Degradar las leyes

Recién me he enterado de que CC y PSC-PSOE van a cambiar la Ley del Consejo Consultivo, que establece un quórum de 40 diputados para la elección de sus miembros, para hacer posible la renovación de ese Organismo con los 36 diputados que forman los grupos parlamentarios de ambos partidos, marginando al PP. Es decir, al partido que ganó las elecciones.

Podrían habernos adelantado --sólo para general conocimiento-- que el cambio en la forma de hacer política iba a ser a peor, al menos en asuntos como éste.

Uno de los episodios más groseros de la pasada legislatura, que sirvieron de termómetro del deterioro de la actividad legislativa en el Parlamento de Canarias, fue la modificación del Catálogo de Especies Amenazadas por medio de una Ley, para evitar la participación ciudadana y de los científicos canarios y la posibilidad de recurrir el nuevo Catálogo.

Se defraudaban así derechos de participación política y de acceso a la justicia en materia medioambiental, consagrados en aplicación del Tratado de Aarhus por diversas Leyes europeas y españolas. Usaron, por tanto, el procedimiento legislativo para modificar un Decreto. Y cambiaron una norma, el Catálogo, para despejar el terreno para construir el Puerto de Granadilla y otras infraestructuras de dudosa necesidad y nada dudoso impacto medioambiental.

La legalización de construcciones turísticas en suelo rústico en islas como La Palma, a través de enmiendas incrustadas en la Ley de adaptación de la normativa turística canaria a la entrada en vigor de la Directiva Europea de Servicios, o la modificación de la Ley de Cajas, en el período de descuento de la legislatura, para permitir la reelección de un alto directivo son otros tantos ejemplos denigrantes.

Son denigrantes porque se emplea la Ley para envolver una decisión política singular y ajena por completo al interés general. El carácter de norma general forma parte del núcleo duro del concepto contemporáneo de Ley. El que ha permitido definir la separación de poderes, el Estado de Derecho e instrumentar principios esenciales como el de igualdad ante la Ley.

En Estado social y democrático de Derecho la Ley está siendo utilizada para discriminar positivamente a colectivos desfavorecidos, debilitándose en estos casos su carácter de norma general, pero sirviendo de instrumento eficaz al servicio de la igualdad real.

Como se ve, nada de esto tiene que ver con trapisondas legislativas que se están convirtiendo en práctica habitual de un Parlamento que debiera representarnos a todos los canarios.

En el caso del Consejo Consultivo, la deriva es si cabe a peor. Y no porque no sea razonable reducir el quórum de 40 diputados para la elección de los miembros de ese Consejo. Sino porque pretenden hacerlo a la vista de la actual composición parlamentaria y, por tanto, a toro pasado. Van a darle, a la vista está, carácter retroactivo a una nueva Ley que perjudica la posición parlamentaria de un partido, el que resultó más votado en las elecciones. Es, para más inri, un ataque en toda regla a la seguridad jurídica.

Por eso digo que “a peor”. Porque en la legislatura pasada marginaron al partido que ganó las elecciones. Pero ahora, para hacer marginar al que ganó, hasta se atreven a cambiar la Ley.

Por eso cuando veo riéndose a Paulino en compañía de algunos del PSOE, es fácil imaginar de qué se ríe.

Lo que me resulta imposible es averiguar de qué se ríe, por ejemplo, Spínola.

No servirá de nada advertir a los que duermen por la noche agarrados a la maleta de consejero y que se fotografían riéndose a carcajadas con Paulino, que actuaciones como éstas tienen una importancia muy negativa en sí mismas. Pero más aún como precedente. Pésimo precedente que siempre acaba utilizándose, más pronto que tarde, contra los valores democráticos y contra quienes creemos en ellos. No servirá de nada, lo sé, pero debo hacerlo.

Santiago Pérez