Estalla la burbuja inmobiliaria

No puede decir Martín que no tenga dinero para pagar a sus trabajadores, según los datos del Registro Mercantil sólo el año pasado la sociedad Femaral, una empresa propiedad de Martín y de su señora esposa, tuvo unos beneficios de 85 millones de euros. Sin embargo el sueldo de los 800 trabajadores de Martinsa-Fadesa más los gastos laborales de 2007 fue de 70,4 millones de euros. Pero Fernando Martín tiene otras empresas como Almarfe por la que obtuvo unos dividendos de 50 millones en el año 2005. Al año siguiente Martín 150 millones con la venta de sus acciones en Sacyr. A esto habría que añadir los beneficios de la venta de 3% de Unión FENOSA. Además como presidente del Consejo de Administración de Martinsa, Fernando Martín también recibió buena parte de los 6,76 millones de euros que decidieron embolsarse los consejeros de la compañía tras aprobar la fusión con Fadesa. Precisamente la justicia está estudiando si la causa principal de los problemas de la inmobiliaria ha sido esa fusión entre Martinsa y Fadesa que los miembros del Consejo de Administración decidieron festejar con alegres plusvalías sin saber qué consecuencias iba a tener.

Yo soy de letras, pero viendo estos números me da la impresión de que Fernando Martín tiene en sus cuentas corrientes dinero de sobra para pagar a los 800 trabajadores de Martinsa- Fadesa durante varios años más. Si nos fijamos en Canarias la crisis de Martinsa-Fadesa ha provocado la preocupación de 1200 familias que habían comprado una vivienda a esta promotora. Además la Caja de Ahorros de Canarias había dado un crédito de 24 millones de euros al gigante inmobiliario. Me gustaría saber si alguno de esos 1200 compradores había acudido a alguna oficina de la Caja a pedir un préstamo para la compra de una vivienda a Martinsa-Fadesa y no se lo habían dado para no “arriesgar”. Así funciona el capitalismo: los bancos han prestado tanto dinero a los especuladores que no tienen ahora liquidez para dar préstamos a la gente con menos recursos.

Muchos de los que pregonan constantemente la defensa del libre mercado piden ahora que el Estado les eche una mano. He escuchado a algún representante de la patronal inmobiliaria española decir que las administraciones públicas deben de colaborar para evitar el cierre de más empresas constructoras e inmobiliarias. Son los defensores de la inmoral estrategia ultraliberal: “privaticemos los beneficios y socialicemos las pérdidas”. Yo también defiendo la intervención del Estado. La primera medida sería meter en la cárcel a Fernando Martín, bloquear todas sus cuentas corrientes, pagar con el dinero de sus beneficios a sus trabajadores para que terminen de construir las viviendas que estaban en marcha y poder entregarlas a sus compradores. También el Estado podría dedicarse a investigar seriamente a las inmobiliarias que cada año evaden 8000 millones de euros, y podrían suprimir esa norma de cortesía de la Agencia Tributaria que cuando los trincan intentando evadir impuestos les dan un mes de plazo para que devuelvan el dinero evadido. La burbuja inmobiliaria acaba de estallar y parece que las inmobiliarias y los bancos pretenden que el jabón de la burbuja caiga en los ojos de las clases bajas, para que les pique fuerte y no puedan ver que los especuladores quieren seguir celebrando una orgía con sus beneficios declarados y evadidos mientras a los trabajadores les toca perder sus casas y su trabajo.

Juan García Luján