Democracia contaminada

Con lo peor de la crisis ocupando la realidad, los medios de comunicación no dejan de trasladarnos cada día desalentadoras noticias sobre los políticos, las empresas y la Justicia, como si la incapacidad de las instituciones para afrontar lo que tenemos encima nos mostrara las más bajas pasiones de los que deberían poner todo su empeño en buscar alternativas a lo que estamos padeciendo.

Según la última memoria del fiscal general del Estado, en estos momentos están abiertas 720 causas judiciales contra cargos públicos, de las que corresponden casi 500 al PSOE y al PP. En estos días estamos descubriendo, tras la apertura del sumario del caso Gürtel, todo un entramado de corrupciones que salpica a los populares, con su tesorero Luis Bárcenas implicado hasta la médula y protegido por el aparato del partido y a toda un complot de corrupción masivo que apunta a la financiación irregular de este partido con derivaciones ancladas en Baleares, Galicia, Valencia, Madrid, Castilla y León y vaya usted a saber lo que irá saliendo de la lectura de los 50.000 folios del sumario. No se libra nadie y así aparecen presidentes de autonomías en activos y ex ministros, entre otros, que parecen confirmar las tesis de la Brigada policial de Blanqueo que habla de una caja B desde la época de José María Aznar (no se olviden del caso Naseiro y sus secuelas).-

Como si se pretendiera disminuir los ecos de este peligroso escándalo, aventando porquería, algunos medios de comunicación se han lanzado estos últimos días a denunciar igualmente la connivencia de los partidos con la banca, sí la misma a la que han acudido a salvar con el dinero de todos y la misma que sigue cerrando el crédito a las pymes y autónomos. Viene de atrás, claro, desde que se creara un pool entre los siete grandes bancos de la época: Banesto, Central Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular y otros medianos como Sabadell, Pastor, March, etc, para soportar juntos los pufos de los partidos a los que protege como una forma de control sobre sus decisiones, pero en las últimas semanas ha saltado a la palestra el informe del Tribunal de Cuentas que sitúa la deuda bancaria de los partidos políticos en 191 millones de euros. Según el TC el PSOE debe 58 millones a la banca y el PP 55, treinta y siete de ellos a Banesto por la compra de su sede. Al tiempo, Unió es sancionada por recibir donativos anónimos irregulares y la fiscalía le ha abierto un expediente de investigación por una trama financiera ilegal. Ah, pero el TC sólo pone una multita y a seguir con el jueguito. Al fin y al cabo compensa, vaya si compensa.

En medio de todo esto, ante la gravísima situación que se deriva de prácticas ilegales y fraudulentas, un sector de la Justicia no se anda con tapujos y pone toda la carne en el asador para intentar atenuar las consecuencias legales que sobre el partido conservador podría tener el proceso por el caso Gürtel. Las actuaciones del amiguísimo de Camps, el magistrado De la Rúa, o los ataques a Garzón por parte de un sector revanchista aliado con los más conservadores no son fruto de la casualidad.

Y a río revuelto?En estos momentos la Comisión Nacional de la Competencia investiga a las eléctricas por ponerse de acuerdo para propiciar un fraude en las tarifas que paga el consumidor, al alterar de común acuerdo los tramos tarifarios. Y lo mismo sucede con 56 constructoras a las que se ha abierto también expediente por prácticas anticompetitivas en las licitaciones de carreteras. Son dos ejemplos significativos pero podría seguir citando una enorme lista.

No es extraño por tanto que este olor a podrido se visualice en el último informe de Transparencia Internacional donde España gana posiciones en el ranking de países corruptos (seis puestos en un año) y en el Barómetro Global de la Corrupción donde se recoge que los españoles creen que los partidos políticos son las instituciones más corruptas, seguidos por las empresas.

Es lo mismo más o menos que viene a decir la última encuesta del CIS que sitúa a la política y a los partidos políticos como la tercera preocupación de los españoles, por primera vez por encima del terrorismo. Y es lo mismo que apunta el Barómetro de Opinión Pública del Consejo Económico y Social de Canarias donde los canarios suspenden también la gestión de los políticos.

Estamos ante un sistema político bipartidista donde la necesidad de mantener unas enormes estructuras administrativas y de poder, apoyadas en algunos individuos de baja catadura moral, propician un alejamiento de la realidad y estamos ante un sistema endogámico, poco democrático y clientelar que impide la regeneración y la transparencia. Mantener o alcanzar el poder son los únicos objetivos y para eso vale casi todo, no importa la ideología, no importa poner la independencia política en manos de los poderes económicos o mediáticos. Como decía recientemente El País en un editorial: “La consecuencia es lo que algún intelectual ha definido como desgobierno de lo público: una suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos institucionales y convirtiendo lo público en patrimonio privado, sustituye al Estado. Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio.”

Está muy claro que estamos viviendo un momento especialmente delicado. La mezcla de crisis y corrupción conforma un cóctel de impredecibles resultados y la democracia no se puede convertir, apurando la situación, como señalaba hace poco Ivan Krastov, miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en la gestión de la desconfianza. Está en nuestras manos plantar cara. Lo terrible es que todo esto sigue profundizando en el descrédito de la política y el desafecto de los ciudadanos con el enorme peligro que ello conlleva: “la desconfianza en la clase política es peligrosísima, pues, en circunstancias propicias, puede ser el prólogo de la tiranía” ha declarado recientemente el filósofo mejicano Carlos Pereda...,pero de esto me ocuparé en la próxima entrega.

* Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*