Ni una más por Eulalia Guerra de Paz

Es necesario valorar si realmente estamos haciendo lo debido, qué políticas activas para prevenir y erradicar la violencia de género se están llevando a cabo, si son todo lo efectivas que cabría esperar y cuáles hay que modificar y cuáles no. Corregir los posibles errores es de sabios y de sabias, también en relación a la violencia que sufren las mujeres.

Ante las medidas que se están tomando por todas las administraciones públicas canarias, medidas de apoyo social, económico, psicológico y de protección, consideramos que se debe estudiar el nivel de coordinación, con la finalidad de valorar si éste se puede mejorar o si está siendo efectivo que, a la vista de los resultados, parece que no del todo.

El Gobierno de Canarias es la Administración responsable con competencias en esta materia. Es a través del Instituto Canario de la Mujer, hoy Instituto Canario de Igualdad, desde donde se articulan las medidas para poner fin a esta lacra social que supone la violencia de género. Asimismo, de forma directa, también tiene responsabilidad no sólo la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, sino la Consejería de la Presidencia en lo relacionado con la protección de las víctimas de violencia de género. Es decir, es una responsabilidad de todo el Gobierno de Canarias.

Es una materia que, de forma transversal, afecta a todo el Gobierno de Canarias, que a través de todas sus áreas de responsabilidad tiene que asumir acciones que coadyuven a prevenir o erradicar la violencia de género en el Archipiélago. En esta responsabilidad, una de las funciones principales es la de ser impulsor de las medidas para corregir el índice tan alto de violencia de género, junto con las labores de coordinación de todas las administraciones existentes en Canarias.

En estos momentos, contamos con normativa de la Unión Europea, que incluso cuenta con documentos recientes en los que se analiza y se determinan nuevas estrategias de lucha contra esta forma de violencia. España es un referente mundial en la lucha contra la violencia de género, por sus leyes y acción decidida de sus administraciones. La Ley 1/2004 de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género supone un antes y un después en la forma de abordar el trabajo con esta forma de violencia; es verdaderamente integral, ya que recoge todas las áreas desde las que hay que afrontar esta lucha: educación, justicia, seguridad, emergencia social, participación, sanidad... Marca un calendario de implantación y una hoja de ruta de prioridades y conclusiones. También ha supuesto un cambio en la estrategia de las políticas para la igualdad la Ley 3/2007 de Igualdad.

Canarias tiene las competencias en esta materia, con presupuesto propio y otro aportado por el Gobierno de España, y también cuenta con fondos europeos. Es en cuanto a esta responsabilidad y a su capacidad de conveniar con cabildos y ayuntamientos de las islas donde reside la importancia de la coordinación de todas las administraciones con responsabilidad en el abordaje de las acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, que tiene que ser liderada y supervisada por el Gobierno de Canarias.

Es por esto, y debido a que los datos anuales de incidencia de la violencia de género en Canarias, que el Grupo Parlamentario Socialista interpela en el próximo Pleno parlamentario al Gobierno de Canarias sobre la situación de la violencia de género en nuestra Comunidad: acciones a realizar, tanto preventivas como de erradicación, presupuestos y coordinación con todas las administraciones canarias.

Es importante abordar esta tarea, si cabe, hoy mucho más, ya que nos encontramos inmersos en un duelo casi permanente por las víctimas de la violencia machista, por su cantidad, por la agresividad mayúscula de los últimos casos y por la cercanía en el tiempo de las tres últimas de estas víctimas en Canarias.

No podemos esperar ni un minuto más sin afrontar con rotundidad las causas, el porqué, sus consecuencias. Necesitamos trasladar a toda la sociedad que esto no es tolerable ni justificable bajo ningún pretexto.

Debemos ser contundentes con todas aquellas personas que justifican de alguna manera la violencia de género, algunas de ellas incluso utilizando la atalaya de su posición laboral. No podemos tolerar ninguna manifestación que permita atisbar justificación alguna para estas acciones criminales, vengan de quien vengan. Aquí tenemos que ser claros y no permitir que desde administración alguna se den ayudas para personas o grupos que, entre sus objetivos, abiertamente o de forma opaca, recogen la defensa de las personas que agreden a otra por considerarla de su propiedad.

Ejemplos de lo anterior tenemos en la memoria reciente y esperamos que no se vuelvan a dar, ya que la lucha contra la violencia de género y las acciones positivas en pos de la igualdad entre mujeres y hombres permiten con facilidad una vuelta atrás, ya que nos enfrentamos a las vilezas más oscuras de toda la historia, que han permanecido inamovibles hasta casi nuestros días y que con facilidad corren el riesgo de una involución, en muchos casos con justificaciones inaceptables, pero aceptadas por determinadas partes de nuestra sociedad que se niegan a perder privilegios y posiciones que, de forma injusta, consiguieron y pretender seguir ostentando.

Interpelamos al Gobierno de Canarias por responsabilidad en esta materia. Es necesario valorar las acciones que se están llevando a cabo, su eficacia, la necesidad de evaluar todas las políticas relacionadas con la igualdad y con la cara más dura de la desigualdad, que es la violencia de género. En estos momentos está sin evaluar el programa de prevención y erradicación de la violencia de género 2002-2006 del Gobierno de Canarias. Queremos analizar los recortes presupuestarios que se vienen dando desde el año 2005 por parte del Gobierno autónomo, tanto en igualdad como en violencia de género, y que han supuesto la devolución de fondos al Gobierno de España. Queremos saber los perjuicios que se han dado con algunos recortes de servicios de asesoramiento y de protección de las víctimas de violencia de género.

Es importante conseguir la colaboración de toda la sociedad, de los medios de comunicación y de las familias a la hora de abordar la reflexión sobre lo que supone la violencia de género, el daño que causa a las víctimas, a sus familias y cómo se transmite a las generaciones futuras en forma de nuevas víctimas y nuevos agresores. Es necesario que todos entendamos que no podemos silenciar ni mirar para otro lado, ni justificar la violencia de género y sus efectos.

La lucha contra la violencia de género es una lucha justa y necesaria si como sociedad queremos seguir progresando en libertad, seguridad e igualdad para mujeres y hombres.

* Diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario

Eulalia Guerra de Paz