La embotelladora Taguluche y la judicialización de la política

¿Cómo es posible que un tema tan claro haya tenido que ser resuelto por los tribunales? ¿Cómo se explica qué hayan sido los vecinos y las asociaciones ecologistas, en lugar de los partidos, los denunciantes del atropello? ¿Porqué se financió esta obra privada con dinero público? ¿Tiene explicación que los responsables socialistas y nacionalistas no accedieran a recibir a los vecinos afectados ni a las asociaciones conservacionistas? Las respuestas hay que buscarlos en la manera de gobernar las instituciones de los principales partidos canarios, sus perversas manera de entender la democracia y los asuntos públicos, algo que el Tribunal Supremo acaba de deja claro en su sentencia.

Como falló el Tribunal Superior de Justicia, todos los datos avalaban la denuncia de los vecinos, sin embargo ningún responsable institucional cuestionó la instalación de la embotelladora. Por el contrario, la financiaron y se opusieron a los argumentos de los vecinos en los tribunales. No dieron explicaciones y, por supuesto, tampoco aceptaron participar en debates públicos. Invirtieron muchos millones de pesetas en construir el edificio destinado a la embotelladora, ahora los contribuyente tenemos que gastarnos un montón de euros en derribar otro mamotreto inútil al que no se le puede dar otro uso, está diseñado para lo que está diseñado. Nadie ha dado explicaciones en las instituciones, nadie manifiesta arrepentimiento, por el contrario, solo hay, de nuevo, silencio. Estos responsables públicos deben estar volcados en otros “negocios” y ello les impide dar cuentas a los ciudadanos de lo que hacen con el dinero de los impuestos.

Sentencias como éstas dejan claro que CC y el PSOE, responsables desde hace muchos años de las instituciones de la isla, han pervertido el sistema democrático pues, para sus dirigentes, todo vale con tal de alcanzar y mantenerse en los sillones. Por eso desprecian a los ciudadanos y no se dignan a oírlos cuando están afectado por decisiones tan absurdas e injustas como ha sido la imposición de la embotelladora. La Constitución dice en su artículo 6: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Pero estos señores han convertido las siglas de sus partidos en marcas comerciales (que como ocurre con algunos refrescos hay que ser un experto para encontrar las diferencias) y en un medio para conseguir una cómoda y bien remunerada profesión. El único problema es que se depende del voto cada cuatro años y, para solucionarlo, han recurrido a un antiguo sistema de mucha raigambre en la isla: el caciquismo.

Además del establecimiento de un sistema clientelar que les asegura el voto de una parte sustancial del electorado, estos falsos demócratas recurren a otro viejo recurso: decir unas cosas y hacer otras. Por ejemplo, hacer encendidas loas al medio ambiente y a la participación ciudadana y, al mismo tiempo, patrocinar la embotelladora de Taguluche y negarse a recibir a los organizadores de la manifestación en contra de esa factoría, la más numerosa de las celebradas en la isla desde que llegó la democracia.

Estos profesionales de la política no tienen escrúpulos, a ellos no les toca pagar nada, para eso están las haciendas públicas. Consiguen, pervirtiendo el sistema democrático, que los elijan sistemáticamente, incluso acaparando, como hace Casimiro Curbelo, los cargos institucionales, y eso les permite vivir en el mejor de los mundos, en el que no existe crisis ni se le espera. Al igual que los ejecutivos que arruinaron bancos y compañías de seguros, ellos siempre ganan, nunca les faltan “bonus”, para eso estamos los contribuyentes.

Los vecinos de Taguluche se vieron en la obligación de acudir a los tribunales para defender sus derechos y el interés general, el ex alcalde de Valle Gran Rey para impedirlo y para amedrentar a los que denunciábamos la tropelía. La Justicia ha dado la razón a los perjudicados. Tampoco se ha dejado utilizar por estos personajes que se creen que pueden hacer la cosas por c... Piensan estos políticos que por ganar las elecciones pueden ordenar callar a quienes osan criticarles, pero el juez lo dejó bien claro: “El contenido del escrito publicado en el Diario de Avisos el día 2 de Enero del 2001 con el título: ”Esteban Bethencourt, un alcalde cojonudo“ y firmado por Eustaquio Villalba Moreno, debe encuadrarse dentro del ejercicio legitimo de derechos y libertades públicas amparados constitucionalmente, en concreto, los contenidos en los arts. 20.1 a) y d) de la C.E,. libertad de expresión e información. En dicho escrito se vierten por el querellado, portavoz de ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza), una serie de opiniones sobre la gestión llevada a cabo en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey (Isla de La Gomera) por su Alcalde. A través del mismo se critica la actuación de éste, en asuntos puntuales y concretos de su gestión, en los que la precitada asociación tuvo participación activa. Pues bien, debe tenerse en cuenta y así se ha pronunciado al respecto el Tribunal Constitucional, que cuando se ejerce la libertad de expresión los limites de la critica son más amplios si esta se refiere a quienes, por dedicarse a actividades políticas, como ocurre en el caso que nos ocupa, están expuestos a un control más riguroso de sus actitudes y manifestaciones que si se tratara de particulares sin proyección pública”.

Y concluye de la siguiente manera: “Nos encontramos en definitiva, ante el ejercicio de derechos constitucionales que excluyen la antijuricidad de la conducta, pues el querellado se limitó a exteriorizar una opinión critica sobre el ejercicio de funciones públicas formulada en un contexto de hechos veraces y sin incorporar expresiones injuriosas”.

Eustaquio Villalba Moreno