Empoderar al municipalismo

Durante todos estos años los ayuntamientos se han convertido en el instrumento institucional y democrático más cercano y más efectivo de la administración pública. Durante todos estos años los municipios españoles han jugado un papel fundamental en la articulación del Estado democrático, con escasísimos recursos pero con toda la imaginación y la dedicación de quienes han estado al frente de ellos y de una sociedad civil ilusionada, esperanzada y ansiosa de transformaciones sociales. Los municipios han sido, y son, el motor principal de la participación ciudadana, del bienestar individual y colectivo, del desarrollo económico y de la innovación. Han sido los principales artífices de los servicios creados para alcanzar altas cotas de calidad de vida y para atender a las personas, lo que ha posibilitado una sociedad más equitativa y solidaria. Los ayuntamientos han conseguido convertirse en elementos clave para la transformación y el progreso de los pueblos y ciudades -donde casi todo estaba por hacer-, dando respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos, propiciando la cohesión social y, desde la cercanía, una dimensión más humana de la acción pública y la concepción de los espacios urbanos.

A pesar de lo que establece el artículo 142 de la Constitución española que insta a que se garanticen a los ayuntamientos los medios suficientes para el desempeño de sus funciones, o el artículo 9.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local que llama a que se haga posible el “Principio de suficiencia financiera” para el ejercicio de las competencias de los entes locales, la realidad es que los municipios han sido los grandes olvidados del Estado y sus instituciones durante las tres últimas décadas. A pesar de que siempre se habló de una distribución de los recursos desde la fórmula de un 50% para el Gobierno central, un 25% para la autonomías y el otro 25% para los ayuntamientos, lo cierto es que esto jamás se ha cumplido y en la actualidad el reparto es de un 58% para el Gobierno, un 29% para las comunidades y apenas el 13% para los municipios, lo que extrema su debilidad presupuestaria y competencial. Y eso que el 55% de los recursos municipales proceden de tributos propios (curiosamente, los menos cuestionados por los ciudadanos en el conjunto del Estado) y que, con diferencia, el mayor porcentaje de sus presupuestos se destina a educación, vivienda y urbanismo, saneamiento, residuos, limpieza viaria, cultura y deportes, etc.

Para colmo, cada día los municipios asumen más y más competencias sin que la ansiada Ley de Financiación Municipal, o algunas de las transferencias prometidas una y otra vez, se hayan aprobado. En la actualidad, más de un 30% de los presupuestos municipales se destina a competencias impropias que financian servicios esenciales de alto interés público y social que se concentran en cuatro áreas: seguridad y protección civil (29%), cultura ( 25,7%), promoción social (11,9%) y otros servicios sociales y comunitarios (8%).

Hasta ahora, este estado de cosas se venía soportando a trancas y barrancas. Sin embargo, a causa de la terrible crisis, que no deja de hincarnos el diente donde más nos duele, la situación se ha tornado insostenible, hasta el punto de que la mayoría de los analistas coinciden en señalar que la quiebra de los servicios públicos básicos, el grave deterioro de la calidad de vida, el estrangulamiento de la principal célula de participación ciudadana, el aumento de las desigualdades, el terrible problema del paro y el incremento de la exclusión social, pueden llevarnos a un estallido social de incalculables consecuencias. Y todo ello sin que los que tienen que ser sensibles y actuar, actúen.

Pero los mercados, y los que le bailan el agua, no se sacian con el empobrecimiento y el miedo de la ciudadanía y hablan de ir más allá. Y tienen muy claro que el objetivo es disminuir hasta el infinito lo público. Hasta aniquilarlo. Y por eso la estrategia de desprestigiar a los funcionarios, de atacar a las autonomías, de pedir la desaparición de municipios, de privatizar los servicios, de reducir el gasto en educación, sanidad, etc, de estigmatizar el déficit e impedir la inversión pública. Frente a afirmaciones como las de la catedrática de Hacienda Pública Núria Bosch que habla de la necesidad de endeudamiento en épocas de recesión, o a las tesis de Paul Krugman o Stiglitz que advierten del riesgo de estancamiento por el ajuste y la austeridad en la inversión pública, el gobernador del Banco de España ha vuelto a pedir a los municipios “decisiones enérgicas” para cumplir con el déficit, y no dice que la suma del endeudamiento de la administración central, las autonomías y los ayuntamientos apenas representa el 60% del PIB (veinte puntos menos que la media europea). Tampoco dice que la deuda de las familias y las empresas españolas -a las que se les ponía el crédito fácil aunque no lo necesitaran- alcanza el 189% del PIB. Y también se calla que del 60% del PIB de deuda pública, el 45% corresponde a deuda de la administración central, el 10,9% a las comunidades y sólo el 3,3% a las entidades locales, que, además, duplican las inversiones de las autonomías.

Como dice Francisco Luengo (ESADE), “los políticos locales son, más que nunca, necesarios para afrontar algunos de los problemas más acuciantes de la agenda pública emergente. Hoy sabemos que la globalización no elimina, sino que refuerza, la dimensión local de lo público. Cuestiones como la pobreza extrema, la inseguridad, los riesgos medioambientales, el conflicto intercultural, el fracaso escolar, la violencia juvenil, las bolsas de paro, los ghetos urbanos, la exclusión social, entre otras, requieren a veces protagonismos institucionales distintos, pero encuentran finalmente en la esfera local el espacio en el que es imprescindible pasar de las palabras a los hechos”. Joan Subirats apunta que “los protagonistas de las cumbres de Washington o Bruselas sobrevuelan los problemas. Los alcaldes y los vecinos se los encuentran cada día cara a cara”, y afirma que “en definitiva, necesitamos alcaldes y ciudades comprometidos con la solidaridad. Sin gobiernos y comunidades locales fuertes no aseguraremos salidas a la crisis que consigan que sus costes sean los menos dramáticos posibles y que la nueva era pueda hacerse sobre nuevas bases de compromiso y responsabilidad compartida”.

Vienen momentos muy, muy difíciles. Vienen momentos de zozobra, incertidumbres y ataques frontales a las libertades. Pero no debemos renunciar desde el municipio a defender la ética y la dignidad en y de la política, el Estado de Bienestar, el Estado de Derecho, lo público y la democracia. No podemos renunciar desde el ámbito local a poner en marcha políticas de reactivación económica y de creación de empleo, a garantizar la convivencia y la cohesión social, a activar políticas de igualdad y lucha contra la exclusión, a fortalecer el autogobierno, el tejido autónomo y las pymes locales, la participación ciudadana, el desarrollo socio cultural, la calidad ambiental, urbana, territorial y social, a defender el patrimonio local como generador de riqueza, a alcanzar la mayor autonomía en la agricultura, alimentación, producción de agua, a avanzar en la información, la educación, la formación, el conocimiento, la innovación, las renovables? Casi nada.

Antonio Morales