parma decía: con tanto hablar de república, los idiotas nos impiden hablar de la mejor de las monarquías. Pues eso, piensen en el público, disputemos el huevo y no el fuero, que no se trata de disputar el balón, sino de que el jugador de Madrid cumpla el reglamento y se comporte con lealtad. La forma de alcanzar la mayoría de edad es interpretando lo que dice Costas, confinando a la Administración Central en su espectro competencial y arrinconándola para que sean ellos los que acudan a los tribunales. Judicializar estas cosas no gusta a nadie, pero como no podemos ni queremos quitarles la competencia podemos afearles el mal ejercicio que hacen de la democracia. O lo que es lo mismo, el menor de edad debe educar a su mayor. Hasta que cambien de actitud.