Educación y Sanidad no merecen ese trato por Bernardo Medina Rodríguez

Estamos asistiendo a una campaña desde el Gobierno Canario, con toda una serie de medidas encaminadas a devaluar la imagen del empleado público, favoreciendo las políticas de privatizaciones que persiguen. Que hay que enmarcar en una visión bastante generalizada en los foros conservadores, liberales y también en algunos foros de izquierdas, de que el sector público está sobredimensionado. Tesis falsas, ya que el empleo público está poco desarrollado y los datos lo evidencian claramente. España es el país de la Unión Europea que tiene un porcentaje menor de personas adultas trabajando en los servicios públicos. Y precisamente de ello se deriva la escasa cohesión y protección social existente. Según los informes de la OIT y de Eurostat, el porcentaje de población que trabaja en el sector público en España es sólo un 9.47 por ciento, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, donde el promedio es del 16.1 por ciento. En Suecia y Dinamarca por ejemplo, es del 21.12 y 26.24 por ciento respectivamente. En esos países el porcentaje de personas ocupadas en el sector ha crecido en la última década, en España ha descendido, especialmente en los últimos cinco años.

La consecuencia de ello, es que los ciudadanos están inadecuadamente atendidos. Lo que incide negativamente, especialmente en servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Los países más eficientes en Europa son los países con mayor empleo público, con mayor calidad de vida. Tenemos seis empleados públicos por cien habitantes, de los más bajos de Europa, sólo superados por Portugal e Italia. Por tanto, cuando se indica que el sector público está sobredimensionado y que constituye una rémora para salir de la crisis, se miente deliberadamente. Tenemos un gasto público por habitante muy bajo, 2.600 euros menos que el promedio de la UE-15.

Sin rigor técnico, desde esas posiciones liberales e ideológicas ultraconservadoras, se reduce el sector y el empleo público. Algo plasmado en la LEY 13/2009, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010. Medidas que son precisamente lo contrario a lo que debiera hacerse, y que inciden en una línea debilitadora del Estado de Bienestar. El empleo público debería ser parte de la solución y no el problema, como se nos quiere vender.

Prestigiosos economistas consideran que en estos momentos de crisis hay que aumentar el gasto público en crear empleo y corregir el enorme déficit social, invirtiendo en protección social incluyendo servicios públicos, al considerar que la productividad y eficiencia económica dependen en gran manera de la cohesión social, para acelerar de esa manera la recuperación económica. Es lo que ha hecho la administración Obama en EEUU, con un crecimiento del gasto público equivalente al 5 por ciento del PIB para estimular la economía y para intentar paliar el desastre producido por esas políticas, que ahora el fundamentalismo desea instalar aquí, representado crudamente por José Manuel Soria, el Gobierno Canario y por un influyente sector en el PSOE a nivel central ?aquí están entretenidos por parcelas de poder y luchas internas-.

El porcentaje de la población que trabaja en los servicios del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros, podemos ver que, de nuevo, estamos a la cola de la UE-15. Sólo un 10 por ciento de la población trabaja en tales servicios, comparado con un 15 por ciento en el promedio de la UE-15 y un 25 por ciento en Suecia. Estos datos son significativos para poder entender, lo que está ocurriendo con nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales.

Todo se complica muchísimo más, cuando no sólo no se acortan esas diferencias con Europa y con la media del resto de Comunidades Autónomas, sino que desde el Gobierno Canario vía Ley de Presupuestos se inicia el desmantelamiento de los Servicios Públicos que justifiquen su posterior privatización; se acorta el gasto público un 4 por ciento; se prohíben nuevas ofertas de empleo público; procederán a la contratación de personal temporal con carácter excepcional para atender necesidades urgentes e inaplazables; sólo procederán al nombramiento de personal interino por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia; penalizan la incapacidad temporal; se restringen derechos de representación; se eliminan derechos laborales y económicos de los trabajadores-as; se expulsa al personal con experiencia del sistema imponiendo un decretazo sobre listas de contratación; etc. En definitiva, viejas e históricas formulas que se dejaron atrás con la época Franquista y ahora reaparecen.

Lo que disminuye la calidad de vida de la ciudadanía y de la sociedad no es sólo la falta de recursos, sino la distancia social entre las personas en una sociedad. Y allí nos llevan ?o en ella estamos-, se repite el ciclo histórico en nuestras islas, de mayores desigualdades y pobreza en beneficio de unos pocos, esa oligarquía que cambia de nombre, pero no de métodos, con la intención de garantizarse su hegemonía.

* Responsable de Comunicación de la Federación de Salud de Intersindical Canaria

Bernardo Medina Rodríguez*