El derecho a la salud no puede dejarse en manos del mercado por Bernardo Medina

Las constituciones de los estados más avanzados del mundo reconocen y abogan por un modelo de estado conocido como social y de derecho; en este contexto se encuentra la constitución española: la esencia de este modelo no sólo abarca el concepto de estado de bienestar (seguridad social, tributación progresiva, políticas fiscales y monetarias, etc) como conjunto de políticas para imponer correctivos a las injusticias generadas en el sistema, implica que la Administración debe intervenir en la planificación económica y gestionar una parte de la actividad económica logrando el mayor grado de bienestar para la mayor parte de los individuos; esto es, el avance en la búsqueda de la equidad social y la protección de los débiles, en definitiva la profundización de la democracia.

Dentro de este contexto surge el derecho a la salud, reconocido por la constitución en su artículo 43, el cual de forma explícita deja claro que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

La Ley General de Sanidad, cuyo objeto fue la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución, define un sistema sanitario del tipo modelo Servicio Nacional de Salud cuyas características son: universal, público gratuito, equitativo y descentralizado, basado en la atención primaria integral de la salud y orientado prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.

Este modelo público sanitario, y no otro, ha demostrado sobradamente su capacidad de ofrecer prestaciones de calidad a toda la población a un coste económico sensiblemente inferior a los modelos de sanidad privada, como lo demuestra el artículo de Woolhandler S. y Himmelstein D., estos profesores de la universidad de Harvard se preguntan por qué todo el mundo tiene que imitar el sistema sanitario de Estados Unidos, cuando sus costes por persona son alrededor del doble de la media de la OCDE, cuarenta y siete millones de ciudadanos (un 15,7% de la población del país más poderoso de la Tierra) no tienen ningún seguro y muchos otros con seguro se enfrentan a gastos de su propio bolsillo que dificultan su atención sanitaria y llevan a la ruina a más de un millón de ellos cada año. Las estadísticas de morbilidad y mortalidad son peores que las de la mayoría de los países desarrollados y los resultados clínicos que se obtienen incluso entre los asegurados.

Para los autores estos males se derivan de las políticas sanitarias que insisten en las iniciativas del mercado, aún cuando el porcentaje de gasto sanitario que proviene de fondos públicos en EE.UU. ha ascendido hasta ser un 60% del total. Las firmas cuyos propietarios son inversionistas han eclipsado a las instituciones públicas, profesionales y caritativas que antes gestionaban la financiación y la prestación de la atención sanitaria.

El tema tiene más relevancia porque en Europa y en otros lugares los políticos están impulsando esquemas similares.

En Canarias el Gobierno y los partidos políticos que lo forman están favoreciendo una política que es la misma que ya ha fracasado incluso en los propios Estados Unidos, razón por la cual nos oponemos rotundamente a introducir el mercado y la externalización como mecanismos para solucionar los problemas que tiene nuestro sistema público sanitario, es falso e indignante que se plantee como problemas centrales no los problemas si no los que son pilares fundamentales del SNS español y el Servicio Canario de Salud: su carácter público, universal, gratuito, equitativo y su base la atención primaria integral de la salud.

El debate político sobre la sanidad pública canaria ha sido tradicionalmente más bien escaso, y en cualquier caso, poco enfocado en los problemas realmente existentes, que son sobre todo de organización, gestión y de financiación.

Los problemas de la sanidad pública canaria son bien conocidos por quienes los padecen más directamente (pacientes y profesionales) pero, sin embargo, la Consejería de Sanidad hace dejación de sus responsabilidades y no toma las medidas necesarias, más bien todo lo contrario: para solucionar la situación viene apostando por el mercado con medidas como la externalización y la privatización creciente de nuestra sanidad. O lo que está ocurriendo en nuestros centros hospitalarios, donde se prima a los servicios o unidades donde peor se gestiona y donde más lista de espera se genera, con programas especiales, tapadera para forrarse algunos y que supone un sistema perverso que castiga a aquellas unidades que por su buen hacer no generan las citadas listas. No se puede entender cómo disponiendo de más medios que nunca, la sanidad canaria se viene degradando día a día.

Es urgente pues que el Gobierno de Canarias y los partidos políticos que lo sustentan se comprometan conjuntamente con la sociedad canaria para, superando el toque de maquillaje que supuso el mal llamado Pacto Social por la Sanidad Canaria, se comprometan a abrir un verdadero proceso de diálogo social que permita elaborar un diagnóstico y evaluación de nuestro sistema sanitario coherente, así como una planificación estratégica que implemente todas las líneas de trabajo necesarias para lograr el mantenimiento y mejora de nuestro sistema sanitario, siendo en este sentido fundamental desarrollar los mecanismos precisos para la implicación y participación de los/as ciuadadanos/as, pacientes, profesionales y agentes sociales.

Bernardo Medina