La educación pública bien merece una manifestación por Marino Alduán Guerra

Pero siendo esos datos descorazonadores, hay además tres situaciones que justifican una censura sin contemplaciones, de la política educativa del actual gobierno canario. La primera, es su incapacidad para escuchar y rectificar. Es conocido su enfrentamiento con el profesorado, pero también con las familias, con los ayuntamientos y por último, con el mismo Consejo Escolar de Canarias. La Consejería de Educación funciona como un búnker al que es imposible acceder física o humanamente. Para que la educación funcione, es necesario todo lo contrario, negociación y diálogo.

Sabemos por experiencia que la gestión educativa no es fácil y sufre críticas y desacuerdos habituales, porque se trata de un sector con opinión, cualificación y organización. Pero una cosa es la discrepancia y otra la fractura y el enconamiento, que esta Consejería ha producido en la comunidad educativa. No se recuerda tal descrédito, desapego y crispación en las relaciones entre los agentes educativos y los dirigentes políticos, como el actual. El Gobierno canario carece del liderazgo social que necesita la educación.

Por si fuera poco, la actuación inversora y de atención a las necesidades, también en educación, padece el desequilibrio y la injusticia en perjuicio de Gran Canaria y Fuerteventura, a que nos tienen acostumbrados los gobiernos de ATI-CC y PP. En los dos últimos años, se ha invertido un millón, doscientos mil euros en Gran Canaria, por 15 millones en Tenerife. Si no se lo creen, porque las cifras son increíbles, acudan al boletín oficial y consulten las cantidades licitadas. El plan de construcciones está cumplido en otras islas y sufre más de seis años de retraso en la nuestra. La mayoría de los municipios son testigos, pero es especialmente sangrante, el abandono que padece Santa Lucía de Tirajana.

Necesitamos, por el contrario, mensajes ilusionantes para que la sociedad canaria vuelva a confiar en que su sistema educativo público puede aportar cualificación, valores, cohesión. La Consejería irritada, debe dar paso a una Consejería ilusionante y creadora de consenso.

Tenemos una tarea inmensa y apasionante por realizar, recuperar el prestigio y la valoración de la educación pública. Quienes estamos seguros que la escuela es señal y agente de democracia y progreso social, no podemos quedar neutrales, indiferentes o escépticos. El diálogo, digo más, el respeto y la valoración, entre familias, profesorado, ayuntamientos, organizaciones sociales, tiene que ser nuestro compromiso en defensa de la escuela pública. Y así, juntos en una lucha común, impedir que crezca la división y el enfrentamiento que irresponsablemente ha alentado el Gobierno.

Después de cuatro años dispersos, nos convocan para impedir el deterioro de la Formación Profesional, garantizar la construcción urgente de los centros necesarios, mejorar la oferta de idiomas, de bachilleratos y de atención a la diversidad de nuestro alumnado. Estos son algunos de los objetivos, pero el retroceso es de tal calibre que llenaríamos dos cuartillas, con las urgencias. Por eso, la manifestación del jueves 11 de junio, debe ser la raya que los demócratas trazamos, para no volver atrás, hasta alcanzar la dignidad y la calidad que la educación pública canaria merece y necesita.

Marino Alduán Guerra