Explicaciones en torno a una encuesta

El diputado Emilio Moreno, del Partido Popular, pidió la semana pasada que el Gobierno le entregue copia de su acuerdo para la realización de la encuesta sobre el petróleo, y también del contrato suscrito entre el Gobierno y las dos universidades canarias. Moreno pide esta documentación, según ha asegurado, porque le parece increíble que el encargo se materializase el 6 de noviembre y tan sólo “en 24 horas se comenzase el trabajo de campo y la realización de entrevistas”.

Es cierto que el trabajo de campo empezó apenas un día después del encargo del Gobierno, así lo acredita el informe realizado por el equipo que realizó la macroencuesta, pero para cualquier persona acostumbrado a la forma en que se materializan las decisiones políticas, no debería ser una sorpresa considerar que –antes de que se realizara el encargo formal por el Gobierno- el equipo responsable de la macroencuesta ya había estado trabajando en su preparación, porque sabía que el trabajo se iba a realizar y que su realización y culminación debía completarse antes del 23 de noviembre, fecha en la que el Gobierno quería hacer coincidir diversos actos de su campaña contra las prospecciones -la firma del manifiesto, por ejemplo- con la publicación del sondeo que revelaría la oposición de los ciudadanos de Canarias a las prospecciones.

La estrategia del PP, intentando sembrar dudas sobre el encargo y sobre los profesionales que lo realizaron, no parece bien encaminada: más acertado sería censurar que el Gobierno se gastara 40.000 euros (una cuarta parte de esa cantidad resolvería este año los problemas del Museo Canario, sin ir más lejos) sólo para afianzar la proyección pública de unos resultados que ya conocía. En efecto: antes de producirse el macrosondeo sobre las prospecciones al equipo de profesores de la ULPGC y la ULL coordinado por José Luis Rivero, el Gobierno sabía ya perfectamente cual era la opinión de los ciudadanos sobre las prospecciones, porque la había testado previamente en encuestas anteriores. En ese sentido, el trabajo realizado por las Universidades lo que perseguía era legitimar los resultados que ya se conocían por sondeos anteriores, aportando una metodología avalada por un equipo académico, y respaldada por un trabajo de campo cuatro veces más extenso del que suele realizarse en estos casos. La encuesta sobre el petróleo divulgada la pasada semana fue planteada como una operación más de propaganda pública contra las prospecciones encuadrada en los actos del 23-N, fecha en la que debería haberse realizado la consulta que el Gobierno no pudo ni quiso convocar.